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Crédito: Aton
En su declaración ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el persecutor Claudio Rebeco, quienes tienen en sus manos la investigación por delitos de lesa humanidad tras estallido social, el exjefe de gabinete también se refirió a la decisión de mantener en sus puestos al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, y al general Ricardo Yáñez, entonces subdirector de Carabineros. Su respuesta fue que “llevaban menos de un año en sus cargos y ambos estaban comprometidos con el proyecto de modernización y reforma de Carabineros que es un objetivo político fundamental del Gobierno. Además, en el año anterior habían pasado a retiro 40 generales del Alto Mando».
En el marco de la investigación por una querella en su contra por delitos cometidos contra civiles durante el estallido social, el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, declaró el pasado 17 de noviembre ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el persecutor Claudio Rebeco, para entregar su versión.
La declaración de Blumel es clave, pues fue la autoridad que estuvo a cargo durante prácticamente todo el período de protestas. Asumió el cargo el 28 de octubre de 2019 en reemplazo de Andrés Chadwick, y salió del gabinete el 28 de julio de este año, dejando su cargo en manos de Víctor Pérez.
De acuerdo a lo informado por Emol, la Fiscalía preguntó directamente al exjefe de gabinete «si el Ministerio del Interior impulsó acciones para favorecer el conocimiento y capacitación de los funcionarios de Carabineros acerca de esta nueva normativa (circular 1.832 sobre uso proporcional de la fuerza)».
Ante esto, Blumel respondió que «desde que se dicta esta normativa se llevan a cabo acciones para dar a conocer la nueva regulación entre los funcionarios de Carabineros. El 29 de octubre recién asumido como ministro del Interior, me reuní con las policías -Carabineros y la PDI- reforzando, desde el Gobierno, le necesidad de que se cumplieran estrictamente las reglas del uso de la fuerza respetando las garantías individuales».
«Procuramos cumplir la primera exigencia del director del INDH que públicamente pidió que se diera cumplimiento a estos protocolos. Además, el tema de las violaciones de DD.HH. en el país se había instalado en el debate. De hecho el 5 de noviembre de 2019, por oficio, solicité al director del INDH detalle sobre las querellas presentadas para contar con información detallada que permitiera adoptar medidas preventivas», agregó.
El exministro también se refirió a la actuación de Carabineros durante los días de la crisis social. Detalló que las reuniones se realizaban de manera presencial, por videoconferencia o «mediante instrucciones impartidas desde el alto mando» hacia abajo.
Otra de las preguntas que tuvo que responder fue: «¿Qué intervención le cupo, en particular, al Presidente de la República en este nivel de coordinación, en igual período?». El exsecretario de Estado respondió que «el Presidente como Jefe de Estado obviamente sostuvo reuniones con el alto mando para reforzar los mismos lineamientos: recuperar el orden público con apego a los protocolos y respeto a los derechos individuales».
Sin embargo, descartó que el Gobierno tuviera algún tipo de intervención a nivel estratégico u operativo, pues insistió en que solo se trató de reuniones de coordinación y que la competencia técnica les correspondía a las policías. «No hubo intervención en el diseño de las estrategias de control de orden público, porque le insisto que es un tema de competencia técnica de las policías. Solo reuniones de coordinación».
No obstante, admitió que una de las solicitudes que hizo el Ejecutivo a Carabineros fue «aumentar el personal operativo y de acuerdo a ello Carabineros adelantó el egreso del personal operativo de sus escuelas de formación». Y añadió que hizo «lo mismo respecto de la adquisición de carros lanza agua, vehículos de reacción táctica, capacitación, reentrenamiento, etc.».
La Fiscalía también investiga la responsabilidad de mando en Carabineros. En ese sentido, se le consultó al exministro Blumel si dichas responsabilidades se evaluaron, respecto al uso proporcional de la fuerza, a lo que respondió que «sí, por cierto hubo evaluaciones respecto de la responsabilidad del alto mando de Carabineros».
«Esa evaluación se hizo entre el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y se hizo una propuesta al Presidente de la República para introducir cambios en dos áreas neurálgicas: Fuerzas Especiales e Inteligencia. De hecho, el 11 de diciembre de 2019, anuncié el cambio de estructura de funcionamiento de FF.EE. que dependía del general Jorge Ávila y el general Rodrigo Ramos, director de Planificación y Desarrollo, que tenía a cargo la inteligencia de Carabineros, dos áreas sensibles en el contexto del estallido social. Además, pasaron a retiro otros dos generales por otras circunstancias», señaló.
Respecto a la decisión de mantener en sus puestos al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, y al general Ricardo Yáñez, entonces subdirector de la institución, Blumel respondió: «Porque llevaban menos de un año en sus cargos y ambos estaban comprometidos con el proyecto de modernización y reforma de Carabineros que es un objetivo político fundamental del Gobierno. Además, en el año anterior habían pasado a retiro 40 generales del alto mando».
Respecto a víctimas del estallido social a manos de agentes del Estado, el exministro dijo que «solo tengo conocimiento a partir de las querellas y de la información del INDH. En algunos casos graves y de connotación pública como Ministerio del Interior requerimos información a Carabineros y pedimos adoptar las medidas disciplinarias y entregar los antecedentes respectivos al Ministerio Público. Asimismo, me reuní personalmente en diversas ocasiones con María Eugenia Manaud y Juan Antonio Peribonio (consejera y presidente del CDE, respectivamente), con quienes acordamos que en casos más graves la acción penal del Estado, como querellante, la ejerciera el CDE contra el funcionario policial involucrado. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillay».
Al ser consultado sobre las querellas que se han presentado por crímenes de lesa humanidad a manos de agentes del Estado, dijo que «bajo ningún punto de vista yo advertí al interior de Carabineros el diseño de un plan o política para reprimir a los manifestantes a todo evento, más allá de las consecuencias. Carabineros estuvo latamente sobreexigido. Carabineros no había enfrentado nada parecido en las últimas tres décadas. Según informes que recibí hubo más de 1200 eventos graves de orden público en los primeros 100 días, 93 estaciones de metro vandalizadas».
«En medio de esa violencia callejera inusitada se hizo muy difícil el control del orden público y quedó en evidencia la necesidad de hacer una reforma profunda a Carabineros, pero en ningún caso puedo compartir la idea de una política, plan o concierto para dañar a la población. En diciembre se convocó a un consejo para la reforma de Carabineros, con participación de destacadas figuras en DDHH», cerró.
