PAÍS
Pese a advertencias hechas desde el Departamento de Estado, el Ejército de Estados Unidos y la Embajada de ese país en Chile, en 1991 y durante varios meses Augusto Pinochet se obstinó con viajar a un encuentro de militares en Washington DC, justo cuando en Chile se había reabierto el caso Letelier y allá se juzgaba a Virgilio Paz, uno de los asesinos de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, a consecuencia de lo cual le dijeron en todos los tonos que existían altas posibilidades de ser interrogado o incluso arrestado por el FBI, pero Pinochet creía que todo se arreglaba con una visa A-1, que él creía que le entregaba inmunidad diplomática, algo que los mismos funcionarios estadounidenses le dijeron hasta el cansancio a su principal asesor, Jorge Ballerino, que no era efectivo.
Uno de los episodios más desconocidos de los inicios de la transición a la democracia quedó al descubierto en una serie de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos que relatan cómo Augusto Pinochet fue advertido por ese país de que sería posiblemente arrestado si llegaba a poner un pie allá, a fines de 1991.
El primero de dichos informes está fechado el 02 de junio de ese año y relata que ese día el entonces asesor principal de Pinochet, el general Jorge Ballerino, junto al abogado y auditor del Ejército Fernando Lyon, llamaron a Washington DC para hablar con dos abogados del Departamento de Estado, Linda Jacobson y Michael Peay. La razón del contacto era que en noviembre de 1991 se realizaría, en esa capital, la Conferencia de Ejércitos de América (CAA, por sus siglas en inglés).
Como asistían todos los Comandantes en Jefe, cargo que el exdictador había reservado para así, luego de dejar el poder el 11 de marzo de 1990, correspondía invitarlo. De hecho, el tema se venía discutiendo entre el Departamento de Estado y el Pentágono desde hacia varios días. Tras el fin de la dictadura y la salida de Pinochet de La Moneda, Chile había sido nuevamente certificado para la venta de armas y la administración de Patricio Aylwin era fuertemente apoyada por los norteamericanos. No invitar al Comandante en Jefe del ejército de un país democrático y amigo habría sido un desaire pero, al mismo tiempo, en los pasillos de la Casa Blanca, ocupada en aquel entonces por los republicanos, se estimaba que era impresentable que este acudiera.
Pocos meses antes se había reabierto en Chile la investigación por el asesinato del excanciller Orlando Letelier, asesinado junto a Ronnie Moffit en Washington DC en 1976, crimen cometido por la DINA chilena. En la práctica, ese doble homicidio, cometido a 15 cuadras de la Casa Blanca, había significado el cese del apoyo estadounidense al dictador chileno y numerosas peticiones en dicho país en orden a investigarlo penalmente, ninguna de las cuales se había concretado hasta esa fecha.
Debido al enfriamiento de las relaciones, además, Pinochet comenzó a desconfiar abiertamente de Estados Unidos, a tal punto que —como hemos relatado antes— durante mucho tiempo estuvo convencido de que quienes lo habían emboscado en 1986 en San Alfonso habían sido miembros de la CIA norteamericana y no del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Pese a todo ese historial, Pinochet quería asistir a la CAA y esa mañana de junio Ballerino y Lyon preguntaron a los estadounidenses qué pasaría si Pinochet “decidiera” ir a su país.
La respuesta fue inequívoca: “fueron informados de que el Departamento de Justicia probablemente lo requerirá para responder preguntas y posiblemente entregar una declaración en el caso Letelier. En el evento de que particulares presenten querellas en su contra, no puede esperar ningún tipo de inmunidad”, señala un documento norteamericano que permaneció clasificado durante muchos años y que estaba firmado por el Secretario de Estado de George Bush padre, James Baker.
En realidad, Ballerino y Lyon querían hablar directamente con los abogados del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General (que depende del primer organismo), pero al ser informados de que estos no podían conversar con ellos porque podía producirse un eventual conflicto de intereses futuro, deberían haber advertido que la situación iba a ser muy compleja, pero parece que no lo hicieron.
