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Crédito: ATON
«Recibimos muchos informes. Cada vez que hubo antecedentes relevantes se pusieron a disposición de Fiscalía». Así, en forma escueta, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a los informes de la DINE publicados por El Mostrador. La información provocó impacto, al punto que en Twitter se transformaron en trending topic los hashtags Plan Zeta, DINE y Espina (por el ministro de Defensa en funciones al momento del estallido y quien en la práctica avaló la tesis del enemigo extranjero). Mientras los comentarios apuntaron a la debilidad del Gobierno en materia de inteligencia y su falta de manejo político en la crisis, en una pauta de prensa el ministro del Interior, Víctor Pérez, desdramatizó la situación, comentando que “los informes de inteligencia son secretos y son insumos para las decisiones de la autoridad”. Consultado respecto a si el informe fue un error, al influir en la declaración de “estamos en guerra” de Sebastián Piñera, el jefe de gabinete sostuvo que esa es “una elucubración” [ACTUALIZADA]
Mientras arrecia una lluvia de críticas desde la oposición, en La Moneda se jugaron por bajarle el perfil al informe elaborado en pleno estallido social por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), revelado por El Mostrador, y que llevó al Presidente Sebastián Piñera a pronunciar la tristemente célebre frase de “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.
El informe aseguraba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano), había logrado introducir en Chile «un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana», y además de identificar como comandante de los servicios de inteligencia venezolanos y cubanos a un conocido tuitero, youtuber y conductor de televisión en Caracas, establecía que la organización de los eventos de violencia en el país se había fraguado durante el Foro de Sao Paulo. Asimismo, como evidencia de la participación de venezolanos como incitadores de las manifestaciones se identificó también a una ciudadana de ese país, que tiene calidad de refugiada, pero que en realidad es una conocida antichavista. Los gruesos errores de la información del Ejército fueron advertidos por análisis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) también entregados a la autoridad.
En el Gobierno optaron por ponerle paños fríos al tema. «Recibimos muchos informes. Cada vez que hubo antecedentes relevantes se pusieron a disposición de Fiscalía». Así, en forma escueta, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a los informes de la DINE publicados por El Mostrador, cuando fue consultado al respecto durante su visita a Punta Arenas.
Antes, en una pauta de prensa esta mañana referida al plebiscito, el ministro del Interior, Víctor Pérez, también desdramatizó la situación, comentando que “los informes de inteligencia son secretos y son insumos para las decisiones de la autoridad (…) la autoridad tomó decisiones respecto a un número importante de documentos”.
Consultado respecto a si el informe fue un error, al influir en la declaración de «estamos en guerra con un enemigo poderoso» de Sebastián Piñera, el jefe de gabinete sostuvo que “el que usted crea que esa expresión del Presidente está basada en ese informe es una elucubración que yo no comparto».
La nota provocó impacto, al punto que en Twitter los hashtags Plan Zeta y Espina (por el ministro de Defensa en funciones al momento del estallido y quien en la práctica avaló la tesis del enemigo extranjero) se transformaron en trending topic, y los comentarios apuntaron a la debilidad del Gobierno en materia de inteligencia y de manejo político.
“Pasamos de la influencia del K-Pop a una guerra contra un ‘enemigo poderoso e implacable’ que nunca existió. Más grave aún si ha sido la justificación para vulnerar derechos de la ciudadanía”, comentó la expresidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Maya Fernández.
En un tono durísimo, por su parte, el excandidato presidencial, Alejandro Guillier, señaló que “el delirio del enemigo implacable, en base al que se han violado y coartado las libertades y derechos de chilenos y chilenas durante un año” representa una “indecencia que quedará en los libros de historia. Ese será el legado de Piñera”.
En tanto, el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, sostuvo que “a un año de que el Presidente Piñera inventara y declarara una guerra, leer esta nota genera vergüenza ajena pero por sobre todo preocupación al pensar sobre quienes nos gobiernan y la irresponsabilidad con la que manejaron el estallido social”. El mismo concepto de “vergonzoso” se repite en el análisis del diputado Marcelo Díaz (ex PS), quien planteó que “para el Presidente Piñera fue más fácil hablar de ‘guerra’ que escuchar las demandas del pueblo chileno. El Plan Zeta fue un error vergonzoso de la inteligencia política y militar”.
Por su parte, el exembajador y exsubsecretario, Cristian Barros, también apunta a otra debilidad en esta cadena, recordando que “también hay dos informes de la ANI que advirtieron con dos semanas de anticipación lo que ocurrió con una precisión muy cercana a la realidad, ¿quién se hace cargo de ello? Si ello es verídico es muy, pero muy grave”.
Desde el Partido Comunista también se pronunciaron. “Declararon la guerra a todo Chile con las mismas prácticas de la Dictadura para desacreditar el legítimo movimiento social del 18 Oct. Estas mentiras permitieron violar derechos humanos, mutilar, torturar y perseguir a chilenas y chilenos!”, comentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mientras la diputada Karol Cariola apuntó a Piñera y Espina, señalando que «fueron incapaces de distinguir la verdad de la mentira, el absurdo de la realidad y a partir de ahí declarar la guerra a su propio pueblo”.
En tanto, el diputado RD Jorge Brito –integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara– aludió a otro tema paralelo, al recordar que “no olvidemos q en el Congreso aún se está votando la #LeydeInteligencia. Si se aprueba, creativos del Plan Zeta tendrán más atribuciones en seguridad interior. Urge detenerla”.
Cabe recordar que dicho proyecto crea el Sistema Nacional de Inteligencia, le otorga más atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y moderniza la estructura y coordinación de inteligencia “ante amenazas a nivel interno y externo”, entre otros. El proyecto es resistido por la oposición y organismos de derechos humanos, precisamente porque “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de ‘grupos nacionales’”, según advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Un especialista en tema de defensa, como el exsubsecretario Gabriel Gaspar, pone el foco en que “si existiesen evidencias de cientos de agentes extranjeros en Chile, el deber es informarlo al Congreso, al Comité de Inteligencia y a los órganos judiciales”. Sin embargo, a la fecha, el Ministerio Público ha descartado la presencia de agentes externos en sus diversas investigaciones, subraya.
Asimismo, indica que la información develada por El Mostrador abre varias interrogantes. Una de ellas apunta a la actuación del entonces ministro Espina, donde “cabe preguntarse por qué no pidió –o sí lo hizo– informes a los servicios de las otras ramas” para contrastar lo señalado por la DINE.
Además, acota, “si fuese cierto que la ANI advirtió a las autoridades de La Moneda (a las que reporta la ANI por ley) en dos oportunidades, antes del 18/0, corresponde que sean esas autoridades las que expliquen qué hicieron con esa información”.
