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Crédito: ATON
El Acuerdo de Escazú busca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Gobierno negó firmarlo, aduciendo a interferencias con la soberanía nacional.
El Acuerdo de Escazú entró hoy en vigencia, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra. El inédito tratado, que busca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, fue ratificado por 12 países de la región, con la ausencia de Chile.
El tratado causa especial interés por su defensa a los activistas ambientales. Según la ONG Global Witness, 212 defensores de la tierra fueron asesinados en 2019. Dos tercios de los casos ocurrieron en Latinoamérica, siendo Colombia el país líder del ranking, con 64 muertes.
El acuerdo obtuvo en enero las dos firmas que le faltaban para hacerse oficial, las de México y Argentina, que se suman a las de otros diez países de la región.
Para la secretaria ejecutiva de la institución, Alicia Bárcena, este acuerdo es «importantísimo para la región» y nació como «un pacto con una sociedad que está pidiendo una nueva forma de organización económica y social».
La idea emana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (2012), pero este acuerdo no se materializó hasta el 4 de marzo de 2018, cuando se firmó el compromiso en la ciudad costarricense de Escazú, que le dio nombre.
Tres años después, el tratado entrará en vigor con avezadas propuestas para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y de la Justicia en asuntos ambientales y con una pionera agenda para proteger a los defensores de la tierra.
El Gobierno zanjó en septiembre del 2020 la discusión por la firma del Acuerdo de Escazú: optaron por no adherirse.
Entre los argumentos que presentó el canciller Andrés Allamand para rechazar la integración al tratado, adujo «la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación ambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.
En respuesta, la comunidad activista lanzó duras críticas al Gobierno. «El Gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar, el gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera. Sentimos la decepción de quien ha sido engañado por largo tiempo”, indicó en su momento el director nacional de Greenpeace, Matías Asún.
En 2012, cuando se empezaron a fraguar las primeras negociaciones del Acuerdo de Escazú, Chile fue uno de los principales ideólogos del pacto, bajo el primer gobierno de Piñera. La en ese entonces abogada en la oficina internacional de Ministerio del Medioambiente, Constance Nalegach, propuso el acuerdo y dialogó con distintos países de la región para concretar el acuerdo. Sin embargo, la segunda administración de Piñera decidió no firmar Escazú.
Brasil encabeza la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, y Perú y Colombia, ocupan el quinto y sexto lugar de ese ranking respectivamente.
Pese a ello, ninguno de estos tres países ha suscrito todavía el Acuerdo de Escazú, que inicialmente fue firmado por 24 países y que solo ratificaron 12.
«Creemos que existe un lobby empresarial, que nos preocupa, que está pensando que este acuerdo les va a impedir seguir delante con sus actividades, y no deberían verlo así», agregó Bárcena.