En la conversación, Peay les explicó que si bien no existían en ese momento causas abiertas en contra de Pinochet en Estados Unidos y que la arista principal del caso Letelier estaba cerrada, sí existía un flanco vigente: el que implicaba al cubano anticastrista Virgilio Paz (que había vivido en Chile, al amparo de la DINA), cuyo juicio comenzaba el 03 de septiembre.
Frente a ello, el abogado explicó a los chilenos que a las autoridades federales les gustaría contar con una declaración voluntaria de Pinochet. Sin embargo, si este se negaba, “deberían decidir si ejercían o no su autoridad legal para compulsarlo a dar una declaración bajo juramento”. Además, detalló Peay, “también existe la posibilidad de que la defensa de Virgilio Paz pida una declaración de Pinochet”.
Del mismo modo, Peay comentó que si personas particulares llegaran a presentar acciones penales en contra del exmandatario, Pinochet tampoco gozaría de inmunidad alguna frente a ellas.
A este respecto, la abogada Jacobson les precisó que si bien Pinochet tendría el estatus de “visita oficial”, ello no le entregaba inmunidad alguna, pues dicho privilegio solo lo tenían los jefes de Estado que eran tales en ese momento y que quienes lo habían sido, solo gozaban de inmunidad respecto de determinados actos, pero eso tampoco era automático.
En otras palabras, explicó Jacobson, si Pinochet era detenido y quería alegar que era inmune a la justicia estadounidense porque estaba revestido de inmunidad como presidente cuando ocurrieron los hechos que se le imputaban (el caso Letelier) tendría que demostrarlo en un tribunal y “no es resorte del Poder Ejecutivo de Estados Unidos aceptar o rechazar esa defensa”, concluyó.
Ballerino y Lyon escucharon atentamente al otro lado de la línea y propusieron una “solución”: contactarse con el Departamento de Justicia, para sondear allí la posibilidad de que, previo al viaje, Pinochet entregara una declaración respecto del caso Letelier. Peay replicó que aún si fuera así, eso no significaría que Pinochet quedara exento de alguna de las posibilidades antes detalladas.
En forma enigmática, según detalle el reporte desclasificado, Ballerino indicó que “no podemos resolver un problema si aún existen otros”, agregando que le pedía a los abogados del Departamento de Estado “sus buenos oficios” para hablar con el Departamento de Justicia, ante lo cual Peay le dijo que lo haría y que se le respondería a través de la embajada en Santiago. Frente a ello, el general pidió que se le contactara personalmente y no por medio del Ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces, Edmundo Vargas.
Quizá lo más decidor de todo ese documento es lo que al final aparece bajo al subtítulo de “bottom line”, lo que podríamos traducir como algo así como “raya para la suma”. Allí, Baker indicaba que “no hay posibilidad de que Pinochet venga, sin enfrentar la posibilidad muy real de ser interrogado por las autoridades de justicia o (verse) implicado en procedimientos relativos al caso Letelier”.
También dejaba constancia de que se había consultado con abogados del Departamento de Justicia y que estos, claro, no querían acceder a mandar un cuestionario o a aceptar una declaración previa. “En cualquier caso, ellos se sentirán obligados a interrogar a Pinochet aquí aunque sea por razones políticas y de relaciones públicas”, concluía.
Un mes más tarde, Ballerino llamó al Embajador de Estados Unidos en Santiago, Charles Gillespie. “Afirmó que Pinochet sigue activamente interesado en aceptar invitación del Ejército de Estados Unidos para ir a la Conferencia de Ejércitos Américas en Washington DC, en noviembre de 1991”, señala el informe secreto que dejó constancia de dicho llamado.
Pese a dicha tozudez, Ballerino comentó que entendía que su jefe no contaría con inmunidad y que el problema principal radicaba en el caso de Virgilio Paz, pero señaló creer que si este era declarado culpable se reducía el problema para Pinochet, agregando que el acuerdo parlamentario que se había adoptado en Chile, en orden a indemnizar a las familias Letelier y Moffit, también bajaba la presión.
