«Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general antes mencionado, y anticipa que en caso que el proyecto avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el estado de derecho», dijo Piñera en un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, acompañado por los ministros del Interior y Segegob, Rodrigo Delgado y Jaime Bellolio respectivamente. El proyecto de ley que busca indultar a los presos del estallido social, fue anunciado la semana pasada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, junto al senador Juan Ignacio Latorre (RD). También firmaron Yasna Provoste, Isabel Allende y Alejandro Navarro. Tras el anuncio, Latorre dijo que «nada nuevo viniendo del Presidente Piñera, él se ha acostumbrado a ser más bien parte del problema y no de la solución, nos tiene acostumbrados al Congreso con amenazas de veto y de recurrir al TC. Nada nuevo en la gestión de Piñera». [ACTUALIZADA]
Se aproxima una nueva pugna entre el Gobierno y el Congreso. Esta tarde, el presidente Sebastián Piñera anunció su rechazo al proyecto de ley -presentado por senadores de oposición- de indulto general para detenidos durante las protestas del estallido social.
«Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general antes mencionado, y anticipa que en caso que el proyecto avance y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el estado de derecho», dijo Piñera en un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, acompañado por los ministros del Interior y Segegob, Rodrigo Delgado y Jaime Bellolio respectivamente.
El Mandatario comentó que «entre los delitos que se pretende indultar, se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a Carabineros y muchos más».
«Todas las personas que hoy están privadas de libertad por los delitos que un grupo de senadores intenta indultar, están privadas de libertad no por decisión del Gobierno ni de la Fiscalía. Están privados de libertad por decisión de los tribunales de justicia, que es un poder autónomo», agregó Piñera.
Acompañado por los ministros vocero de Gobierno y la Segpres, Jaime Bellolio y Cristián Monckeberg respectivamente, Piñera defendió la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), al señalar que ambas instituciones tienen el mandato constitucional de resguardar el orden público. «En el cumplimiento de esta misión, pueden usar la fuerza legítima y proporcional, pero siempre respetando la ley, los protocolos policiales, y respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos».
En esa línea, señaló que «si algún miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden no cumple con estas reglas, también debe ser investigado por la Fiscalía, y juzgado por los tribunales. Estos principios son parte esencial de una democracia».
El proyecto de ley que busca indultar a los presos del estallido social, fue anunciado la semana pasada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, junto al senador Juan Ignacio Latorre (RD). También firmaron Yasna Provoste, Isabel Allende y Alejandro Navarro.
«Nosotros creemos que no es aceptable que hace más de un año hoy día en nuestro país no tengan derecho a un debido proceso. No se sabe en qué situación están, no se sabe cuáles son los cargos que se le pueden hacer. Hay un total anonimato y un total ocultamiento de la realidad de estas personas, jóvenes en su gran mayoría, que lo único que han hecho es salir a protestar, a ejercer su legítimo derecho en democracia», planteó Muñoz.
El proyecto de indulto general ha generado rechazo no solo en el Gobierno, también en otros sectores de Chile Vamos. Por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró que la iniciativa de la oposición «no cumple con los objetivos mínimos y “evidentemente es tapar el sol con un dedo».
«El proyecto parte de la premisa que en el estallido social y protestas posteriores no hay víctimas. Como si no hubiera vecinos a los que les privaron el derecho a vivir tranquilamente, como si no hubiera vecinos a los que les destruyeron sus plazas, veredas, luminarias, sus semáforos; su derecho a dormir para sus adultos mayores, para sus guaguas lactantes», sostuvo Alessandri.
El sacerdote jesuita Felipe Berrios también se desmarcó del proyecto, respondiendo a la habitual columna del diario El Mercurio del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien planteó que critica que los senadores usan al mismo Berríos y que el sacerdote «piensa que los individuos hoy día en prisión deben ser exonerados de responsabilidad».
Berríos respondió este lunes en Radio Duna. «Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos Peña. No estoy de acuerdo con el indulto. Es un saludo a la bandera. Políticamente no veo que sea factible. Tampoco creo que todos lo merezcan. Los chiquillos que estoy tratando de defender que yo entiendo que los indultos se aplican a los que tienen sentencia y estos chiquillos no sé», indicó.
En esa línea, Berríos dice que habló con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), pidiéndole «que las dos cámaras le pidieran al Colegio de Abogados que hicieran un informe sobre cuántos son los presos que hay en Chile después del 18 de octubre, en qué condición física están y en qué condición jurídica están. Y a partir de eso ver los casos. Yo lo que pido es justicia, no indulto».
Tras el anuncio del Presidente Piñera, el senador Juan Ignacio Latorre dijo que «nada nuevo viniendo del Presidente Piñera, él se ha acostumbrado a ser más bien parte del problema y no de la solución, nos tiene acostumbrados al Congreso con amenazas de veto y de recurrir al TC. Nada nuevo en la gestión de Piñera».
«Mi llamado al Gobierno es a que se involucren en buscar una salida política a los presos de la revuelta. No puede ser que se naturalice el uso político del derecho penal, que se naturalice la prisión preventiva por mucho tiempo, abusando de la prisión preventiva en caso de determinados colectivos como son los jóvenes que se movilizan por protestas sociales», agregó.
Finalmente, señaló que «no puede ser que la respuesta del Estado sea únicamente la criminalización de la protesta, la represión y violación de los derechos humanos, y la cárcel. Tenemos que reconstruir vínculos con la población juvenil, y sobre todo cuando ha habido procesos irregulares en el Poder Judicial y con querellas por parte del Ejecutivo. Es importante que el ejecutivo defina una posición y se involucre en una salida política».