PAÍS
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En un escrito de ocho páginas ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, Paris solicitó una orden de no innovar para dejar sin efecto la fórmula para la entrega de los correos a la Fiscalía que zanjó la semana pasada el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Patricio Álvarez. Sin embargo, la nueva arremetida de Paris encontró una pronta respuesta por parte del fiscal regional Xavier Armendáriz, quien en un escrito de dos páginas refutó la posición del titular del Minsal y pidió desechar su propuesta, la que incluso calificó de «inútil». En otra arista de esta polémica, luego de acusar a la Fiscalía el fin de semana de “linchamiento”, el exministro Jaime Mañalich pasó a la ofensiva y pidió a tribunales ser citado a declarar lo antes posible.
La batalla por los correos del Ministerio de Salud está lejos de terminar. Así quedó en evidencia luego que el ministro Enrique Paris rechazara la fórmula la autorización despachada por el Séptimo Juzgado de Garantía en la que se acoge el mecanismo presentado por la Fiscalía de proceder a la incautación de estos mails.
Dicho procedimiento se da en el marco de la investigación que la Fiscalía lleva adelante en contra del exministro Jaime Mañalich y otras autoridades de la cartera de Salud por el delito de diseminación de gérmenes patógenos, en el marco de la pandemia de COVID-19.
En esa línea, la pugna por la entrega de correos electrónicos del Ministerio de Salud –diligencia solicitada por la Fiscalía y a la que el ministro Paris se negó en un principio– fue dirimida por un fallo de la Corte Suprema en el que decidió otorgar acceso parcial a los mails.
Sin embargo, en un escrito de ocho páginas ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, Paris solicitó una orden de no innovar con el objetivo de que suspenda «la autorización otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago del día 16 de octubre de 2020, para la realización de la diligencia de entrada, registro e incautación de la totalidad de los correos electrónicos ya referidos».
La resolución firmada por el juez Patricio Álvarez acogió la fórmula presentada por la Fiscalía para cumplir con el fallo del máximo tribunal. Concretamente, el Ministerio Público podrá obtener «dos copias forenses (copia A y copia B) de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida». Esto se hará por medio de peritos del Laboratorio de Criminalística y del Cibercrimen de la PDI y bajo supervisión de la Fiscalía.
El documento establece que la Fiscalía conservará la copia A «en calidad de comunicaciones retenidas (…) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella». En tanto, la copia B estará en poder del Ministerio de Salud, por lo que en un plazo de tres días, el ministro Paris tendrá que singularizar «las comunicaciones electrónicas que se correspondan con los supuestos de excepción previstos» por el máximo tribunal.
Sin embargo, el secretario de Estado consideró que es deber de la Fiscalía «identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar».
La arremetida de Paris encontró una pronta respuesta por parte del fiscal regional Xavier Armendáriz, quien en un escrito de dos páginas refutó la posición del titular del Minsal y pidió desechar la solicitud, la que incluso calificó de «inútil».
En el texto citado por La Tercera, el fiscal aseguró que el Minsal lo que hizo fue «discutir el alcance de lo que debe, en definitiva, ser incautado para incorporarse a la carpeta investigativa». Agregó que «sin embargo no se ha cuestionado el procedimiento en sí fijado por el 7º Juzgado de Garantía».
«La única referencia en la presentación del Minsal es en orden a hacer una búsqueda por descriptores dentro de los correos electrónicos incautados para detectar cuáles deben ser excluidos», añade.
Posteriormente, señaló que «esta sugerencia, además de ser imposible de cumplir (¿cuáles serían tales descriptores?), es simplemente inútil dado que es evidente que es el propio titular de los correos, el Minsal, quien debe proponer cuáles deben ser los excluidos y se contempla en la resolución impugnada un mecanismo para dirimir eventuales controversias que de ello puedan surgir».
Finalmente, el persecutor argumentó que «algún procedimiento debe existir» para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema».
En otra arista de esta polémica, luego de acusar a la Fiscalía el fin de semana de “linchamiento”, el exministro Jaime Mañalich pasó a la ofensiva y pidió a tribunales ser citado a declarar.
De este modo, los abogados del exministro Gabriel Zaliasnik y César Ramos, solicitaron al 7° y 3° Juzgados de Garantía de Santiago citar a una audiencia para que el exsecretario de Estado preste declaración judicial «lo más pronto posible» en las querellas por muertes por COVID-19 que enfrenta.
Según dijo Zaliasnik a Emol, «fue necesario ejercer este derecho ante la renuencia de la Fiscalía de conocer la versión del exministro Mañalich. Sabemos que es inusual, pero cuando el Ministerio Público no quiere escuchar versiones ni recibir antecedentes que desvirtúan la tesis de los querellantes (Daniel) Jadue y (Alejandro) Navarro, no queda sino acudir a los tribunales».
El escrito indica que “en el transcurso de cuatro meses, contados desde la presentación de la primera querella, correspondiente al alcalde señor Daniel Jadue, el Ministerio Público jamás tuvo la iniciativa de citar a mi representado a prestar declaración».
De acuerdo a los escritos, «por el contrario, en relación a ambas causas, se observa la existencia de una reiterada divulgación de antecedentes imputativos, en los medios de comunicación social, vulnerándose con ello el secreto relativo de la carpeta investigativa prescrito en el artículo 182 del Código Procesal Penal, afectando, en consecuencia, la presunción de inocencia de nuestro representado».
«En este contexto adverso, esta defensa ha solicitado al señor Xavier Armendáriz, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con fecha 11 de octubre de 2020, la citación de nuestro representado, a efectos de prestar declaración (…). Sin embargo, el Ministerio Público ha respondido citando a nuestro representado a prestar declaración el día 11 de noviembre de 2020, es decir, al cabo de un mes de efectuada la presentación», añade el escrito.
