PAÍS
Para evitar que la potencial derrota del Rechazo rebote de lleno sobre los hombros del Presidente Piñera y del Gobierno, La Moneda, a través de un discurso de unidad y en clave de pretendido estadista, intenta sacar al Mandatario de la refriega política que se acentúa progresivamente a una semana del plebiscito del 25 de octubre. Con esa misión, diseñada desde el segundo piso de Palacio, el Gobierno busca –sin encontrar– el esquivo legado del Mandatario, para traspasar la banda presidencial a uno de los suyos. Por ello es que, a pocos días del plebiscito –cuya fecha coincide con la marcha del millón de personas que hace un año exacto se congregó en Plaza Italia para reprobar la gestión del Primer Mandatario y pedir una nueva Constitución–, el Ejecutivo persiste en omitir tales mensajes para entregar señales de condena a la violencia que se dirigen exclusivamente a su electorado, las que viste de un discurso crítico y duro respecto de sus adversarios, al punto de calificarlos hasta de patéticos. Esta intención, pensada o no, tiene como resultado la división general de las aguas, que alcanza incluso a su propia coalición.
Mientras, por un lado, se repite constantemente el discurso del Presidente Sebastián Piñera y de sus ministros que llaman a la unidad en los momentos de mayor tensión política y social, como es la antesala del plebiscito del 25 de octubre, por otro, se vienen de golpe los próximos procesos electorales que marcarán el futuro del Gobierno con miras a las presidenciales. En este contexto, el llamado a la unidad se plantea con adjetivos descalificativos como el de “patético” para referirse al actuar de la oposición, tal y como se expresa el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien señala que «la izquierda quiere que la gente se mantenga pobre para poder manipularla”. Esta frase da cuenta de una operación de doble filo, detectada desde hace un buen tiempo por la oposición, que cuestiona la efectividad de la política de mano dura y mano blanda, con miras a los propósitos oficialistas en el Parlamento.
La Moneda busca sortear en el corto, mediano y largo plazo dos años de extrema dificultad para sobrevivir en momentos en que la figura del Presidente Piñera, así como el Ejecutivo, se encuentran muy cuestionados, con encuestas que apenas bordean el 20% y que los exponen a que cualquier golpe o derrota significativa los haga caer nocaut.
Con miras a lo inmediato, esta semana se cruzaron el aniversario del estallido social del 18 de octubre y la realización del plebiscito del 25. La estrategia no es muy rebuscada. La primera misión es evitar que el Presidente Sebastián Piñera salga derrotado de una de las jornadas políticas y sociales más simbólicas de la historia de la democracia de nuestro país. De esta forma, el objetivo es lograr que uno de los mayores temores para La Moneda, como que el resultado de plebiscito del 25 de octubre pudiera analogarse a un referéndum revocatorio del Gobierno, no se cumpla. De hecho, el vocero gubernamental, Jaime Bellolio, mencionó que los fantasmas de un nuevo y duro golpe para el Presidente Piñera, ante lo que se espera pueda ser un contundente triunfo del Apruebo, siguen intactos.
En razón de aquello es que, previo al aniversario del estallido y a una semana del inédito plebiscito, la idea de Palacio ha sido intentar superponer la figura del Mandatario en clave de estadista y, de esta manera, evitar la refriega de la contingencia, buscando aplacar en algún grado la eventual derrota que pueda recaer en su persona. Así se explicaría el que finalmente se haya optado por ocultar al Jefe de Estado este último fin de semana, siendo que siempre estuvo considerada la posibilidad de un discurso de su parte, decisión que se mantuvo a firme incluso luego de la reunión de emergencia convocada en Palacio tras la jornada de manifestaciones del día domingo y que sentó a la mesa al jefe de Estado con el ministro del Interior, el subsecretario de esta cartera y el general director de Carabineros, Mario Rozas.
Si bien en la sede de Gobierno se han esmerado por intentar desmarcarse del mote del “gabinete del Rechazo”, explicando continuamente que existe un amplio número de jefes de cartera que estarían por la opción del Apruebo –como lo han confesado, entre otros, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg; su par de Hacienda, Ignacio Briones; o el titular de Defensa, Mario Desbordes–, les ha sido imposible cambiar la percepción de la ciudadanía, que realiza un enlace indisoluble entre el Ejecutivo y el Rechazo, con el que gran parte de su coalición apuesta mayoritariamente por evitar que se elabore una nueva Constitución.
Aquello se ha transformado en un dolor de cabeza no menor, considerando los vaticinios que apuestan a que cualquier figura ligada a la opción de rechazar una nueva Carta Magna tenga una mayor dificultad a la hora de una eventual elección presidencial, amarrado esto a las consecuencias que entraña para La Moneda tener que cargar con la pesada mochila de una derrota de este calibre.
En el mes de septiembre, la encuesta Criteria abordó el caso de la percepción de la ciudadanía bajo el título de “Los chilenos proyectan: ¿Qué votará Piñera en octubre?”, y el resultado es decidor: un 66 por ciento piensa que el Mandatario se inclinará por la opción del Rechazo, entregando razones del tipo “por sus intereses personales o porque no quiere perder sus privilegios” o “por su ideología”. Al mismo tiempo, salvo el ministro Mario Desbordes, todos los demás darían la impresión de que su voto será asimismo por el Rechazo.
