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Crédito: ATON
En marzo, la Contraloría General de la República comenzó a tomar declaraciones para elaborar el sumario que terminó con cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros, por sus presuntas responsabilidades administrativas en el actuar de la policía durante las manifestaciones realizadas en el país, en el marco del estallido social que comenzó el 18 de octubre. Entre esas declaraciones, estaba la de la perito forense del Servicio Médico Legal y asesora de Labocar, Vivian Bustos, quien participó en la elaboración de un estudio de Carabineros del año 2012, llamado «Disparos con escopetas antidisturbios con empleo de cartuchería de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano». Dicho informe señalaba, entre otras cosas, que la munición que causó daños a los manifestantes «es una munición muy insegura; cuando uno dispara es porque quiere darle al blanco. Acá no se puede, no se puede determinar dónde caerá la munición». Dos de los apuntados por el sumario del ente de control, el director de Logística, Jean Camus Dávila, y el director Nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez Reveco, dijeron desconocer este reporte.
A mediados de septiembre, la Contraloría General de la República formuló cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por sus presuntas responsabilidades administrativas en el actuar de la policía durante las manifestaciones realizadas en el país, en el marco del estallido social que comenzó el 18 de octubre.
Los apuntados por el órgano regulador son el director Nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez Reveco; los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández, quien dirige la división de Apoyo a las Operaciones Policiales, y Mauricio Rodríguez Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; el jefe de Zona Santiago Este, Enrique Bassaletti, el jefe de Zona Santiago Oeste, Enrique Monrás Álvarez; el jefe de la Quinta Zona Valparaíso, Hugo Zenteno, y el director de Logística, Jean Camus Dávila.
Contraloría apuntaba que estos siete generales no habrían garantizado el cumplimiento de los «protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban hasta esa fecha», como el uso de las escopetas antimotines y su munición, que terminó lesionando a centenares de manifestantes. El sumario elaborado también contenía otra información, como cambios en los cartuchos para escopetas antidisturbios, estudios de distancia y un informe de 2012, llamado «Disparos con escopetas antidisturbios con empleo de cartuchería de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano».
Sin embargo, de acuerdo al diario El Mercurio, alguno de los siete generales no tenían conocimiento de este último informe. En el sumario, la perito forense del Servicio Médico Legal y asesora de Labocar, Vivian Bustos, afirmó que uno de los problemas en el uso de escopetas antidisturbios es la distancia. «Yo no dispararía, pues es una munición muy insegura; cuando uno dispara es porque quiere darle al blanco. Acá no se puede, no se puede determinar dónde caerá la munición», declaró Bustos, según el citado medio.
«Creo que esta munición está en el límite de lo disuasivo, pues si bien tiene una finalidad disuasiva, esta se generaría a más de 40 metros de distancia, pero al perderse ese elemento no hay efecto disuasivo», agregó.
«El uso de la munición de la escopeta antimotín debería solo generar dolor (…), no que se genere un daño irreparable, la pérdida de la funcionalidad del órgano», agregó la perito, quien trabajó en este informe del 2012.
Camus Dávila, quien aparece con una declaración de las muchas que comenzó a tomar Contraloría a partir de marzo de este año, desconocía el informe del año 2012. «No tenía conocimiento del informe con anterioridad al estallido. Solo lo conocí con posterioridad. Si no me equivoco, se creó para la compra de las municiones que contiene el informe. El informe da cuenta del riesgo en el uso de las municiones, en relación a las distancias utilizadas. Tengo entendido que ese informe estaba a disposición de las capacitaciones en uso de la escopeta», declaró Camus. Dicho informe fue elaborado por Carabineros.
Similar testimonio dio el general Yáñez, quien afirmó que conoció el estudio «solo cuando la fiscal Ximena Chong me lo enseñó». Detalló que lo solicitó la Dirección de Educación y aseguró que «desconozco el uso del informe» y que «no solo se hizo una compra la fecha del informe, sino que también en 2016 se compró la misma munición».
Camus, en tanto, sí conocía el cambio de munición: se reemplazó el de 12 postas de 8 mm por uno de tres postas de 1,7 mm, adquiriendo 20 mil cartuchos a fines de 2019.
«Producto de las lesiones en muchos ciudadanos, se buscó y presentó la idea de cambiar el cartucho a uno que se conocía y era utilizado por la PDI y -creo- que Gendarmería», dijo Camus, confirmando que el uso de la munición de 12 postas quedó para el nivel 5 en un «inminente riesgo de vida del carabinero».
«Se hicieron estudios de materiales ofertados, en los que se compró una partida, de cerca de 20 mil cartuchos. Esta compra se realizó a fines de 2019. Al día de hoy tenemos una prohibición de compra de cartucho de 12, por glosa presupuestaria», explicó.