Por cierto, lo que Ballerino quería saber era si Gillespie tenía alguna novedad para él de parte del Departamento de Estado. El diplomático le dijo que no había escuchado nada al respecto aún (aunque, como quedaba en evidencia en el informe anterior, la decisión ya estaba tomada).
Ante ello, Ballerino trató de justificar el interés de Pinochet por ir a Estados Unidos: “dijo que su asistencia a la Conferencia de Ejércitos Americanos es importante, porque es la ocasión para que el Ejército chileno y el público vean a su comandante implicado estrictamente en asuntos militares”, argumento que obviamente era el que todos intentaban socializar. El mismo Gillespie relata que poco antes el Ministro de Defensa, Patricio Rojas, le había señalado lo mismo.
Pasó un par de meses sin que el Ejército volviera a mostrar mucho interés en el tema, pero el 16 septiembre de 1991 Ballerino llamó de nuevo a Gillespie, de lo que quedó constancia en otro documento actualmente desclasificado. Cinco días después él mismo viajaría a Washington, donde esperaba conversar sobre el viaje de Pinochet con miembros del equipo del general Gordon Sullivan, la máxima autoridad militar al interior del Pentágono. Mal que mal, la CAA tendría lugar entre el 3 y el 8 de noviembre y Pinochet quería saber qué sucedería con él allá, aunque su estadía en total se extendería solo por 36 horas, según su asesor.
Pese a la incertidumbre, todas las actividades de Ballerino tenían que ver con el viaje de Pinochet a Washington. De este modo, su agenda entera giraba en torno a ello, pues consideraba coordinar allá un llamado telefónico de Pinochet a Sullivan, armar un listado de temas para ese encuentro, invitar a Sullivan a Chile y, como no, “discutir detalles adicionales” de la visita de Pinochet a EEUU.
La conversación con Gillespie giró justamente en torno a esos “temas adicionales”. A ese respecto, pese a que era obvio que los fiscales de EEUU ni siquiera respondieron a la idea de hacer una declaración previa, Ballerino manifestó que “Pinochet no tiene problemas en responder preguntas, pero prefiere que Estados Unidos mande alguien a Chile para ese propósito”.
Aparentemente sin entender que no habría respuesta alguna frente a la idea de la declaración previa, el alto oficial chileno reiteró a Gillespie que le habían dicho que le iban a contestar a través de la embajada y el diplomático volvió a decirle que nada sabía al respecto. Del mismo modo, y dado que ya había terminado el juicio contra Virgilio Paz (quien fue sentenciado a 12 años) “Ballerino se preguntó si aún habría interés en interrogar a Pinochet”, en lo que solo puede considerarse como un nuevo acto de ingenuidad política.
Del mismo modo, Ballerino aseveró que el Ejército estaba siendo asesorado por una firma de abogados estadounidense, la cual les dijo que “basados en numerosos precedentes, se podría acordar inmunidad diplomática y por ende se le debía garantizar una visa A-1” para Pinochet; es decir, el tipo de visa que se reserva para funcionarios gubernamentales y diplomáticos.
Con mucha suavidad, Gillespie le respondió que él no podía garantizar inmunidad para Pinochet sin consultar con Washington, reiterándole que “es posible que el Fiscal de EEUU, cuyo interés en buscar justicia en los asesinatos de Letelier y Moffit trasciende al veredicto de Paz, tenga interés en interrogar a Pinochet acerca de hechos que ocurrieron en su presidencia”. Además, el embajador le señaló que “puede ser compelido (a testificar) como testigo, incluso si está en Estados Unidos por un tiempo muy corto”.
Pinochet, según su principal asesor, estaba consciente de que enfrentaría manifestaciones o protestas en Estados Unidos “y está listo para lidiar con estas contingencias”, respondió Ballerino, pero quería que este obtuviera “una garantía de que no sería obligado a comparecer ante un tribunal”.