Considerando todas las dificultades para desmarcar al Jefe de Estado de la eventual derrota del Rechazo, es que tanto el discurso como las próximas apariciones públicas del Presidente Piñera han estado detalladamente trabajados y pensados, considerando que la cuenta regresiva ya comenzó, y que cualquier “autogol”, a días del plebiscito, puede dejar una marca en su figura que sea imposible de sacar con el tiempo, un tema que siempre ha preocupado sobremanera al Primer Mandatario, vale decir, cuál será finalmente la lectura que haga la historia de su paso al mando del país.
Es así como el viernes pasado y vía Zoom, el Presidente sostuvo una reunión con los ex Jefes de Estado, Ricardo Lagos Escobar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en busca de dar una gran señal de unidad, intentando quitar del medio las diferencias entre quienes están por una opción u otra.
La idea fuerza que se buscará instalar dentro de esta semana apunta a que el plebiscito es finalmente “la salida institucional” a las demandas del estallido social, y en esta ocasión, a diferencia de varias otras, el Mandatario buscará compartir el triunfo junto con quienes firmaron el acuerdo por la paz y una nueva Constitución y, de esta manera, hacer la separación entre la que catalogan como izquierda institucional y aquella que no.
Dentro de esta opción, se juega también la intención de que se le reconozca al final al Presidente su rol en el acuerdo del 15 de noviembre, percepción que le ha sido esquiva hasta el día de hoy y que se intenta por todos los medios instalar, tal como lo hizo el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien en entrevista con La Tercera señaló que el legado del Jefe de Estado será «haber optado por un camino institucional para resolver las diferencias entre los chilenos».
Por un lado, el sentido de la unidad como factor primordial con miras a lo inmediato, como lo es el plebiscito, y por un carril paralelo, un discurso con críticas de alto calibre pensando en los dos próximos años, donde se juega el traspaso de mando y el que se considera, en voz de varios personeros del oficialismo, el verdadero legado del Presidente Piñera, consistente en traspasarle la banda presidencial a uno de los suyos.
Varios han sido los episodios de choque entre el oficialismo y la oposición, con recordados capítulos como cuando el propio Mandatario calificó a un sector opositor de antipatriotas, o el momento en que también los acusó de estar del lado de la violencia cuando se rechazó el proyecto de Aula Segura. Sin embargo, las motivaciones en ese entonces eran otras.
Hoy, con miras a las elecciones de alcaldes y gobernadores, las que se considera que marcarán la pauta con miras a las presidenciales, y en medio de una misión por recobrarse del desfonde que implicó para el Gobierno el estallido social, donde perdió el apoyo de gran parte de su electorado, el tono aplicado para contrarrestar el trabajo en el sector opositor, pensando en hablarles a sus electores, ha ido escalando hasta niveles “casi intolerables”, como puntualizó un miembro del oficialismo. En este sentido, un diputado del PS recordó cuando la exvocera, Cecilia Pérez, los vinculó públicamente, como partido, con las acusaciones de redes de narcotráfico, lo que tuvo por consecuencia una dificultad mayor para el Ejecutivo en el Parlamento y una convivencia más bien con tintes de guerra que de diálogo, agregaron.
Pero las cartas están echadas –señalaron– y la apuesta de un discurso de doble filo ya se hizo, con los riesgos que aquello arrastra. A fines de septiembre, y consultado el ministro vocero por la situación de Chile Vamos con miras a un pacto electoral más amplio, incluyendo o no al Partido Republicano, el secretario de Estado se dio el tiempo para cruzar la vereda y referirse al fracaso de la oposición en la materia, señalando que “a Chile le hace bien cuando tiene una oposición que, en vez de estar fragmentada, cuyo triste legado van a ser las acusaciones constitucionales y el bloqueo a algunos proyectos, más bien sea lo contrario”. En aquella ocasión ya se habían prendido las alertas en la oposición por lo áspero de sus palabras.
Pero el 6 de octubre, algunos consideran que se cruzó un límite cuando, consultado por la disyuntiva que se presentaba entre la viabilidad de la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, o la solicitud de renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, el mismo ministro Bellolio respondió que “lamentablemente la oposición, frente a lo patético que fue el fin de semana en sus explicaciones por no haber llegado a acuerdo en temas electorales, ha encontrado nuevamente la misma cartita bajo la manga que han sacado todas la veces pasadas: presentar una acusación constitucional sin ningún fundamento jurídico”.
En este sentido, consultados desde la oposición, dijeron entender que esto se enmarcaría en la misión última del nuevo gabinete de recuperar a su electorado, hablándoles claro y directo, pero sin considerar “las consecuencias institucionales” que ello pueda arrastrar. En este caso, subrayaron que esto puede concitar un problema mayor, porque de alguna manera se le va poniendo piso a un “trato inadecuado” entre adversarios y que, luego que escala, es imposible volver a foja cero, pero ya se escaló, insistieron
En este sentido, el ministro del Interior, Víctor Pérez, no se quedó atrás cuando, el 9 de octubre en un conversatorio organizado por la Fundación Jaime Guzmán, señaló que “nosotros queríamos que la gente deje de ser pobre, la izquierda quiere que la gente se mantenga pobre para poder dirigirla, manipularla, usarla”, lo que ha sido leído como una declaración de guerra, y el preludio de lo que se espera para los dos próximos años cargados electoramente.
