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Crédito: ATON
De acuerdo a Ciper Chile, el pasado 3 de agosto el Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación de la firma para que los pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante el proceso penal por distintos delitos tributarios fueran considerados como gastos necesarios para producir la renta. Según el SII, la resolución «se ajusta a las normas”, sin embargo provocó una ola de reacciones. “Finalmente, las y los chilenos terminamos pagando la defensa de quienes financiaron ilegalmente la política”, señaló el diputado independiente Renato Garín, mientras el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), catalogó esta rebaja de impuestos como “escandalosa” y anunció que citará a la instancia al ministro Ignacio Briones y al director del SII, Fernando Barraza. Por su parte, el diputado ex PS Marcelo Díaz cuestionó las prioridades del SII, que por un lado rebaja una suma millonaria a Penta, pero al mismo tiempo está más “preocupado de recuperar los bonos de clase media de 500 lucas que no correspondían”.
Cuando todavía está en la retina que los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín solo pagaron con clases de ética, una multa de 857 millones de pesos cada uno y una pena de presido menor por el escándalo de platas políticas, surge otra noticia que confirma que al holding le siguen perdonando sus pecados.
Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper Chile) reveló que Empresas Penta fue beneficiada con la aprobación de una rebaja de más de 1.400 millones de pesos, que gastó en asesoría legal, del monto total de sus impuestos del año tributario 2018.
De acuerdo a la información, el pasado 3 de agosto el Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó una apelación de la firma para que los pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante el proceso penal por distintos delitos tributarios fueran considerados como gastos necesarios para producir la renta.
La información provocó inmediatas reacciones. “Los controladores de Penta cometieron delitos tributarios reiterados y aun así el SII decide un perdonazo de $1.400 millones. Finalmente, las y los chilenos terminamos pagando la defensa de quienes financiaron ilegalmente la política”, señaló el diputado independiente Renato Garín.
Otro diputado que opinó fue el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), quien catalogó esta rebaja de impuestos como “escandalosa”. “Por estos abusos y privilegios a súper ricos, Chile estalló”, dijo en Twitter.
El parlamentario anunció que citará a la instancia para explicar el caso al ministro de Hacienda Ignacio Briones y al director del SII, Fernando Barraza, quien a su juicio debe renunciar al cargo.
También apuntó a la actuación del SII el diputado ex PS Marcelo Díaz, quien recordó que la entidad está más “preocupada de recuperar los bonos de 500 lucas que no correspondían”, en alusión a los beneficiarios del bono clase media, mientras hace vista gorda con el caso Penta.
SII dijo a Ciper que la resolución «se ajusta a las normas». Sin embargo, al interior de la entidad indican que el beneficio no corresponde, dado que los controladores -Carlos Délano y Carlos Lavín, condenados por delitos tributarios reiterados en 2018- actuaron con dolo para que su empresa defraudara al Fisco.
Dichas fuentes, de carácter anónimo, aseguraron que tras la resolución del SII, la dirección jurídica de la institución fiscalizadora emitió un instructivo que indica que esta política se extenderá «cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas en el marco de un proceso penal que la involucre» y que esos pagos serán considerados como «necesarios para producir la renta».
Penta por otro lado, le dijo a Ciper que el SII con esta resolución «deja en claro que el gasto por defensa legal es un gasto aceptado, con tal que el gasto se vincule o tenga incidencia en el resultado de la gestión de negocios del contribuyente en su globalidad».
Sobre esta devolución, originada por un juicio por delitos tributarios, Penta añadió que «la determinación de la responsabilidad penal de Penta como persona jurídica es una cuestión que no ha sido sentenciada y sigue pendiente, pero, como se indicó anteriormente (…) del SII se deja en claro que el gasto por defensa legal en juicio es un gasto aceptado y que su procedencia o improcedencia no puede estar supeditada al eventual resultado del pleito».
Cabe recordar que los controladores del holding, Délano y Lavín, fueron condenados en julio de 2018 solo por delitos tributarios, dado que durante el proceso judicial se eliminó el delito de cohecho. La sentencia contempla cuatro años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva, una multa de 857 millones de pesos cada uno, que equivalen al 50 por ciento del monto eludido, y las clases de ética que cumplieron en la Universidad Adolfo Ibáñez.
