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Crédito: Aton
Fuentes de Chile Compra señalaron que la Subsecretaría adquirió estas cámaras de la marca Motorola sin que contaran con la opción de pre y post grabado, considerado un requisito obligatorio para la adjudicación de platas fiscales, lo que es parte de la investigación del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma. Mercado Público detectó otra situación irregular. En el proceso de licitación, la empresa Smart Partners pasó la primera etapa de evaluación en la Subsecretaría de Prevención del Delito, a pesar de que postuló con un monto muy superior a los $ 440 millones establecidos en el certificado de disponibilidad presupuestaria. La subsecretaría ha sonado fuerte en los últimos días para competir por un cupo en la Convención Constitucional. Sin embargo, fuentes de La Moneda han señalado que la militante RN optaría por quedarse en el Gobierno.
La Subsecretaría de Prevención del Delito, encabezada por Katherine Martorell, incumplió las bases de la licitación a través de la cual se compraron las cámaras corporales de Carabineros de la marca Motorola, por un monto de 378 millones de pesos, de acuerdo a un informe enviado por Chile Compra a la investigación por fraude al fisco en manos del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma,.
Según nuevos antecedentes consignados por Radio Bío Bío, fuentes de Chile Compra revelaron a ese medio que la Subsecretaría adquirió estas cámaras sin que contaran con la opción de pre y post grabado, considerado un requisito obligatorio para la adjudicación de platas fiscales.
En ese sentido, el grupo evaluador evadió los requisitos y buscaron en internet para establecer que la compañía sí cumplía con las funciones de pre y post grabado, haciendo coincidir los requisitos de forma ilegal. Incluso, los archivos en PDF encontrados por los funcionarios de la Subsecretaría fueron creados luego del cierre de la licitación en Mercado Público. Y en una publicación del sitio de Motorola decía que las captadoras de imagen carecían de post grabado.
Las bases de la licitación fueron «interpretadas» de manera ilegal, comentó una fuente de Chile Compra a Radio Bío Bío.
En el marco de esta investigación, el fiscal Ledezma dictó una serie de diligencias, entre ellas, el levantamiento de secreto bancario de Martorell y el resto de los imputados. Además se incautaron computadores y celulares de la Subsecretaría.
Cabe recordar que por esta situación, la empresa Pegasus –otro de los participantes en la licitación- interpuso una querella contra Martorell por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, lo que motivó una investigación del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma.
La subsecretaría Martorell ha sonado fuerte en los últimos días para competir por un cupo en la Convención Constitucional. Sin embargo, fuentes de La Moneda han señalado que la militante RN optaría por quedarse en el Gobierno.
Mercado Público detectó otra situación irregular, señala el citado medio. En el proceso de licitación, la empresa Smart Partners pasó la primera etapa de evaluación en la Subsecretaría de Prevención del Delito, a pesar de que postuló con un monto muy superior a los 440 millones establecidos en el certificado de disponibilidad presupuestaria. Es decir, esta oferta tenía que ser desestimada y no llegar a manos de Martorell. En enero pasado, esta misma firma vendió -vía trato directo- 300 cámaras Axxon por más de 450 millones.
La empresa que sí cumplía con el requisito de pre y post grabado era Pegasus, además de que su oferta era 131 millones de pesos más barata que Motorola.
Fuentes de Mercado Público indicaron a Bío Bío que de acuerdo a la ley, la Subsecretaría debió decidir por la oferta más barata para que las platas fiscales se usaran de mejor manera.
El 2019, la subsecretaria Martorell fue consultada respecto a por qué se eligieron las cámaras Motorola a pesar de que no contaban con la función de pre y post grabado, a lo que la autoridad respondió que se trataba de un problema «semántico».
Esta investigación judicial no es el único problema que enfrenta Katherine Martorell, pues la Contraloría General de la República también cuestionó la adquisición de mil cámaras de vigilancia a la empresa Ingesmart por 1.400 millones de pesos.
En un texto notificado a Martorell, la Contraloría señaló que «en efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número Nº1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia».
El ente fiscalizador también detectó que las cámaras HIKVision son de origen chino, están prohibidas en Estados Unidos y el estándar internacional de televigilancia las vetó debido a los problemas que presentan en su sistema informático. Además, diversos medios especializados en seguridad telemática, se indica que a través de estos dispositivos se realizan labores de espionaje.
