PAÍS
Crédito: Aton
Como una muestra de unidad, trece diputados desde la DC al Frente Amplio firmaron la acusación constitucional contra el ministro del Interior. El libelo consta de tres capítulos y apunta al control del orden público, el accionar del ministro durante el paro de camioneros y el control jerárquico sobre Carabineros, un tema en la palestra tras el nuevo episodio de abuso policial en el puente Pío Nono. En el Gobierno insisten en que el libelo contra Pérez es «injusto y sin fundamento” y, según el vocero Jaime Bellolio, “se suma al legado de una triste oposición fragmentada que, al no tener ningún proyecto político, solo se une en torno a pedir renuncias, a hacer acusaciones constitucionales”. Por su parte, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, sostuvo que “siempre está la esperanza que no esté la mayoría para avanzar en esa acusación y ese es el trabajo que hay que empezar a hacer”.
En La Moneda cayó como un balde de agua fría la presentación formal por parte de la oposición de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, con las firmas de 13 diputados desde la DC al Frente Amplio.
Tras participar de una reunión de los ministros del comité político, encabezada por el propio jefe de gabinete, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, entregó una vocería en la que cuestionó la ofensiva previo al plebiscito del 25 de octubre y señaló que el libelo contra Pérez es «injusto y sin fundamento”
Según Bellolio, la acusación «nos hace desviarnos de nuestro foco, que es que tengamos un octubre de diálogo, de paz, de entendimiento, ad portas del plebiscito más relevante que hemos tenido desde el año 89″.
Bellolio insistió en que no hay ninguna razón jurídica de peso que pueda sostener esta acusación constitucional. “La oposición acaba de presentar la novena acusación constitucional, acaban de batir un propio récord: nueve acusaciones constitucionales en dos años y medio. Una acusación que estuvieron a minutos de decir que no la presentaban si es que salía otra persona (el general Mario Rozas)”, dijo el portavoz.
El libelo consta de tres capítulos y apunta al control del orden público, el accionar del ministro durante el paro de camioneros y el control jerárquico sobre Carabineros, un tema en la palestra tras el nuevo episodio de abuso policial en el puente Pío Nono.
De cara a lo que viene, en La Moneda la apuesta es convencer a algunos en la oposición para hacer fracasar el avance del libelo. “Siempre está la esperanza que no esté la mayoría para avanzar en esa acusación y ese es el trabajo que hay que empezar a hacer una vez que se presente (…), trabajar, a persuadir, a convencer a los diferentes parlamentarios respecto de su decisión. Yo tengo algún grado de optimismo», dijo esta mañana el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, en Radio Infinita.
Monckeberg cuestionó que en la oposición «se unen en torno a temas como rechazar algunos proyectos de ley o en torno a algún grado de acusaciones constitucionales, lo que no son capaces de ponerse de acuerdo para llegar a un pacto electoral en las elecciones, que están muy divididos, que eso es consecuencia de las diferencias que tienen adentro».
La misma tesis desplegó el ministro Bellolio, señalando que «lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar a que cada vez que la oposición tiene un problema interno, hacen una acusación constitucional; les falla su pacto de primarias, acusación constitucional; tienen divergencias sobre las candidaturas presidenciales, acusación constitucional; sus bases les critican el haber llegado a un acuerdo sobre la paz y la nueva Constitución, acusaciones constitucionales sin fundamentos. Lamentablemente, la única manera que tienen ellos mismos de unirse en torno a algo es diciendo una acusación constitucional y pidiendo renuncias».
Según el vocero, este libelo “se suma al legado de una triste oposición fragmentada que, al no tener ningún proyecto político, solo se unen en torno a pedir renuncias, a hacer acusaciones constitucionales que además gastan muchísimo tiempo y además desvían la atención del Congreso Nacional, horas y horas, y que es lo que significa al final. El desafío del orden público es mucho más grande».
En el oficialismo reforzaron esta mirada. El jefe de bancada RN, Sebastián Torrealba, sostuvo que “esta acusación constitucional impulsada por la oposición, la novena si no me falla la memoria, demuestra que única y exclusivamente lo único que los une es el barro, el conflicto, y no la construcción de una mejor democracia para nuestro país”.
El diputado de Renovación Nacional recalcó que este método de “rentabilización política” no resolverá nada, y que hoy con más urgencia que nunca se debe aprobar la ley que moderniza a las policías.
“El mal utilizar las herramientas políticas o institucionales para rentabilizar políticamente esta situación es muy pequeño, y sobre todo los chantajes demuestran una política gangsteril, que una política enfocada en los acuerdos”, explicó el parlamentario.
En la oposición, en tanto, celebraron la unidad lograda en esta acción. «La ciudadanía ve, con legítima razón y estupor, que nadie responde. Es nuestro deber como diputados, apelando a nuestras facultades fiscalizadoras, perseguir estas acciones de incumplimiento a la ley. Siendo nuestro deber, y como representantes de los ciudadanos, hoy ingresamos esta acusación contra el ministro del Interior, Víctor Pérez», dijo el diputado Víctor Torres.
En tanto, la diputada y jefa de la bancada comunista, Camila Vallejo, recalcó que “la oposición está unida en este momento contra la impunidad, porque nos parece importante que en el marco de nuestras atribuciones de fiscalización podamos avanzar en establecer las responsabilidades políticas que le competen al ministro Víctor Pérez por este desigual tratamiento que ha hecho respecto a las manifestaciones y las movilizaciones que han acontecido en nuestro país durante los últimos meses”.
En tanto, el PPD Rodrigo González insistió en que “no cabe duda que los tres puntos de la Acusación Constitucional son sumamente justificados, pero esto se da en un marco de un cuerpo de Carabineros que durante meses y durante todo este período no ha sido capaz de defender el orden público, impedir la violencia, ni hacer respetar los DD.HH. Continuamente las indicaciones y orientaciones que vienen del Gobierno no son obedecidas por los subordinados de Carabineros, por lo que la necesidad de una reestructuración de la institución es fundamental».
