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En La Moneda reconocieron que el escenario cambió radicalmente, y se puso adverso para el ministro del Interior, desde el autogol que implicó jugar la carta de lavarse las manos de la responsabilidad que le compete sobre Carabineros bajo el Estado de Emergencia y «cargarle el bulto» a su par de Defensa, Mario Desbordes. Pese a que se desistió de esa estrategia, la errática maniobra –agregaron en el Gobierno– no solo fue “un dulce” para la oposición, ya que le dio nuevos bríos a la acusación y terminó de convencer a muchos indecisos, sino que además generó un conflicto no menor en el seno de Palacio, al que han tratado de bajarle el perfil sin demasiado éxito.
Cuando ayer en la tarde el diputado independiente Fernando Meza argumentó en la comisión a favor de la acusación constitucional contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, se hizo realidad lo que hace días se temía en La Moneda: que difícilmente el martes, cuando se vote el libelo en la Sala, van a contar con el grueso de ese grupo de parlamentarios de oposición a los que siempre recurre el Gobierno para pirquinear votos en el Congreso y romper la mayoría opositora. Es más, en Palacio tratan de no dar por perdida la posibilidad de que Pérez se salve y no quede suspendido de sus funciones a partir de ese día, pero desde ya están concentrando esfuerzos en la estrategia en el Senado.
En La Moneda reconocieron que el escenario cambió radicalmente, y se puso adverso para el ministro Pérez, desde el autogol que implicó jugar la carta de lavarse las manos de la responsabilidad que le compete sobre Carabineros bajo el Estado de Emergencia y «cargarle el bulto» a su par de Defensa, Mario Desbordes. Fue tal el nivel de críticas ante lo rebuscado del argumento, que a los pocos días la defensa tuvo que recular y optó por no insistir en ese camino.
Pero la errática maniobra –agregaron en el Gobierno– no solo fue “un dulce” para la oposición, ya que le dio nuevos bríos a la acusación y terminó de convencer a muchos indecisos, sino que además generó un conflicto no menor en el seno de Palacio, al que han tratado de bajarle el perfil sin demasiado éxito.
La fuerte reprimenda que recibió el ministro Pérez de parte del Presidente, Sebastián Piñera, debido a que desplegó dicha línea de defensa de manera inconsulta, describe a la perfección el estado de ánimo al interior de La Moneda: hay algunos optimistas de que a última hora el escenario se revierta favorablemente el martes, pero muchos más desesperanzados por el destino que, vislumbran, tendrá la acusación en el Congreso. La desazón pasa más allá de la figura de Pérez en sí, pues aquel error que cometió el ministro dejó en jaque el diseño que instaló el Mandatario con el último cambio de gabinete y con el que pensaba que podía llegar hasta el último día de gestión.
[cita tipo=»destaque»]En este escenario, explicaron en la oposición, por fin existiría un grado mayor de conciencia sobre el valor político que tiene la unidad del sector para cada uno de estos temas y que, por lo mismo, hoy nadie quiere ser apuntado como el “rompe filas”, algo que se ha transformado –recalcaron– en una presión no menor. Así, se estaría apostando a evitar grandes tropezones, como sería el descolgarse de la acusación contra una de las figuras emblemáticas del Rechazo y de una derecha que quedó contra las cuerdas con el resultado de las urnas la noche del 25 de octubre.[/cita]
Las declaraciones que entregaron ante la comisión que revisa la acusación constitucional el lunes, tanto el ministro Desbordes como el general director de Carabineros, Mario Rozas, fueron la lápida para Pérez, ya que ambos recalcaron que es el ministro del Interior el responsable civil del actuar de la policía uniformada, un vínculo que no se rompe ni suspende ni siquiera en un Estado de Emergencia.
En el propio oficialismo afirmaron que la errática jugada de la defensa de Pérez minó la credibilidad de cualquier argumento que después se ha tratado de sostener para «salvar» al ministro. Por eso, la postergación de la votación en la Sala para el martes 3 de noviembre –originalmente sería hoy– le dio un respiro al Gobierno y la posibilidad de contar con un par de días para desplegar a los asesores gubernamentales en pos de intentar revertir las cosas, una misión que coinciden en señalar que es casi imposible.
No le favorece en nada a La Moneda que esta acusación –a diferencia de aquella contra Jaime Mañalich, por ejemplo– esté patrocinada y «empujada» por la DC, precisamente porque es en este partido donde el Gobierno apuesta por los descuelgues y el pirquineo de votos a su favor. No solo eso, a diferencia de otras ocasiones, en este tema la colectividad parece caminar más unida que nunca, lo que se transformó en una pésima noticia para Palacio.
A ojos de La Moneda, el hecho de que sea la DC la que lidere esta acusación –y no un partido “cabeza caliente” de la oposición, dijeron– le conferiría un halo de “sentido común” al libelo, lo que neutraliza a los indecisos. No hay que olvidar que la acusación contra Mañalich fue impulsada desde el Frente Amplio y fracasó por varias razones, una de las cuales fueron las cuentas pendientes entre sectores de la falange y la bancada del frenteamplismo.
Salvo por el diputado Jorge Sabag, desde la DC aseguraron estar “casi en un 100%» al interior del partido y a esto –agregaron– habrían sumado a varios de los independientes con los que el Gobierno cuenta tradicionalmente. Si bien los votos de Sabag, Pepe Auth o Pedro Velázquez aún están en duda, sí habrían conseguido el apoyo a la acusación de Manuel Matta y Carlos Abel Jarpa. Con Miguel Calisto, dijeron, se sigue negociando.
