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Crédito: Ministerio del Interior
Ante los parlamentarios que integran la comisión que estudia la acusación constitucional contra el ministro del Interior, el diputado DC Gabriel Ascencio detalló los argumentos de los tres capítulos que componen el libelo, referidos a su actuación en el paro de camioneros de septiembre pasado y por no ejercer control jerárquico sobre Carabineros. El libelo ha sido duramente rechazado por el oficialismo y el Gobierno, mientras el equipo del ministro se ha desplegado en el Congreso para frenar la acusación cuya votación está prevista para después del 25 de octubre. Hay 34 invitados a la instancia, detalló la presidenta de la comisión, Loreto Carvajal. Entre ellos, Ascencio solicitó la presencia de la familia de Anthony, el menor lanzado por un efectivo de Carabineros al río Mapocho.
El trabajo de la comisión de la Cámara de Diputados que estudia la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, abrió los fuegos con la presentación del diputado DC Gabriel Ascencio, en defensa del libelo.
Ante los parlamentarios, Ascencio recalcó las razones que –a su juicio– sustentan el libelo, que contiene tres capítulos: los dos primeros consideran que el ministro del Interior dejó sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, infringiendo el derecho fundamental de igualdad ante la ley, debido al paro de camioneros de septiembre pasado: y además se le acusa por no ejercer control jerárquico sobre Carabineros.
“No son los manifestantes quienes ponen en peligro la democracia, tampoco las acusaciones constitucionales, porque la democracia y nuestras instituciones tambalean, se debilitan y se ponen en peligro cuando las autoridades, en este caso, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, infringen la Constitución y nuestras leyes o dejan a estas sin cumplir, como será demostrado contundentemente durante el desarrollo de esta acusación”, señaló el parlamentario falangista.
El libelo ha sido duramente rechazado por el Gobierno y el oficialismo, que han cuestionado la intensidad con que la oposición ha recurrido a este tipo de herramientas constitucionales. «No hay a nuestro juicio ningún fundamento”, ha dicho el ministro acusado, mientras su equipo se ha desplegado en el Congreso para frenar la acusación, cuya votación está prevista para después del 25 de octubre.
Pérez tuvo una prueba de fuego ayer, para la conmemoración del primer aniversario del 18 de octubre, donde Carabineros apostó por un despliegue preventivo evitando la confrontación con los grupos de manifestantes. El mismo ministro evitó el tono bélico empleado por el Gobierno hasta el año pasado, cuando todo era explicado bajo la lógica del enemigo poderoso, y optó por un discurso en el que separó aguas entre la manifestación pacífica y los violentistas.
En esta jornada, a la hora de enumerar sus argumentos ante la comisión que encabeza la diputada PPD Loreto Carvajal, Ascencio sostuvo que Pérez “es el ministro que reitera, casi a diario, su ‘respaldo’ al actuar de Carabineros, cada vez que estos violan los Derechos Humanos, en diferentes lugares del país”.
Además, señaló que el jefe de gabinete es “el ministro que señala que es correcto que Carabineros suplante la identidad de un ciudadano, para unirse a grupos que cometen delitos, alentándolos a ello”, aludiendo al caso del carabinero infiltrado en la población Lo Hermida.
El diputado DC recordó otros episodios del currículum de Pérez como jefe de gabinete: “Es el ministro que, después de ir a La Araucanía, justifica la violencia para ‘retomarse’ municipios que estaban ilegalmente ocupados”.
Además, recordando lo sucedido con el paro de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), liderada por Sergio Pérez, Ascencio señaló que Víctor Pérez “es el ministro que respalda la toma de las carreteras, por parte de camioneros, a pesar de tener conciencia de los delitos que cometían, no denunciarlos, y de los efectos negativos que para el resto de los chilenos esta acción provocaba, especialmente para el libre tránsito de personas, alimentos, combustibles, medicamentos, productos de primera necesidad, etc., lo que afectaba el normal desenvolvimiento de la comunidad”.
Pero, sobre todo, Ascencio puso el foco en lo sucedido el viernes 2 de octubre en el puente Pío Nono, cuando un menor de edad fue lanzado por un carabinero desde el Río Mapocho.
“Es el ministro que no inicia ninguna acción legal para sancionar las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por agentes del Estado, especialmente en el caso del joven que es lanzado por un funcionario de carabineros al río Mapocho, en el marco de manifestaciones legítimas, y por el contrario, justifica esa acción de Carabineros”, dijo.
A juicio del diputado DC, “nunca, en la historia de este Congreso Nacional, podrán ustedes ver una falta a los deberes legales y constitucionales tan evidente como la que ha cometido Víctor Pérez en su falta de deber jerárquico y de control sobre Carabineros. El menor de edad Anthony, de 16 años, sangrando en el lecho del Río Mapocho, siendo rescatado por civiles mientras efectivos de Carabineros lo dejaban abandonado en el lugar a su suerte, es la muestra gráfica más fuerte de que el ministro del Interior y Seguridad Pública no actuó para que esto no ocurriera, de hecho, es él mismo quien deja al menor abandonado, su inacción, su omisión a sus deberes, empuja a este chico al Río, nos empuja a todos al Río Mapocho, y por eso, estimados diputados y diputadas, debe ser aprobada la admisibilidad de esta acusación para que sea conocida por el Senado de la República”.
Entre los invitados a la instancia, Ascencio solicitó la presencia de la familia del menor lanzado al río Mapocho, además de 14 abogados, Sergio Micco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez, representantes de comunidades mapuche y alcaldes de La Araucanía, entre otros.
En total, “a la fecha hay más de 34 especialistas propuestos”, puntualizó la diputada presidenta de la comisión, Loreto Carvajal. “Nos daremos a la tarea de disponer de todo el tiempo necesario para escuchar a cada uno de ellos. Tengo a la vista convocar a los ministros de Salud, Economía, Transportes y Agricultura; a intendentes, alcaldes, fiscales y a quienes puedan entregar información importante sobre la acusación, con criterio, transversalidad y garantías tanto para los diputados acusadores como la defensa”, indicó.
En cuanto al funcionamiento de la Comisión, la legisladora aseguró que “hemos generado un acuerdo, para que el resto de la semana funcionemos de manera telemática o también mixta, de aquí al día jueves durante las mañanas. Desde el día lunes va a ser presencial y telemática con la disposición total para que sean diarias, tal vez mañana y tarde, a propósito de avanzar en el análisis de esta materia que es tan importante en el momento social y político en que estamos”.
