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Crédito: Aton
La defensa cerrada del Gobierno al carabinero infiltrado en la población Lo Hermida generó una dura respuesta desde la oposición. “No está en el sentido de una medida intrusiva incitar la comisión de delitos”, advirtió el senador Felipe Harboe (PPD), mientras el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, señaló que este espaldarazo al procedimiento policial refuerza la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez. La polémica se extiende también al tema electoral, porque de acuerdo a la página del Servel el funcionario está habilitado para votar en el plebiscito con su nombre verdadero en San Bernardo y con su nombre ficticio en Alto Hospicio. En un escueto comunicado, el Servel tiró la pelota del caso al Registro Civil. En la Cámara, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, y la diputada de Comunes, Claudia Mix, despacharon oficios de fiscalización.
Un tsunami de declaraciones generó la noticia del carabinero infiltrado en el sector de Lo Hermida –comuna de Peñalolén–, asegurando que formaba parte de la «primera línea» y que fue descubierto por los vecinos debido a que tiempo atrás había protagonizado un programa de docurrealidad en Canal 13.
El hecho –revelado por un reportaje de Ciper– motivó a una declaración por parte del Gobierno. El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló al respecto que «los agentes infiltrados son parte de la Ley de Inteligencia, no solamente en nuestro país, sino que también en otros países que tienen una Ley de Inteligencia. Y no me puedo pronunciar sobre los aspectos operativos como tales, sino que eso le corresponde a Carabineros».
Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, defendió al carabinero y recalcó que el funcionario no cometió ningún delito al incitar a vecinos de la población a cometer delitos, pues era parte de su misión. «Estaba en un contexto y actuó dentro de ese contexto (…). Él estaba cumpliendo una tarea y una misión».
«Él fue mandado a infiltrar una organización y poder detectar a quienes estaban atacando (la Subcomisaría de Peñalolén) usando armas y bombas molotov (…). Él no está infiltrado en un jardín infantil, está infiltrado en una organización criminal», dijo el ministro Pérez.
En la misma línea, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, sostuvo que «ustedes saben que la Ley de Inteligencia permite agentes encubiertos para la investigación de determinados delitos, e impide que las autoridades nos refiramos a casos puntuales de agentes encubiertos que estén trabajando en alguna investigación».
«Los agentes encubiertos son una actividad legal, lo determinan la fiscalía para sus investigaciones, y el caso concreto no me puedo referir», agregó Guevara.
La defensa cerrada del Gobierno también generó una dura respuesta desde la oposición, que señaló que este respaldo refuerza la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, según dijo el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.
“Las declaraciones del Ministro del Interior Víctor Pérez respaldando a Carabinero infiltrado que alentaba ataques a Comisaría de Peñalolén son gravísimas y refuerzan la Acusación Constitucional que presentamos en su contra. Oposición debe actuar unida para frenar esto (…). Como dijo Iván Flores, espero que a esta vez a ningún parlamentario/a le tiemblen las cañuelas”, señaló el parlamentario magallánico.
En tanto, el senador Felipe Harboe (PPD) consideró que «las técnicas intrusivas existen y están amparadas por la ley. Una cosa es ser agente encubierto (…) pero otra distinta es incitar a hechos de violencia».
«Creo que es muy importante dilucidar el comportamiento de esta persona en el marco de esta actividad. De lo contrario, comienza a desvirtuarse las medidas intrusivas. No está en el sentido de una medida intrusiva incitar la comisión de delitos», finalizó.
Además, el expresidente del Senado y del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, sostuvo en Twitter que «el infiltrado de Carabineros en Lo Hermida confirma las peores prácticas represivas, o sea, incitar a la violencia para después reprimir brutalmente a la población. Lo mismo hizo el criminal ‘Guatón Romo’ antes del Golpe en 1973 y luego fue el más cruel sádico y torturador».
También se manifestó la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria criticó que «se llenan la boca con la violencia, pero cuando @Carabdechile literalmente llama a quemar comisarías el silencio es total».
