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Crédito: ATON
En la última sesión antes del receso legislativo de febrero, en la sala de la Cámara de Diputados no salió humo blanco en el gallito por el voto anticipado. El Ejecutivo no se movió de su planteamiento de habilitarlo con dos días de antelación mientras los diputados promovían un plazo de 8 a 14 días antes de los comicios, tal como fue aprobado en las comisiones de Gobierno y Hacienda. La fórmula de Gobierno fue refutada por los mismos parlamentarios de su coalición, como el RN Andrés Longton, quien espetó al Ejecutivo que su propuesta es “bastante conservadora” y “no cumple con la esencia de lo que significa un voto anticipado”. Desde la oposición, el independiente Pepe Auth señaló que “lo que propone el Gobierno no es voto anticipado, es voto fragmentado”. Ahora el Senado tiene la palabra.
Un último «gallito» entre el Congreso y el Gobierno se verificó en la sesión de la Cámara de Diputados antes del receso legislativo de febrero, con el proyecto de voto anticipado, donde se midieron dos posturas: el Ejecutivo llegó con su planteamiento de habilitarlo con dos días de antelación mientras los diputados promovían un plazo de 8 a 14 días antes de los comicios, tal como fue aprobado en las comisiones de Gobierno y Hacienda.
Finalmente, la sala de la Cámara aprobó el voto anticipado para los electores que por razones de salud o movilidad tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Sin embargo, no hubo quórum para fijar los días de antelación de la votación, lo que tendrá que ser zanjado en el Senado.
Otra indicación que se cayó fue la que buscaba asegurar el voto de las personas privadas de libertad, la cual solo tuvo 65 a favor, 46 en contra y 7 abstenciones.
En su intervención, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, expresó la disposición del Gobierno de avanzar en legislar en este punto con el objetivo de “ampliar la participación electoral”. Sin embargo, defendió el plazo de antelación fijado por el Ejecutivo, señalando la necesidad de cautelar la impecabilidad del proceso electoral, además de considerar que hay un tema de gasto adicional dado el “despliegue logístico, operativo y de costos, muy relevante” para hacer operativa la reforma.
“El Ejecutivo optó por una propuesta más cautelosa, pero que permite votar anticipadamente a más de 3 millones de chilenos, de grupos de riesgo”, indicó.
Su tesis fue compartida por Andrés Molina, de Evópoli, quien valoró el proyecto en los términos concebidos por el Gobierno, recordando que extender el plazo obliga a tener “las urnas resguardadas”. “Tenemos que ir paso a paso”, dijo.
Sin embargo, la fórmula de Gobierno fue refutada por los mismos parlamentarios de la coalición, como el RN Andrés Longton, quien espetó al Ejecutivo que su propuesta es “bastante conservadora” y “no cumple con la esencia de lo que significa un voto anticipado”.
Asimismo, rechazó el argumento del Gobierno del gasto adicional que conlleva poner en marcha una reforma de ese tipo, y por tanto refutó la posibilidad de llevar esta ley al Tribunal Constitucional, como sugirió durante el trámite el Ejecutivo.
“No implica mayores gastos, porque son costos indirectos. La indicación presentada por la diputada Andrea Parra es absolutamente admisible”, indicó.
Desde la oposición, el independiente Pepe Auth se fue en picada contra la propuesta del Ejecutivo, señalando que “lo que propone el Gobierno no es voto anticipado, es voto fragmentado”. Por su parte, la diputada RD Catalina Pérez sostuvo que con este proyecto se paga una deuda con sectores del país que ven complicada su participación electoral, y si bien es todavía insuficiente –porque deja grupos de personas fuera como los privados de libertad- lo catalogó como “un buen primer paso”.
“La propuesta del Gobierno es irreal y hasta diputados oficialistas de la comisión de Gobierno Interior lo dijeron, porque no ayuda a nadie”, indicó.
En cuanto a los plazos para poner en marcha la reforma, la presidenta de RD indicó que “ojalá pueda ser aplicado en las elecciones en abril”, cuando se deben celebrar los comicios de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Y apuntó al Gobierno por la demora en tener humo blanco. “el proyecto se está tramitando desde agosto, en la oposición hemos cedido, pero el Gobierno no ha demostrado voluntad”.
Sin embargo, Auth advirtió respecto a los tiempos a contrarreloj con los que se está tramitando esta reforma. Explicó que sería ley la segunda semana de marzo y obliga al Servel a levantar una plataforma electrónica, construir un padrón ad hoc y establecer locales en todo Chile. En tal sentido, recordó que se le preguntó al director del organismo si podrían asegurar la impecabilidad del proceso de abril, y “contestó en forma categoría que en ese plazo breve de tiempo, no”. “No podemos hacer una reforma contra el Servel”, advirtió.
Según la diputada DC Joanna Pérez, la propuesta del Gobierno no considera a personas en situación de faenas mineras o temporeros, mientras el jefe de bancada socialista, Luis Rocafull dijo que en su sector “no muy entusiasmados vamos a apoyar este proyecto, con la esperanza de que esto tiene mucho que mejorarse, la gente espera mucho más que esto, porque en términos concretos este proyecto no da las facilidades como debiera ser”.
