El director de la PDI Héctor Espinosa sostuvo ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que en Temucuicui opera “una organización criminal con alto poder de fuego”. “No sabemos cuánta gente hay ahí, porque no permitieron ser censados. Estimamos que hay 150 familias, unas mil personas”, indicó para justificar la magnitud del operativo. Antes, el senador Huenchumilla (DC) indicó que “es primera vez que veo un operativo de esta naturaleza (…) no lo he visto en una población de Santiago, menos en Zapallar con esa fiesta privada de jóvenes de la clase alta”. Insulza, por su parte, también pidió despejar el rol de Interior en esta trama. “¿Escuché mal? ¿El ministro no estaba informado del operativo?”, se preguntó. El director de la policía civil añadió que “a la PDI le falta apoyo político”, y antes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados negó que se haya violado los DD.HH.- en el procedimiento policial en La Araucanía. Respecto a la oportunidad del procedimiento, admitió que se evaluó que el veredicto del caso Catrillanca «facilitaría el ingreso» a Temucuicui [ACTUALIZADA]
Las dudas sobre el fallido megaoperativo del día 7 de enero en Temucuicui, como la magnitud del despliegue de la PDI, el rol del Gobierno y la oportunidad del operativo, fueron motivo de la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia en la que expusieron de forma telemática el director general de la PDI, Héctor Espinosa y el ministro del Interior Rodrigo Delgado junto al subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.
Uno de los que avivó los fuegos fue el senador DC Francisco Huenchumilla, quien llamó la atención a las autoridades, señalando que en La Araucanía “hay un tema político que obliga a ser cuidadosos y prudentes” y a “no apagar el incendio con mayor parafina”, como ocurrió en el operativo que dejó un inspector de la PDI fallecido.
“Acá tiene que primar un sentido de oportunidad”, dijo el legislador, advirtiendo sobre la magnitud del despliegue policial, que movilizó a unos 850 efectivos y 200 vehículos. “Es primera vez que veo un operativo de esta naturaleza donde casi el 10% de la dotación de la PDI se despliega en un operativo de este tipo. No lo he visto en una población de Santiago, menos en Zapallar con esa fiesta privada de jóvenes de la clase alta”, indicó.
Las dudas de la oposición también fueron expresadas por el senador socialista José Miguel Insulza, quien hizo hincapié en lo desproporcionado del despliegue de la PDI. “En Temucuicui hay 271 habitantes, ¿a qué se debe que se requirieran 850 efectivos de la Policía de Investigaciones, traídos de casi todo el país?”, se preguntó.
También pidió despejar el rol de Interior en esta trama. “¿Escuché mal? ¿El ministro no estaba informado del operativo? Este es un ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo jefe es el ministerio del Interior si uno va a enviar un batallón le informa al general, pues, por eso es necesario saber cuál era el grado de información que tuvo el ministerio del Interior”, indicó.
El ministro Delgado aclaró que “no he dicho en ningún momento que no tenía información, jamás lo dije”, mientras el director de la PDI intentó defender el despliegue de la institución. “No somos una policía autónoma (…) Entiendo que hay una realidad política distinta en La Araucanía pero eso no es factor para no dar cumplimiento a órdenes judiciales”, dijo.
Espinosa insistió en que en Temucuicui opera “una organización criminal con alto poder de fuego”. “No sabemos cuánta gente hay ahí, porque no permitieron ser censados. Estimamos que hay 150 familias, unas mil personas”, indicó para justificar la magnitud del operativo.
El director de la policía civil añadió que “a la PDI le falta apoyo político”, y antes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados negó que se haya violado los DD.HH. en el procedimiento policial en La Araucanía. «No aceptamos que nos digan que violamos los DDHH y menos que hemos tratado mal a una pequeña inocente» dijo sobre la bullada detención de Guacolda, la hija de Camilo Catrillanca por cuyo caso la Defensoría de la Niñez interpuso un recurso.
Respecto a la oportunidad del procedimiento –que coincidió con la lectura del veredicto condenatorio por el crimen de Camilo Catrillanca en Angol- el jefe policial PDI sostuvo que se evaluó que veredicto del caso Catrillanca «facilitaría el ingreso» a Temucuicui.
“La eventual asistencia de las comunidades mapuche (al tribunal) podría implicar (que hubiera) un menor número de personas no involucradas en la investigación (en la comunidad) y podía distraer ciertos mecanismos de vigilancia utilizados por los delincuentes», dijo ante la Comisión de Seguridad del Senado.
Desde la derecha, parlamentarios, como el diputado y exintendente Andrés Molina sostuvo que “acá hay una realidad de crimen organizada, de armas de alto calibre”, mientras la senadora RN Marcela Sabat sentenció que en la zona “hay un problema político que no se reduce a un problema policial”.
Para el presidente de la instancia, Felipe Kast, “acá hay una deuda con el pueblo mapuche, pero nada tiene que ver con el tráfico de droga. Estos delincuentes ocupan la fachada del pueblo mapuche”.
El senador de Evópoli también puso el foco en la falta de avance de leyes de seguridad den el Legislativo y lamentó que el Congreso haya sido “bastante poco colaborativo en estas materias” como con el rechazo al proyecto del robo de madera en la Cámara.