«¿Y la condena absoluta a quienes incitan a la violencia? Queda claro quiénes han sido los principales incitadores y quiénes los justifican y protegen», agregó.
En la Cámara de Diputados también tomaron cartas en el asunto y al menos dos parlamentarios despacharon oficios de fiscalización. El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, que representa a la comuna de Peñalolén, sostuvo que “es grave que un agente esté incitando a actos de violencia”
El parlamentario requirió información al Ministerio y Subsecretaría del Interior, la Contraloría General de la República, Carabineros de Chile, Registro Civil e Identificación, Servicio Electoral y el INDH. Entre ellos, apunta a dilucidar si los actos ejecutados por el agente estaban financiadas por el presupuesto de la Ley de Inteligencia.
“Este agente estaba incitando a actos de violencia. La pregunta a los distintos organismos del Estado es ¿pueden hacer eso? ¿Quién lo estaba financiando? ¿Con qué instrucciones actuaba este agente? ¿Teniendo dos cédulas de identidad, una verdadera y una falsa, puede votar dos veces? ¿Qué dice el Servel y el Ministerio del Interior ante estas irregularidades? ¿Se querellará el INDH por las situaciones de violencia generadas por este agente del Estado?”, dijo (REVISE EL OFICIO DE FISCALIZACIÓN DEL DIPUTADO HIRSCH ACÁ).
Por su parte, la diputada Claudia Mix (Comunes) también envió oficios de fiscalización y señaló que este hecho demuestra lo urgente que es una reforma de Carabineros. “Esta situación se da a pocos días de la conmemoración del 18 de octubre y en medio de violentos allanamientos por parte de Carabineros en Lo Hermida. Estos no son hechos aislados, se suman a una larga lista de acciones cometidas por Carabineros que demuestran el profundo deterioro de esta institución y su nulo compromiso con la democracia y los derechos humanos. Es urgente su refundación”, complementó la parlamentaria.
En tanto, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, calificó como «grave» el hecho de que el uniformado llamara a la incitación a la violencia siendo un agente encubierto.
En entrevista con Radio Cooperativa, la alcaldesa dijo que «una cosa es tener un agente encubierto que participa de una organización y otra muy distinta es que esa persona esté incitando a la violencia y de alguna manera termine siendo parte de los ataques».
«Entiendo que el uso de agentes encubiertos está permitido en nuestro país como parte de las labores de inteligencia policial, supongo que eso tiene que estar regulado para resguardar los derechos de las personas, pero también para generar investigaciones exitosas», agregó.
Finalmente, Leitao recalcó que «quien tiene que responder es Carabineros, finalmente decir por qué se utilizó esta técnica, o este método, que creo no es el más óptimo para obtener resultados».
La polémica se extendió también al tema electoral, porque al revisar la página del Servel el funcionario está habilitado para votar con su nombre verdadero en la comuna de San Bernardo para el próximo plebiscito, mientras con su nombre ficticio, Giovanni Arévalo, puede hacerlo en la comuna de Alto Hospicio.
En un escueto comunicado, el Servicio Electoral aclaró que elabora un padrón basado en la información contenida en el Registro Electoral. Pero responsabilizó al Registro Civil, al señalar que el padrón “se basa (…) en los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación” y por ende es este servicio el “encargado de verificar la veracidad de la información que pone a disposición”.
En esta arista también intervino el senador Alejandro Navarro, quien presentó una denuncia al Servel. “El sistema ha sido vulnerado tal como en la dictadura. Tal como en el llamado Pacogate y los 7 mil Carabineros fantasmas durante una década, hoy tenemos a funcionarios con dos RUT, habilitados para votar en comunas distintas por el Servicio Electoral”, dijo.
El parlamentario se preguntó: “¿Cuántas veces se da esto en la realidad, con Carabineros, PDI o funcionarios de las Fuerzas Armadas? Esto debe ser fiscalizado por el Servel, pues puede dar lugar a distorsiones electorales y a fraudes intolerables, que son delitos contra la democracia”.
