La resolución es el segundo fallo favorable del organismo ambiental a favor de Andes Iron, empresa controlada por la familia de Carlos Délano, pero no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, ya que las entidades ambientalistas y comunitarias agrupadas en la Alianza Humboldt anunciaron que acudirán a Corte Suprema para revertir el fallo. A a juicio de estos existe suficiente información y consenso científico sobre el daño irreversible que causaría en los ecosistemas marinos el proyecto Dominga. La resolución del tribunal determinó anular el rechazo del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, por lo que deberá volver a la instancia de decisión política. En cualquier caso, la presiones que tendrá el gobierno de Sebastián Piñera no serán menores, toda vez que bajo esta administración y a través del Ministerio de Medio Ambiente, Chile adhirió a dos compromisos internacionales de protección de los mares. El primero es The Blue Leaders, que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años. Y el segundo, más relevante aún, es su adherencia la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos (High Ambition Coalition for Nature and People-HAC), una coalición de alta ambición climática que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.
Un nuevo foco de conflicto en materia ambiental se reactivó este viernes con la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de acoger la reclamación en favor de Minera Dominga, que se ubica en la zona de La Higuera, región de Coquimbo, un proyecto minero portuario resistido por ambientalistas y comunidades locales de la zona por su impacto en el ecosistemas marinos de la zona.
Con esto, se determinó anular la resolución del Comité de Ministros -que en 2017 definió el rechazo del proyecto, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, entre otros aspectos- y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.
En abril de 2018, el mismo tribunal falló que el proyecto de Andes Iron se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, determinando que el rechazo entregado por este organismo no había cumplido con las formalidades administrativas.
La resolución favorable este viernes para minera de hierro de propiedad de Andes Iron -empresa controlada por la familia de Carlos Délano, amigo personal del Presidente Sebastián Piñera- no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, sino que este se retrotrae a las instancias de decisión política en la región de Coquimbo y, posteriormente ante el Consejo de Ministros para la sustentabilidad.
Sin embargo, las partes opositoras al proyecto -como la ONG ambientalista Oceana- apelaron a esta resolución ante la Corte Suprema, instancia que estableció que el rechazo fue totalmente legal y ordenó al Tribunal Ambiental a revisar nuevamente el caso, pero esta vez, enfocándose solo en los aspectos técnicos y ambientales, resolución conocida esta jornada.
En el caso que las decisiones vuelvan al terreno de lo político, la presiones que tendrá el gobierno de Sebastián Piñera no serán menores, toda vez que en esta administración gobierno, Chile -a través del Ministerio de Medio Ambiente- anunció a a mediados de 2020 que Chile se sumó a dos iniciativas de protección de los mares.
La primera es The Blue Leaders, que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años. Y la segunda, más relevante aún, que Chile se adhirió también a la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos (High Ambition Coalition for Nature and People-HAC), una coalición de alta ambición climática que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.
El último Informe Global de Evaluación sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizado por la ONU evidenció que el 66% de los ecosistemas marinos de todo el mundo han sufrido alteraciones drásticas por la acción humana.
Tras esta decisión del Tribunal Ambiental, el tema sigue en la arena judicial, dado que las entidades agrupadas en la Alianza Humboldt anunciaron que acudirán a Corte Suprema para revertir el fallo. “Es lamentable que la interpretación que hizo el Tribunal Ambiental del ordenamiento jurídico ambiental no se haga cargo de la magnitud del impacto que podría generar Dominga, de llevarse a cabo, ni de la capacidad de regeneración de la naturaleza frente a tal mega impacto. Es además gravísimo porque desobedece lo ordenado por la Corte Suprema anteriormente, y por ese motivo lo que corresponde es recurrir ante ella para que defina si esta sentencia, que se desentiende de la orden del tribunal superior, se ajusta o no a Derecho”, explicó Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades de la zona.
Para la Alianza Humboldt, la resolución da cuenta de las debilidades que presenta la institucionalidad ambiental en Chile y representa “un grave retroceso en materia ambiental y un revés para las comunidades locales, la ciencia y la institucionalidad”, tomando en cuenta “las diversas instancias que decretaron su rechazo durante el proceso de evaluación ambiental y a la extensa evidencia científica que establece que la construcción del proyecto minero que incluye un megapuerto y una planta desaladora es incompatible con el ecosistema de esta zona y con las fuentes de trabajo sustentable que se desarrollan en el lugar”.
La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer afirmó que “no podemos dejar que el desarrollo del país siga cimentándose en el corto plazo, a costa del medio ambiente”, mientras Matías Asun, director de Greenpeace en Chile manifestó que “lo que ha ocurrido pone de manifiesto un problema estructural, pues un proyecto rechazado dos veces por ser técnica y ambientalmente nefasto siga a flote, luego de una campaña millonaria de presión y lavado de imagen. Pone, además, al Gobierno de Sebastián Piñera a decidir sobre el proyecto de un conocido cercano al Presidente para optar si quieren preservar o destruir la riqueza ambiental y social de esas costas”, dijo aludiendo a la amistad entre el Mandatario y Carlos Alberto Délano, de la familia dueña de Andes Iron.
“En innumerables ocasiones, destacados científicos han señalado que el Archipiélago Humboldt debe protegerse y que cualquier accidente que ocurra en el lugar provocaría un daño irreversible”, aseveró Max Bello, asesor ejecutivo de Mission Blue. En tanto, Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, explicó que “es urgente un ordenamiento de la zona costera y establecer áreas en las cuales no se puede ni debe intervenir con proyectos contaminantes, industrias extractivas, mega puertos u otras actividades que amenazan valiosos ecosistemas que deben permanecer sanos para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo”, sentenció.
Por su parte, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, abogada de Oceana afirmó que “es una decisión lamentable, por cierto”, pero subrayó que “en lo importante, el proyecto sigue estando rechazado y la Corte Suprema deberá resolver sobre este juicio”.