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La Cátedra de Racismo y Migraciones de la casa de estudios emitió una dura declaración a raíz de la promulgación de la controvertida Ley de Migraciones en Iquique, señalando que “consolida un relato donde iguala narcotráfico y delincuencia internacional con migración indocumentada, y vuelve a subrayar la condición de “ilegalidad” para referirse a las personas”. Además, acusa que el cuerpo legal “no considera que hombres, mujeres, niños y niñas de la migración tienen derechos humanos”. Desde el Gobierno han salido a defender la nueva normativa bajo la lógica del “ordenar la casa” y de acuerdo al jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Bellolio, con la promulgación, el país bajará los ingresos clandestinos de extranjeros al país y dificultará el tráfico de personas. “El que ingresó irregular, lo que le ofrece esta nueva ley de migraciones es que se vaya del país por voluntad propia”, dijo el diputado UDI por Arica-Parinacota, Nino Baltolu, en El Mostrador en La Clave.
Mientras el Gobierno y el oficialismo siguen defendiendo la Ley de Migraciones promulgada este fin de semana en Iquique por el Presidente Sebastián Piñera, desde la Universidad de Chile lanzaron una lapidaria crítica a la nueva normativa.
La Cátedra de Racismo y Migraciones de la Casa de Bello emitió una dura declaración, coordinada por la académica María Emilia Tijoux, en la que plantea que con la promulgación “el Gobierno de Chile corona tres años de instrumentalización de la política migratoria y de discriminación de carácter racista contra las personas migrantes frente a la ciudadanía nacional, consolidando un relato donde iguala narcotráfico y delincuencia internacional con migración indocumentada, y vuelve a subrayar la condición de “ilegalidad” para referirse a las personas”.
El texto añade que “esta puesta en escena nuevamente deja ver la insistencia por establecer una división entre el buen migrante y el mal migrante, lo que busca dirigir la mirada de todo el país hacia la supuesta amenaza que contendría la migración».
Los académicos también disparan contra la puesta en escena de la promulgación, al señalar que “el discurso estuvo cargado de exigencias y amenazas. Es la expresión concentrada de un racismo institucional (…) con un tono amenazador contra la migración irregular que es tratada como perversa; agradecimientos a las fuerzas militares y a las policías; indiferencia ante las autoridades locales, municipales y poblaciones de la zona que han intervenido en situaciones de acogida, generalmente sin apoyo; suposición de que hay malas intenciones o poca sinceridad en la migración”.
“Así actúa el Gobierno frente a un “otro” que entiende como un “enemigo” que sigue siendo útil para explotar o para maltratar. Esto es racismo. Esto es violencia. Esto es no considerar que hombres, mujeres, niños y niñas de la migración tienen derechos humanos”, finaliza la declaración.
Desde el Gobierno han salido a defender la nueva normativa. De acuerdo al jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Bellolio, con la promulgación, el país bajará los ingresos clandestinos de extranjeros al país y dificultará el tráfico de personas.
Entrevistado en Radio Cooperativa, el funcionario indicó que “si Chile efectivamente se pone los pantalones y toma medidas que desincentivan el ingreso clandestino y el tráfico de personas, la cantidad de personas que ingresan en forma clandestina va a disminuir”.
Además, aseguró que la nueva normativa pone fin al denominado «turismo laboral», dado que «disminuye en forma considerable el concepto de irregularidad».
«Chile tomó la decisión de no aceptar que las personas no sinceraran las razones (de entrada) en la frontera, y dijeran que venían como turistas cuando venían en verdad a trabajar, y hacemos un proceso ordenado y consular, y mucho más rápido de lo que hay ahora, ayuda a la integración y a la cohesión entre nacionales y extranjeros, y a preparar a los gobiernos locales, a los municipios que reciben a estos migrantes», añadió Bellolio.
De este modo, “las personas que entraban y en la frontera decían que venían a entrar como turistas, pero su intención era trabajar bajo la antigua ley podía devenir en que, al no tener carnet de identidad o contratos, muchas veces se generaban abusos laborales (…) o en materia de vivienda».
En el oficialismo se han alineado con estos argumentos del Ejecutivo. De acuerdo a Nino Baltolu, diputado UDI por Arica y Parinacota, con la nueva ley de migraciones “se trata de ordenar el país”, porque “han entrado muchas, muchas personas” de forma irregular.
De acuerdo al parlamentario por la zona fronteriza, lo que hace la ley es que “se está regulando a las personas que están acá” y establece que “las personas que ingresaron de forma irregular al país, tienen que salir y no les va a pasar nada”. “El que ingresó irregular, lo que le ofrece esta nueva ley de migraciones es “que se vaya del país por voluntad propia”, añadió en El Mostrador en La Clave.