¿La respuesta? La obvia. Gillespie le indicó que no podía darle una garantía de ese tipo, pues quien tenía esa decisión en sus manos era un fiscal. Además, le sugirió que aprovechara su viaje a Washington con el fin de buscar más “claridad”.
Ballerino siguió al pie de la letra el consejo de Gillespie y en Washington DC se reunió con el segundo de Sullivan, el general David Reimer. Probablemente como estaban hablando entre militares se podían decir las cosas más abiertamente y así fue como el estadounidense, en buenas cuentas, le explicó que Pinochet no podía presentarse en dicho encuentro.
De hecho, Reimer contó a Ballerino que tres días antes le habían entregado un análisis muy detallado (uno de cuyos redactores era Peay) de lo que podría suceder si el militar chileno llegaba a la conferencia y, aunque había algunas opciones un poco mejores que las otras, ninguna era positiva para el exdictador.
En primer lugar, dicho informe dejaba muy en claro que Pinochet no poseía inmunidad diplomática, pues no era parte de la misión diplomática chilena acreditada en Washington y no era jefe de Estado activo. Es más, en un tono que revelaba el hastío que existía ya en el Departamento de Estado frente a la testarudez chilena, el reporte señalaba que “el general Pinochet no está revestido de inmunidad diplomática, ni puede ser acreditado como diplomático chileno en Estados Unidos”.
Incluso, se señalaba que pese a que efectivamente podría recibir una visa A-1 “esa visa, ni ninguna visa para algo así, tiene algo que ver con inmunidad diplomática. Una visa no entrega ninguna inmunidad a quien la porta”.
Lo anterior era solo un preámbulo. Lo realmente complejo eran las tres situaciones penales que, a juicio del Departamento de Estado, se podían producir como consecuencia de la visita de Pinochet.
La primera era que fuera invitado a prestar declaraciones en forma voluntaria ante el FBI.
La segunda opción consistía en que fuera citado ante un Gran Jurado (instancia judicial secreta, presidida por un fiscal, que busca determinar si hay antecedentes para iniciar una causa criminal contra alguien) “en conexión con una investigación relativa a cargos de obstrucción a la justicia”. En otras palabras, alguno de los fiscales del caso Letelier podría haberlo citado ante un Gran Jurado y eso habría hecho posible que el INS (la policía fronteriza) “evite que Pinochet abandone EEUU hasta que comparezca ante el Gran Jurado”.
La tercera opción era que se emitiera una orden de arresto en su contra, ya sea porque se lo considerase un testigo material que podía huir de la justicia, hasta ser detenido por “el cargo de obstrucción a la justicia en el caso Letelier o por otros casos criminales pendientes al momento de la visita de Pinochet”, señalaba el texto.
El análisis culminaba diciendo en forma lapidaria que “no puede haber garantías desde el Poder Ejecutivo a Pinochet respecto de asegurarle alguna protección frente a acciones iniciadas en su contra. También puede ser objeto de acciones debido a querellas privadas que se presenten en su contra mientras se encuentre en Estados Unidos”.
Un par de días antes, a miles de kilómetros de distancia, se había producido una reunión semejante. En ella estaban el Embajador de Estados Unidos en Chile, Charles Gillespie, y el entonces canciller Edmundo Vargas. Gillespie básicamente le dijo lo mismo, tanto en lo relativo a que la visa A-1 no entregaba inmunidad de ningún tipo, como en lo relativo a las posibles acciones judiciales que Pinochet enfrentaría en Estado Unidos.
Además, le agregó que “Estados Unidos no está tratando de desincentivar la participación de Chile en la CAA, pero queremos que su gobierno comprenda claramente los cursos de acción que se abren si Pinochet entra a Estados Unidos”.
