PAÍS
El estudio «Las y los 400: Chile delibera» develó que, en el apartado de pensiones, el apoyo a la propuesta de reemplazar el actual sistema de capitalización individual por uno de reparto bajó a un nivel neutral, pasando de 57% a un 47% de la ciudadanía a favor de esta medida. Sobre el destino del 6% adicional con cargo al empleador, se observa que, cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de reflexionar y deliberar, sí quiere cierto nivel de solidaridad. El principal cambio fue con respecto a destinar el 100% de estas cotizaciones a cuentas individuales, donde la medición de línea base era 63% y el resultado de la deliberación pública fue de 38% a favor de esta alternativa. En materia de salud, el 94% de las personas encuestadas está de acuerdo con que este sea un derecho en la nueva Constitución. El estudio arrojó que los chilenos quieren una reforma estructural que reemplace el actual sistema de salud por uno de seguro universal para todas las personas, con un fondo único, dejando a las isapres como una alternativa complementaria (80%). Se trata de un estudio inédito, porque utiliza un modelo desarrollado por el profesor James Fishkin, del Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford de EE.UU., que permite a la ciudadanía articular y expresar opiniones. En la investigación también participaron la Universidad de Chile, la Fundación Tribu y el Senado.
A menos de 24 horas del vamos a las inéditas elecciones de este fin de semana -en las que se elegirá a convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales- un inédito mecanismo de deliberación política arroja que los chilenos quieren seguro universal de salud y se oponen a lo aumentos en la edad de jubilación.
Se trata de «Las y los 400: Chile delibera», un proyecto conjunto de la Universidad de Stanford, Universidad de Chile, el Senado y las municipalidades, en el cual participaron personas en un proceso deliberativo en torno a reformas concretas a los sistemas de salud y pensiones. El proyecto está basado en un modelo desarrollado por el profesor James Fishkin, del Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford de EE.UU. Dicha metodología fue diseñada de manera científica y permite a la ciudadanía articular y expresar opiniones.
En el apartado de pensiones, el apoyo a la propuesta de reemplazar el actual sistema de capitalización individual por uno de reparto bajó a un nivel neutral, pasando de 57% a un 47% de la ciudadanía a favor de esta medida.
Por otra parte, hay consenso respecto a reformas profundas al funcionamiento de las AFP, como eliminar las comisiones de intermediación (94%), implementar un impuesto sobre ganancias extraordinarias (84%), pasar a un modelo de comisiones sobre saldo (70%) y establecer representación para los afiliados en el directorio de las AFP (70%).
Sobre el destino del 6% adicional con cargo al empleador, se observa que cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de reflexionar y deliberar, sí quiere cierto nivel de solidaridad. El principal cambio fue con respecto a destinar el 100% de estas cotizaciones a cuentas individuales, donde la medición de línea base era 63% y el resultado de la deliberación pública fue de 38% a favor de esta alternativa.
A su vez, se observa que el nivel de acuerdo respecto de la alternativa de 100% a un fondo colectivo es mayor en el resultado de la deliberación que en la línea base; y la alternativa que logra un acuerdo mayoritario es la de mitad a cuentas individuales y mitad a un fondo colectivo, con un 53% de aprobación.
Los consultados están mayoritariamente en desacuerdo con aumentar el IVA de 19% a 21% para destinar estos recursos a las pensiones, obteniéndose un 60% en contra de esta medida. Además, 76% está de acuerdo con crear una base de 200 mil pesos para el 80% de la población con menores ingresos. La fuente elegida para esto es a través de un alza en los impuestos, excluyendo el IVA.
Y finalmente, sobre la idea de aumentar paulatinamente la edad de jubilación, la mayor parte de las personas está en desacuerdo, con un 58%, mientras que para la moción de aumentar gradualmente la edad de jubilación de las mujeres, hasta igualarla a la de los hombres, pero sin afectar a las mujeres mayores de 50 años, ya que están próximas a jubilar, un 49% está en desacuerdo y un 38% de acuerdo.
Este dato es relevante, considerando las polémicas declaraciones que ofreció esta semana la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien dijo que es imposible que las nuevas generaciones de trabajadores puedan pensionarse a los 65 años, citando el caso de ilustres que se mantienen activos hasta avanzada edad, como el «gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103».
En materia de salud, el 94% de las personas encuestadas está de acuerdo con que este sea un derecho en la nueva Constitución. El estudio arrojó que los chilenos quieren una reforma estructural que reemplace el actual sistema de salud por uno de seguro universal para todas las personas, con un fondo único, dejando a las isapres como una alternativa complementaria (80%).
La ciudadanía quiere que los aumentos del presupuesto de salud prioricen la atención primaria sobre otros ámbitos, con un 74%. Junto con lo anterior, existe un acuerdo de un 67% por que se establezca una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en esta materia.
Ante la propuesta de financiar servicios y atención para problemas de salud mental, tal como se hace con los problemas de carácter físico, un 90% de los chilenos está de acuerdo.
Y en lo que respecta a las definiciones valóricas, 78% de los encuestados está de acuerdo con una sociedad que se haga cargo de los pobres y necesitados, mientras que 84% dijo apoyar la idea de que todos paguen su parte justa de impuestos.
Un 57% está de acuerdo con que el Estado debe hacerse cargo de las bajas pensiones a través de impuestos, lo mismo que con la salud (58% de acuerdo) y 57% rechaza que cada persona financie la salud que recibirá en su vida a partir de su propio esfuerzo.
