PAÍS
Crédito: ATON
En su respuesta al máximo tribunal, el ministro de Salud dice que la solicitud del Ministerio Público “resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo”, y además insiste en jugar la carta de la seguridad nacional señalando que los correos dan cuenta de la “adopción e implementación de decisiones reservadas, estratégicas y logísticas”. De este modo, cumplió con el requerimiento de la Corte Suprema para que explicara su negativa a entregar los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por las muertes relacionadas con la pandemia del COVID-19 en Chile. De paso, apuntó además al juez del 7° Juzgado de Garantía Darwin Bratti, quien autorizó esta incautación de correos, señalando que “incumplió el estándar legal requerido por el Artículo 236 del Código Procesal Penal en la resolución que autorizó la diligencia intrusiva”.
En un documento de 35 páginas, el ministro de Salud, Enrique Paris, finalmente respondió a la Corte Suprema, explicando sus argumentos para no entregar los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por las muertes relacionadas a la pandemia del COVID-19 en Chile, las que apuntan al extitular de la cartera, Jaime Mañalich, su exjefa de gabinete Itziar Linazasoro, y de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entre otros.
Si bien en primera instancia había pedido más plazo para responder –diciendo que había sido mal notificado– Paris decidió adelantar el trámite y responder el lunes. En su respuesta, el ministro dice que la solicitud del Ministerio Público “resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo” y además “ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo».
En la respuesta, Paris recuerda lo que ya había dicho en otras ocasiones, que «no existe ánimo alguno de obstruir la investigación que el Ministerio Público desarrolla”, sin embargo, no puede “validar defectos de procedimiento”.
En esa línea, agrega que la Fiscalía pretende pedir todos los correos “sin exigir un mínimo de, a lo menos, pertinencia respecto de los hechos que son objeto de la investigación” y sin estipular un “marco temporal”.
Paris acusa directamente al Ministerio Público, asegurando que “derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo”, ya que, a su juicio, se debe tener en cuenta que los funcionarios del Minsal se encuentran “trabajando a tiempo completo en la contención de la pandemia dedicando incluso parte de la jornada de nuestros funcionarios a extensas declaraciones”.
Posteriormente detalla sus argumentos para rechazar esta entrega de los correos. Según explica, estos dan cuenta de la “adopción e implementación de decisiones reservadas, estratégicas y logísticas”, jugando la carta de la seguridad nacional.
En este contexto, Paris cita jurisprudencia del Consejo para la Transparencia y otras fuentes legales, para no entregar estos correos, ya que –a su juicio– existe riesgo internacional motivado por la compra de insumos médicos. Es decir, sostiene que esa información compromete la seguridad del país.
Por ejemplo, Paris explica que en los correos se explica la adquisición de ventiladores, aparatos que se han convertido en un bien disputado a nivel mundial “en un contexto de una verdadera ‘guerra comercial y política’”. Paris acompaña esta argumentación con cerca de 20 artículos de prensa, nacionales e internacionales, que demuestran los riesgos de incautaciones de los aviones que trasladan los ventiladores.
La respuesta de Paris finaliza realizando una crítica al juez del 7mo Juzgado de Garantía Darwin Bratti, quien autorizó esta incautación de correos. Según Paris, el magistrado “incumplió el estándar legal requerido por el Artículo 236 del Código Procesal Penal en la resolución que autorizó la diligencia intrusiva”.
