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Desde su arribo a la presidencia del TC, en agosto de 2019, María Luisa Brahm ha sido fuertemente cuestionada al interior de este tribunal. Su primera polémica llegó en abril de 2020, cuando en una entrevista dijo que durante el período de su antecesor, Iván Aróstica, «había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción». Brahm presentó un escrito ante el pleno del organismo, pidiendo que se anulara el sumario en su contra, argumentando que la responsabilidad disciplinaria no debiese aplicar a los ministros, ya que esto debe estar consagrado en la Constitución o en una ley, pero no en una normativa interna. El Mostrador tuvo acceso a las denuncias de los funcionarios, varios documentos que dan cuenta de una serie de actitudes que tenía Brahm hacia sus subalternos, y que revelan una situación de menosprecio, humillación e irrespeto hacia estas personas, que –de acuerdo al relato de uno de ellos– se convirtió en un «maltrato sistemático».
El 4 de junio era la fecha en que la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) decidiría si su presidenta, María Luisa Brahm, podría ser sancionada por una serie de denuncias de maltrato y acoso laboral contra varios funcionarios de este organismo.
En votación dividida, el TC resolvió, el pasado viernes, «mantener íntegramente la formulación de cargos del ministro Rodrigo Pica», que conllevarían censura por escrito por cada uno de los cargos contra Brahm y contra su jefa de gabinete, Claudia Vélez.
Desde su arribo a la presidencia del organismo, en agosto de 2019, María Luisa Brahm ha sido fuertemente cuestionada al interior del mismo. Su primera polémica llegó en abril de 2020, cuando –en entrevista con La Tercera– dijo que durante el período de su antecesor, Iván Aróstica, «había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción». Una situación que incluso motivó a que la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, interpusiera una querella contra los jueces que resulten responsables de los delitos de prevaricación y cohecho agravado, por la tardanza en causas de derechos humanos en el órgano autónomo.
A esto se suma una serie de denuncias por parte de funcionarios de la entidad, por maltrato y acoso laboral, que involucra no solo a Brahm –exjefa de asesores en el primer Gobierno de Sebastián Piñera–, sino también a su jefa de gabinete, Claudia Vélez.
Brahm presentó un escrito ante el pleno del Tribunal Constitucional, pidiendo que se anulara el sumario en su contra, argumentando que la responsabilidad disciplinaria no se debiese aplicar a los ministros, ya que esto debe estar consagrado en la Constitución o en una ley, pero no en una normativa interna.
El Mostrador tuvo acceso a las denuncias de los funcionarios, varios documentos que dan cuenta de una serie de actitudes que tenía la presidenta del TC hacia sus subalternos, y que revelan una actitud de menosprecio, humillación e irrespeto hacia estas personas, que –de acuerdo al relato de uno de ellos– se convirtió en un «maltrato sistemático».
La trama que tiene a la actual mandamás del TC en el ojo del huracán comenzó el 11 de enero de 2021. Ese día, el ingeniero comercial Julio Ortiz Faúndez presentó su renuncia al cargo de director de Administración y Finanzas, el que ocupaba desde marzo de 2010.
En la carta de renuncia enviada a la secretaria, María Angélica Barriga, Ortiz explicó que «motiva mi alejamiento de esta institución un conjunto de situaciones que se traducen en el detrimento de mi función, en la afectación de mis derechos como persona y como servidor público, siendo objetos de práctica de acoso laboral para lo cual no estoy disponible».
En la misiva, Ortiz hace mención a que, el 2 de marzo de 2020, Brahm instruyó una investigación disciplinaria en su contra, a la que el ministro investigador, Gonzalo García, renunció. «Es decir, a casi un año del inicio de este proceso (…) continúa en tela de juicio mi desempeño en el cargo, investigación que se tradujo en investigar mi persona sin previamente acreditar cuáles son los hechos constitutivos de eventuales faltas o irregularidades».
Tras presentar su renuncia, y ante la investigación que se inició en su contra, presentó la primera denuncia por acoso laboral por parte de María Luisa Brahm.
«A mi juicio, la señora presidenta y su jefa de gabinete transgredieron límites formales e instituciones de manera regular y sistemática. Fui relegado y menoscabado, a mi juicio, a cumplir solo tareas domésticas y responder a urgencias, las que no obedecían a una planificación y a las potencialidades del cargo que ocupaba. Su estilo de administración buscó minimizar mis capacidades. Cuestionar mi idoneidad y razonabilidad en decisiones de procesos regulares sin mediar modificaciones a dichos procesos, destacar errores sin retroalimentación u orientaciones previas. Realizar juicios de personas que no estaban presentes. Interviniendo áreas del tribunal con personas externas sin ninguna relación contractual», denunció Ortiz.