Luego de todas esas reuniones y llamadas, al regresar Ballerino se reunió con el entonces Ministro de Defensa Patricio Rojas, a quien le informó de lo acontecido, pero lo dejó tranquilo, pues le aseguró que él aconsejaría a Pinochet que no asistiera a la reunión.
Sin embargo, el 8 de octubre Rojas se encontró con Pinochet en una actividad rutinaria, algo teóricamente sin complicaciones. No obstante, al término del encuentro, Pinochet dejó caer un balde de agua fría sobre la cabeza de Rojas pues, según explicaba otro documento secreto del Departamento de Estado, le dijo que pensaba ir de todos modos a Estados Unidos.
Tras ello, Rojas partió a conversar con Gillespie, a quien le dio a conocer sus dudas acerca de la “fortaleza” del consejo de Ballerino, pero además le indicó que, por sus propias fuentes, sabía que si Pinochet llegaba a acudir al encuentro en EEUU, los demás comandantes en jefe estaban de acuerdo en ignorarlo.
No obstante, Rojas creía que, en el fondo, Pinochet quería ir a desafiar a las autoridades estadounidenses.
Según escribió Gillespie, aludiendo al acuartelamiento de diciembre de 1990 (efectuado por Pinochet como advertencia frente a las investigaciones judiciales que afectaban a su hijo mayor), el ministro le indicó que “Pinochet percibe que hay presión desde el gobierno hacia él o hacia su familia” y que una forma de dar vuelta la situación “es convertirse en el agraviado y ofendido si las autoridades de Estados Unidos intentan aprehenderlo o detenerlo durante la conferencia”.
Ante ello, según pensaba Rojas, “una parte sustancial del público chileno, la ultraderecha y las fuerzas armadas sucumbirán a las ansias nacionalistas y verán la acción de gobierno de Estados Unidos como una agresión”. Además, argumentó que una detención de Pinochet en EEUU afectaría a la investigación del juez a cargo del caso Letelier, Adolfo Bañados, así como las relaciones cívico-militares y las relaciones bilaterales.
Pese a todo eso, el secretario de Estado aseveró que ellos (es decir, el gobierno de Aylwin) no intervendrían para impedir que Pinochet viajara, pero quería que Gillespie “entendiera la situación”, sin que quede claro a qué se refería, aunque lo más probable es que le estuviera tratando de hacer presente el desastre que significaría para el gobierno de Aylwin un arresto de Pinochet en el extranjero, tal como finalmente sucedió años más tarde bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Pese a la posición inicial de Ballerino, el 16 de octubre este fue enviado por Pinochet a hablar con Gillespie. Aparentemente, a diferencia de lo que pensaba Rojas, no tenía ningún a intención de terminar sus días en una prisión federal perdida en medio de Colorado, por lo cual su adláter insistió con la necesidad de que su jefe recibiera una visa diplomática, que le garantizara inmunidad.
Sin embargo, parece ser que la gestión de Rojas había dado algunos frutos. De ese modo, el embajador respondió al militar que “el tipo de visa que se emitirá para el jefe de la delegación dependerá de los requerimientos y estatus del mismo, pero en caso alguno dicha visa le conferirá inmunidad”, según detalla otro informe secreto.
Ese era el último cartucho que iba quedando y, ante eso, Ballerino respondió que se informaría oficialmente a Estados Unidos que quien encabezaría la delegación chilena al encuentro continental de Ejércitos sería el jefe de estado mayor del Ejército de Chile, cargo que por aquel entonces ocupaba el general Rodrigo Sánchez Casillas.
Sí, Pinochet era de ideas fijas y obstinado, pero sabía que no podía poner un pie en Estados Unidos si no contaba con inmunidad diplomática aunque, como ya sabemos, dicha inmunidad (con la que contó a partir de 1998, tras asumir como senador vitalicio) no le sirvió de nada cuando el juez español Baltazar Garzón emitió una orden de detención en su contra, en el marco de la investigación que llevaba contra Pinochet por el plan “Cóndor”.
