PAÍS
Crédito: ATON
Mientras en Palacio celebraron la resolución contra el segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, gracias al voto dirimente de la exjefa del Segundo Piso en Piñera 1, porque –a su juicio– “sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho», la reacción en la oposición fue diametralmente opuesta. Desde este sector apuntaron a la titular del TC, María Luisa Brahm –quien, aseguran, se debió haber inhabilitado en esta votación–, al cuoteo político en la integración de la instancia, al tiempo que recalcaron que “acá estaba en juego las facultades y las atribuciones del Parlamento”. Mientras el DC Gabriel Silber anunció un proyecto para eliminar el control preventivo del TC, los comunistas señalaron que “no nos dejaremos intimidar y continuaremos adelante con el proyecto del Impuesto a los Súper Ricos”.
La decisión del TC de aprobar el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera contra el proyecto de segundo retiro de fondos, presentado por diputados de oposición, nuevamente encendió el debate sobre las facultades de esta “tercera cámara” –como ha sido denominado– y también atizó la discusión sobre su presidenta, la abogada María Luisa Brahm, histórica asesora de Sebastián Piñera y quien inclinó la balanza a favor de La Moneda.
Mientras en Palacio celebraran la resolución alcanzada con el voto dirimente de la exjefa del Segundo Piso en Piñera 1, señalando que “sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho», en la oposición la reacción fue diametralmente opuesta.
Así lo resumió el senador RD Juan Ignacio Latorre: “La ‘tercera cámara’ nuevamente hace de las suyas. El TC dirime con voto de su pdta, ex asesora de Piñera 1, una reforma constitucional promulgada por el mismo gobierno, ahora es inconstitucional. Nueva Constitución tendrá que cambiar esta institución deslegitimada”, señaló el parlamentario en Twitter.
Para la subjefa de la bancada del PPD y coautora del proyecto de segundo retiro, Loreto Carvajal, la resolución del TC es la muestra “gráfica de lo que entendemos por un tribunal politizado”.
Apuntando a la figura de María Luisa Brahm, Carvajal sostuvo que “cuando se trata de un voto disidente que emana de una ex asesora del Presidente de la República, la verdad es que lo que se prueba es que este tribunal no puede seguir funcionando de esta manera».
En tanto, el jefe de bancada PPD, Raúl Soto, remarcó que “lo que estaba en juego no era el contenido del proyecto, acá lo que estaba en juego eran las facultades y las atribuciones del Parlamento (…). Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy día me parece una aberración jurídica”.
«Obviamente que el precedente que se sienta desde el punto de vista jurídico es preocupante, y evidentemente lo que hace en los hechos este fallo es poner un verdadero muro de contención a las facultades legítimas de los parlamentarios para impulsar otro tipo de iniciativas, como el impuesto a los súper ricos, y que vamos a seguir impulsando con fuerza”, añadió.
A su juicio, “aquí han primado intereses y criterios políticos. Esta es una prueba fehaciente más de que el Tribunal Constitucional es un tribunal netamente político, que está cuoteado políticamente”, añadiendo que su presidenta, María Luisa Brahm “se debió haber inhabilitado por lo menos en esta decisión».
En la DC, el diputado Gabriel Silber anunció un proyecto para eliminar el control preventivo del TC. A juicio del parlamentario, la decisión del tribunal cierra toda iniciativa legislativa, aun cuando existan “súper quórums” por parte del Congreso como ocurrió con el segundo retiro, que obtuvo 130 de 155 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas.
“Esto limita claramente las facultades del Congreso. Se van cerrando las puertas, porque acá el TC dinamitó la viabilidad jurídica de llevar adelante otro tipo de retiro, salvo que eliminemos esta discutible facultad sui generis del Tribunal”, indicó el parlamentario.
Para el presidente de la DC, Fuad Chahin, “el TC extralimita sus facultades y se hace un flaco favor a sí mismo con este fallo”. A su juicio, la revisión de sus atribuciones será una tarea de la Convención Constitucional.
“El Congreso está absolutamente facultado para modificar la Constitución, no puede declarar inconstitucional una reforma a la Constitución (…) nuevamente el voto dirimente para poder lograr este fallo es el de la exasesora del Presidente Piñera. Esto demuestra que en la nueva Constitución el control preventivo debe ser eliminado y modificarse completamente la designación de los ministros del TC”, subrayó.
En tanto, parlamentarios como la senadora DC Ximena Rincón apuntaron a la necesidad de reformar el Tribunal Constitucional. «El fallo del TC muestra lo politizado que está. Asesora de Piñera da el triunfo en contra de una decisión autónoma del Congreso que quiso dar soluciones urgentes a las personas. Hay que reformarlo», dijo la jefa de bancada de senadores DC.
Poniendo el foco en otros proyectos que podrían verse afectados por esta decisión del TC, desde la bancada del Partido Comunista remarcaron que “desde ya anunciamos que como diputadas y diputados no nos dejaremos intimidar y continuaremos adelante hasta que el proyecto del Impuesto a los Súper Ricos sea una ley, no importando que con esto se incomode a la elite y a un grupo reducido de multimillonarios a quienes esta crisis no ha tocado”.
A juicio de este grupo parlamentario, el fallo del Tribunal Constitucional “pone en entredicho la facultad legisladora del Parlamento, dejando a la Cámara y al Senado a merced de una decisión antojadiza del Ejecutivo de poner freno a iniciativas que vayan en directa ayuda de los chilenos y chilenas”.
En tanto, la presidenta del PH, Catalina Valenzuela, calificó como inadmisible la decisión del TC contra el proyecto impulsado por la diputada de ese partido Pamela Jiles.
La dirigente lamentó que este “Gobierno se esfuerce permanentemente, ponga sus recursos y su capacidad, en impedir el avance concreto de respuestas a las necesidades de la gente”.
“Acabamos de ser testigos de cómo se bloquea de manera estructural, formal, la posibilidad de que la gente pueda recurrir a sus propios recursos, ya que este gobierno no es capaz de resolverlo. Estamos siendo además testigos de cómo se intenta salvatar por todos los medios el dinero que llega de las AFP a las empresas vinculadas a estas, incluyendo la del hijo del propio Presidente de la República”, dijo Valenzuela.