En su relato, el ahora exfuncionario del TC denunció que Brahm «ocultó informes de auditores externos. Promovió largas jornadas laborales, citando a reuniones de instrucción fuera de horario laboral y en horario de almuerzo. Cuestionó iniciativas para enfrentar la pandemia. Me excluyó, sin informarme, de la relación directa con BancoEstado y la Dipres, pero a su vez me hacía responsable de compromisos institucionales. Interviniendo bajo sospecha la relación con las empresas que prestan servicios externos al tribunal. Rompiendo los conductos formales y regulares. Dividiendo a los grupos de trabajo, trabajando directo con un funcionario de mi dependencia, sin ser informado de la situación, objetivos y alcance del trabajo».
Además, Ortiz denunció que fue excluido del inicio y cierre del proceso de revisión de auditores externos, «como recomiendan las normas de auditoría».
Otra denuncia se formuló el 23 de marzo de 2021. En la primera parte del documento, el denunciante, Nelson Contreras, jefe de la Unidad de Informática, reveló el primer hecho de maltrato por parte de Brahm. Este ocurrió el 3 de julio de 2020. Ese día, «al momento de realizar mi primera presentación a la señora presidenta, en reunión fijada al efecto, recibí un trato despectivo de su parte, minimizando el contenido de mi trabajo, interrumpiéndome a cada rato mi exposición, generando críticas en el curso de la misma, alzando la voz de manera innecesaria, y durante la presentación me tilda de mentiroso por situaciones y tecnicismos expresados por mi persona, todo esto frente usted, por lo cual puede dar fe de aquello».
Otro hecho ocurrió cinco días más tarde. El 8 de julio de 2020 –según el relato del denunciante– «a la señora presidenta le solicitan participar en una actividad online, «Reconstruyendo Confianzas Ciudadanas», transmitida por el medio de comunicación La Tercera. Para dicho evento, el equipo de Informática (TIC), una semana antes de la transmisión en vivo, se preocupó de mantenerse en contacto y realizar las pruebas asociadas con el equipo técnico de La Tercera, las cuales fueron exitosas y sin mayor gravedad».
Agrega que «llegada la hora y fecha del evento, el equipo TIC apoya en el ingreso a la señora presidenta, con pruebas finales de audio e imagen dejando todo operativo. Minutos antes de comenzar la transmisión en directo, la señora presidenta decide utilizar un dispositivo de audio y audífonos especiales. Al intentar explicarle que no eran necesarios, que las pruebas realizadas fueron exitosas, y que el equipo recomendaba no utilizarlos, de una manera explosiva y poco entendible transforma la situación en gritos descontrolados, un trato denigrante e indicándome que yo no había tomado la consideración que ella ‘necesitaba’ audífonos».
Otra situación de este tipo ocurrió en agosto de 2020, mes en el que María Luisa Brahm sufrió la pérdida de información en su computador, debido a un «presunto» daño en el disco duro. «Al llevarlo a revisar a un proveedor externo, este detecta una falla electrónica de disco duro de estado sólido, por tal motivo la recuperación de la información requeriría un tiempo mayor del presupuestado. Al exponerle la situación a la señora presidenta, transformó su actitud, se volvió irascible, cuestionó las labores realizadas históricamente por el departamento del TIC, me humilló gritándome que no existían políticas de respaldos, ni protocolos en caso de situaciones como la acontecida. Me hizo responsable culpándome de esta situación y de otras suscitadas incluso antes de mi ingreso al tribunal».
En la acusación también se señala a la presidenta del Tribunal Constitucional por sus reiteradas críticas a los proyectos presentados por este funcionario, que buscaban mejorar el funcionamiento del tribunal, sobre todo en un contexto de pandemia en el que –según la acusación– la mayoría de los trabajadores se encontraba con trabajo remoto. «La señora presidente cada vez que se presentaban las prioridades para un mejor funcionamiento del tribunal, esbozaba críticas, problemas, trabas, haciendo sentir que las labores y estudios de cada necesidad levantada, no valieran en lo absoluto».
«Han sido meses duros de trabajo en lo personal y para todo mi equipo, también para todos los funcionarios que deben lidiar personalmente con ella, no tiene respeto por nadie».
La última situación denunciada ocurrió en enero de 2021, cuando se registraron dificultades en los servicios de internet del Tribunal Constitucional. Al ofrecer alternativas de conexión a la presidenta del organismo, Contreras trató de ingresar a su oficina y «me grita diciéndome ‘chao, chao, chao’, a lo que su jefa de gabinete, procede inmediatamente a cerrar la puerta en mi cara. Esta última situación terminó por colapsarme, me hizo sentir humillado, menoscabado y pasado a llevar. Creo que estos actos deben parar, son innumerables las situaciones de maltrato propiciados por la máxima autoridad del tribunal a funcionarios y también por su jefa de gabinete. Muchos de ellos se mantienen en silencio por temor a represalias».