En la DC plantearon que la acusación contra Pérez tiene un sentido especial para la colectividad y ha sido un factor determinante para que todos estén «muy involucrados» en el tema. Se trata de la muerte del joven de 26 años, Aníbal Villarroel, ocurrida en la población La Victoria el domingo 18 de octubre, producto de dos impactos de bala que recibió en medio de la conmemoración del primer aniversario del estallido social.
A la querella presentada por la familia, se sumó una ingresada por la propia DC –a través de su presidente Fuad Chahin–, debido a que el padre de Villarroel tenía lazos con el partido y fue él mismo quien se acercó hasta la sede de la colectividad para pedir ayuda. “Esto en el contexto de la violación de derechos humanos, derivado del descontrol de parte del responsable civil para con Carabineros”, argumentaron desde la falange.
Para ser aprobada en la Sala, la acusación necesita el 50% más uno de los votos de los diputados presentes ese día. De haber asistencia completa, el umbral es 78 y, como las bancadas de Chile Vamos suman 73 escaños, La Moneda necesita cinco votos díscolos para hacer naufragar el libelo. El problema es que la calculadora de la oposición arroja que contarían con 80 votos alineados para aprobar la acusación y que está la expectativa de llegar a 82.
Una señal clara del «ambiente» que hay para la acusación, fue lo sucedido en la comisión ayer en la tarde, donde se aprobó por 4 votos contra 1 –del diputado Joaquín Lavín León– el informe que recomienda a la Sala de la Cámara acusar al ministro del Interior.
En el Congreso se comenta que, además del error cometido por la defensa de Pérez, hay otros factores que le han dado un segundo aire a la acusación, que en un principio generó varias dudas y críticas internas en la oposición, al punto que en La Moneda estaban seguros que sería una réplica de lo sucedido con Mañalich. El triunfo del Apruebo en el plebiscito ha sido un aliciente importante para que la oposición cuide las señales que da, especialmente en materia de unidad entre sus distintas fuerzas políticas, pensando en las conversaciones que se llevan a cabo para resolver el dilema de la lista para la elección de constituyentes.
Este tema va de la mano con otro, el proyecto para un segundo retiro del 10% de las AFP, que tiene a La Moneda tanto o más complicada que con la acusación de Pérez..
En este escenario, explicaron en la oposición, por fin existiría un grado mayor de conciencia sobre el valor político que tiene la unidad del sector para cada uno de estos temas y que, por lo mismo, hoy nadie quiere ser apuntado como el “rompe filas”, algo que se ha transformado –recalcaron– en una presión no menor. Así, se estaría apostando a evitar grandes tropezones, como sería el descolgarse de la acusación contra una de las figuras emblemáticas del Rechazo y de una derecha que quedó contra las cuerdas con el resultado de las urnas la noche del 25 de octubre.
Según varios consultados en la oposición, la acusación contra Pérez tendría un nivel de consistencia mayor en su argumentación tanto jurídica como política, lo que neutralizaría la opción de que alguno de los descolgados de siempre recurra a la debilidad del libelo para no votar a favor. Esto ha sido una reflexión transversal, desde los sectores más conservadores hasta los más progresistas dentro de la oposición, lo que ha sentado un precedente esperanzador, según afirmaron en las bancadas estos días.
Si bien insisten en que los tres capítulos del libelo contienen argumentos “tan evidentes”, el más fuerte sería el primero, de no cumplimiento de la ley, el “haber dejado de ejecutar las leyes en materia relativa al orden público”. Este caso está ligado al actuar del ministro frente al paro de camioneros, donde acusaron que Pérez no invocó la Ley de Seguridad del Estado y ni siquiera la ley antibarricadas aprobada semanas antes, ante el bloqueo de carreteras que protagonizó el gremio durante la pandemia.
Esto –explicaron– motivado por el hecho de que el grueso de los dirigentes del paro eran afines al Gobierno, incluso candidatos del oficialismo en elecciones anteriores, como lo fueron José Villagrán o Sergio Pérez, parte del comando de campaña del actual Jefe de Estado.
Los otros dos capítulos se refieren al “haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley”, que describe el trato desigual de Carabineros ante manifestantes dependiendo de si eran proclives o no al Gobierno, lo que se evidenció más plausiblemente durante las manifestaciones por el Apruebo y el Rechazo. En este caso –agregaron–, estaría en juego “la discrecionalidad y no precisamente la arbitrariedad, pero que en su conjunto, y al igual que en el capítulo anterior, apuntarían a un eje ideológico de parte del jefe de Interior”.
Por último, el “haber dejado de ejecutar las leyes y el no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia”, basado principalmente en las decenas de denuncias por el actuar abusivo de la policía uniformada, y que tomó mayor vuelo luego del trágico episodio del puente Pío Nono, que dejó a un joven de 16 años gravemente herido en el lecho del río, tras ser empujado por un efectivo de Carabineros.
Uno de los argumentos de la defensa, que ha empleado el ministro Pérez, se basó en la presentación de cientos de denuncias a cerca de 4 mil personas para sustentar la aplicación y cumplimiento de su rol, lo que fue calificado de “extremadamente débil”. En este caso –precisaron–, el no haber negado los hechos y solo haber acusado desprolijidad, se habría transformado, en detrimento de las aspiraciones del jefe de gabinete, en un “tremendo error”.
