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Crédito: Aton
El Gobierno, los partidos de oposición y las ramas del Congreso afinan nombres y argumentos para la batalla jurídica en el TC que arranca la próxima semana. Del elenco gubernamental forma parte la ex presidenta del TC Marisol Peña, quien se mostró confiada en que «una ventaja desde el punto de vista de la litigación de hoy es que ya existe un precedente», como lo fue el fallo referente al segundo retiro. La conformación de los equipos se cruza además con un par de iniciativas en el Parlamento que apuntan al TC. Uno de ellos es el requerimiento para que María Luisa Brahm se inhabilite en la votación, la cual se encuentra articulando el senador Carlos Bianchi. Y otro mecanismo es el proyecto de ley ingresado por el diputado ex UDI Alvaro Carter, que elimina el voto dirimente del presidente o presidenta del TC. “Se puede legislar rápidamente. Cuando hablamos de temas políticos y de buscar soluciones a partidos se demoran 24 horas, así que todo se puede. Como nunca hoy está el ambiente para que los problemas sociales se resuelvan en un par de días”, sostuvo.
La próxima semana tiene contemplado el Tribunal Constitucional iniciar la tramitación del polémico requerimiento ingresado por el Gobierno para frena el tercer retiro de fondos de pensione que se discute en el Congreso. Y las partes desde ya alistan sus equipos de abogados para la batalla legal que se espera en la entidad.
Por el lado del Gobierno intervendrán los juristas Gastón Gómez y José Francisco García, ambos firmantes del requerimiento ingresado el martes en el TC. Gómez ya representó al Ejecutivo cuando ingresó un recurso contra el segundo retiro del 10% en diciembre, el cual fue zanjado con el voto dirimente de la presidenta del TC e histórica asesora de Piñera, María Luisa Brahm.
Gastón Gómez y José Francisco García son socios en «Gómez, Pallavicini y García Abogados» y ya han defendido posturas oficialistas ante la instancia, por ejemplo ante el proyecto que buscaba reducir a 40 horas la jornada laboral semanal.
De este equipo gubernamental forma parte la expresidenta del TC Marisol Peña, aunque no participará en las audiencias. La abogada defendió hoy en Radio Cooperativa la estrategia del Gobierno, señalando que “un elemento que podría significar una ventaja desde el punto de vista de la litigación de hoy es que ya existe un precedente», como lo fue el fallo referente al segundo retiro.
Asimismo, restó importancia a que el Ejecutivo no haya recurrido al TC en el primer retiro, argumentando que “acudir al TC no supone como requisito o exigencia previa una conducta lineal o una conducta consecuente, vale decir, la acción constitucional, que en este caso tiene por objeto declarar inconstitucional una reforma constitucional, puede ser perfectamente interpuesta no obstante que existan situaciones que de alguna manera signifiquen entender que se había convalidado o se había apoyado, o simplemente no se había dicho nada». “No importa que el Gobierno no haya recurrido la primera vez”, enfatizó.
Peña recalcó que “no hay ningún requisito que exija congruencia en el órgano legitimado para accionar (el Gobierno en este caso) y bajo esa perspectiva lo que hoy día tenemos es que el tribunal no impugnó la reforma del primer retiro, sí impugnó la del segundo retiro y en este caso podemos decir que está siendo consecuente con una impugnación del tercer retiro, que es muy similar”.
El requerimiento ingresado por el Gobierno al TC consta de más de 140 páginas, y apunta a seis infracciones cometidas durante la tramitación del proyecto en el Congreso.
Los argumentos del Gobierno son nuevamente el no respeto a los quórums, señalando que esas indicaciones transitorias fueron visadas por 3/5 y no por 2/3; que se lesiona en todos estos casos el sistema de seguridad social; y que se invade la iniciativa exclusiva presidencial en materia de administración financiera y presupuestaria.
Sin embargo, añade otros tres elementos nuevos: el pronunciamiento del TC ante la posibilidad de que las personas que poseen rentas vitalicias puedan retirar recursos; el desconocimiento por parte de los parlamentarios del fallo del TC de diciembre sobre el segundo retiro y la reposición de un proyecto ya rechazado, en relación a la indicación sobre las rentas vitalicias que esta semana se aprobó.
En la oposición hay varios actores. Uno de ellos es el PPD. “Iremos al TC con nuestros abogados para alegar e impedir que se apruebe un rechazo del tercer retiro”, aseguró esta mañana el timonel y candidato presidencial de este partido, Heraldo Muñoz en Radio Universo. La colectividad será representada por José Antonio Ramírez.
La Democracia Cristiana, en tanto, también alista “un equipo jurídico del más alto nivel, conformado por sus principales constitucionalistas, cuyo trabajo será defender la legitimidad de estos retiros y lograr el rechazo del requerimiento en el TC”, según la declaración de la directiva y la bancada de diputados emitida hoy. Según informa Emol, la bancada DC ya contactó a los abogados Tomás Jordán y Augusto Quintana.
En el PS, en tanto, el litigante será el abogado Enrique Aldunate, mientras la FRVS estará representado por los abogados Xavier Palominos y Zoran Ostoic, y el Partido Humanista contará con el abogado del partido, Héctor Anabalón «La decisión de Piñera de llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional es un acto criminal», dijo la presidenta de la colectividad, Catalina Valenzuela.
El Congreso también se hará parte del proceso. «Vamos a ir al TC a defender el derecho constitucional que esta Constitución le otorga al Senado y al Congreso para tener una facultad constituyente y presentar reformas constitucionales. Es nuestro deber», dijo la presidenta del Senado Yasna Provoste. Mientras, la Cámara de Diputados prepara un equipo jurídico que sería liderado por ahora por el secretario de la institución, Miguel Landeros.
La conformación de los equipos se cruza además con un par de iniciativas en el Parlamento que apuntan al TC. Uno de ellos es el requerimiento para que María Luisa Brahm se inhabilite en la votación, la cual se encuentra articulando el senador Carlos Bianchi.
Y otro mecanismo es el proyecto de ley ingresado por el diputado ex UDI Alvaro Carter, que elimina el voto dirimente del presidente o presidenta del Tribunal Constitucional.
La moción establece que “el Tribunal, funcionando en pleno como en sala, adoptará sus acuerdos por la mayoría de sus miembros, salvo que otra norma requiera un quórum especial para su aprobación. En caso de empate de votos el asunto se entenderá rechazado” (REVISE EL PROYECTO DE LEY ACÁ)
Según explicó el diputado a El Mostrador, “quedamos con el presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, para que pueda ser puesto pronto en tabla junto a otros proyectos avanzar y podamos detener esta ofensiva por parte de Ejecutivo contra el tercer retiro”,
De acuerdo al legislador, el proyecto puede resolverse rápidamente si existe la voluntad política para tramitarlo, por lo que podría proceder en este caso. “La vez anterior el Tribunal Constitucional se demoró alrededor de un mes en resolver el segundo retiro. En este caso, se puede legislar rápidamente y veamos quiénes están a favor o no de esta reforma. Cuando hablamos de temas políticos y de buscar soluciones a partidos que se equivocaron en inscribirse se demoran 24 horas, así que todo se puede. Como nunca hoy está el ambiente para que los problemas sociales se resuelvan un par de días”, añadió.