Por último, Nelson Contreras manifiesta que «espero que esta denuncia sirva para poner término de una vez por todas, en esta noble institución, a este tipo de actos provengan de quien sea, que se haga justicia en nombre de todos los funcionarios maltratados por esta autoridad, para que nunca más vuelvan a pasar por lo que muchos que noblemente y responsablemente servimos al tribunal».
El 26 de marzo, el ministro Iván Aróstica instruyó la investigación contra Brahm, para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y su eventual responsabilidad administrativa. En este caso, se designó a Rodrigo Pica como investigador.
Otra de las denuncias contra María Luisa Brahm provino de su actual secretario personal, Domingo Riquelme Muga. El 14 de abril de 2021, el funcionario la acusó por ser víctima de un «maltrato sistemático» desde que asumió la presidencia de este organismo.
La acusación de Riquelme parte detallando que «este maltrato fue reiterado en el tiempo. No sé por qué de un momento a otro cambió su actitud hacia mí, cuestión que le comenté varias veces a su jefa de gabinete Claudia Vélez, y ella me respondía ‘usted la conoce'».
En un primer hecho de evidente maltrato psicológico, el secretario de Brahm señaló que, en marzo de 2020, «me dice que soy una decepción para ella, que no le sirvo, ‘usted no me ayuda’, me decía en voz alta, ‘soy la quinta autoridad del país’, a lo cual yo respondí bueno presidenta, usted tiene que determinar, como para despedirme, pero ella no acostumbra despedir a nadie, espera a que se aburran y se vayan».
La víctima denunció que cuatro meses más tarde, Brahm dejó de saludarlo, algo que –aseguró– es «muy común de ella, cuando no le sirves, no te habla, no te saluda, incluso te hace desprecios, ignorado totalmente. En ese momento, comencé a sentirme anulado, totalmente decepcionado».
Llegó agosto de 2020. «Ella me empezó a quitar tareas que yo realizaba a diario, me instruyó que yo no la acompañara a su auto. Durante todo ese periodo, cuando se dignaba a hablarme, lo hacía de espaldas sin darme la cara. Nunca más me miró, lo que me afectaba diariamente».
Continuando con el relato, Domingo Riquelme relató que, el 24 de ese mes, «llamó por teléfono a Claudia Vélez, y ella no se encontraba en su lugar, por lo que tomé el llamado, al escuchar mi voz se enfurece, y me grita por esa vía ‘estoy llamando a Claudia, usted no conteste’, ese grito se escuchó hasta el piso 9, y me corta».
El 18 de octubre fue el punto de quiebre para Riquelme. Durante esa jornada de domingo –de acuerdo a la acusación– «la presidente citó a varios funcionarios de forma separada para darles una información. Resulta que me equivoqué al darle el nombre de una secretaria de ministro que fue llamada, y comenzó a gritarme diciendo: ‘cómo no sabe hablar, estamos en el Tribunal Constitucional’. En ese momento dije ‘basta’, porque mi salud emocional estaba totalmente dañada, y le comunico a la jefa de gabinete que me retiraba del tribunal y no trabajaría más con la presidenta, por su maltrato hacia mí».
«Me voy ahora en dos segundos», expresó el funcionario. «Tomé mis cosas y me fui con feriado legal pendiente pero mi intención era no saber más de ella ni tampoco de la jefa de gabinete. En ese momento fui escoltado por Claudia Vélez casi a la puerta de mi casa, para que no hablara con nadie de lo sucedido, sin importar los 28 años de trabajar junto a la presidenta. Pasados unos días me llama la señora secretaria (quien también ha sufrido maltrato de la presidenta), para preguntarme cómo estaba mi hermana, enterándome que la jefa de gabinete había contado la historia de mi hermana enferma con demencia senil para justificar mi ausencia».
El exsecretario de Brahm finaliza señalando que «mi relato es una pequeña parte de lo vivido, es una tortura ir a trabajar a diario sabiendo que vas a pasar otro día de angustia sin merecerla, dudando de cada decisión que tomarás, preguntándote qué hice mal hoy, qué me hará, en qué la molestaré».
Y al igual que el ingeniero Nelson Contreras, Domingo Riquelme señaló que «así como he sufrido yo, he visto cómo ha maltratado a varias personas que trabajan en el tribunal, portazos y gritos se vivían a diario».
Cinco días más tarde, el 19 de abril, el ministro del TC, Iván Aróstica, instruyó una investigación sumaria al respecto contra Brahm, designando como investigador a su par Rodrigo Pica.
Estas tres no son las únicas acusaciones que pesan contra Brahm. De hecho, falta que el ministro Pica resuelva en el sumario abierto por la denuncia de la secretaria María Angélica Barriga, quien la acusó de avalar un allanamiento en las oficinas de los otros ministros en febrero del año pasado.
