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Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional en el segundo Gobierno de Bachelet, consideró que el fundamento de la presentación ante el TC –patrocinada por el abogado Patricio Zapata– «está equivocado», y la resolución “va exactamente en contra de la Ley de Inclusión Escolar, que es lo que aprobamos para terminar con la selección por parte de los establecimientos». En tanto, la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, calificó de «preocupante» el fallo del TC, porque «de alguna manera estaría aprobando que no se cumpla una ley que lleva además varios años siendo implementada, que implica un acceso equitativo, sin discriminaciones, a la educación escolar, eliminando la selección». Por otra parte, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Mario Venegas (DC), dijo que «este nuevo sistema de admisión es claramente más justo que el sistema arbitrario anterior” y que el recurso presentado ante el TC «tiene una connotación medio clasista”.
Rechazo generó entre parlamentarios, organizaciones del sector, como Educación 2020, y entre quienes impulsaron la Ley de Inclusión Escolar en el periodo de Michelle Bachelet, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que acogió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la selección en el proceso de admisión escolar.
Aunque el fallo se encuentra en redacción, El Mostrador tomó conocimiento de que está en acuerdo con los votos favorables de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, y de los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez. Y los votos en contra de Gonzalo García, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica.
En síntesis, la resolución del TC que convertiría en letra muerta la emblemática ley de Bachelet que prohibió la selección escolar, falla sobre el caso presentado por una trabajadora de casa particular llamada Romina Pilar Elorza, quien acusó que la prohibición de selección de estudiantes en el proceso de admisión «cercena» el proyecto educativo del establecimiento particular subvencionado British Royal School de Concepción, al no poder garantizar el paso de los estudiantes que ingresaron en la etapa de playgroup hacia prekínder.
La ley en cuestión fue impulsada por el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y se aprobó en el año 2016. El objetivo de la norma era terminar con la discriminación por la selección escolar en colegios que cuentan con subvención de parte del Estado.
Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional en el segundo Gobierno de Bachelet, comentó a El Mostrador que el fundamento de la presentación ante el TC –patrocinada por el abogado Patricio Zapata– «está equivocado, porque la norma se dictó en el año 2016».
«En el año 2017, para los niños que estaban en playgroup, se aplicó una norma administrativa de manera tal que no se afectara su continuidad en ese momento. Pero los niños que ingresaron a playgroup con posterioridad al año 2016, ya sabían que tenían que participar en el Sistema de Admisión Escolar al momento de pasar al primer nivel de transición», precisó Palma.
«Los que postulaban a playgroup a partir del año 2017, sabían que tenían que postular a través del Sistema de Admisión Escolar. Por lo tanto, no es procedente lo que ellos han planteado, que esto afectó los derechos de los padres, porque los padres sabían cuál era la condición cuando ellos entraban al playgroup«, agregó el exdiputado.
Consultado sobre si considera que, con este fallo, se da pie para que la emblemática Ley de Inclusión quede en letra muerta, dijo que «en una parte importante sí, porque, en definitiva, ¿quiénes son los que pueden aplicar una norma de este tipo? Los establecimientos que tienen alto copago, que matriculan a los niños como si fuera un establecimiento particular, no particular subvencionado, y que seleccionan tanto por razones económicas como por condiciones sociales y culturales de los padres. Eso va exactamente en contra de la Ley de Inclusión Escolar, que es lo que aprobamos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, para terminar con la selección por parte de los establecimientos».
Además, sostuvo que es «falso que sean los padres los que se ven afectados en su decisión. Si el Tribunal Constitucional así lo ratifica, se está volviendo a que sean los establecimientos los que seleccionen a sus alumnos, en lugar de que los padres seleccionen los establecimientos en los cuales participan sus hijos».
Por otra parte, el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Mario Venegas (DC), dijo a El Mostrador que «este nuevo sistema de admisión es claramente más justo que el sistema arbitrario anterior, que permitía enormes arbitrariedades, que caían en discriminación por razones religiosas, por razones de formación de la familia, por razones socioeconómicas. Creo que no se cumplía el concepto de libertad de los padres para elegir el colegio en que podían estudiar sus hijos. Al contrario, los colegios elegían».
En el caso del recurso presentado ante el TC, Venegas consideró que «tiene una connotación medio clasista, porque se trata de colegios que tienen un proyecto que no se condice con la inmensa mayoría de la realidad del país. El hecho mismo de que hablen de que tienen playgroup, hace que ellos estén en ese fundamento para decir que tendrían un derecho preestablecido».
Además, sostuvo que «la ley se discutió en las normas que nuestro ordenamiento jurídico contempla y se aprobó en el Congreso Nacional. Como todas las leyes, (esta) pasó la revisión de constitucionalidad que hace el propio Tribunal Constitucional, y no hubo ningún reparo y se aprobó».
Finalmente, sostuvo que «de ser favorable eventualmente el fallo del TC, crearía un precedente muy grave, porque termina judicializando un proceso que no corresponde que se judicialice».
En tanto, la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, calificó de «preocupante» el fallo del TC, porque «sienta un muy mal precedente, ya que de alguna manera estaría aprobando que no se cumpla una ley que ya está aprobada, que lleva además varios años siendo implementada, que implica un acceso equitativo, sin discriminaciones, a la educación escolar, eliminando la selección».
«Nos parece en ese sentido que es un retroceso. Nosotros desde Educación 2020 hemos valorado siempre que se avance en equidad, en inclusión, incorporando que democraticen el acceso, evitando cualquier tipo de discriminación arbitraria», agregó.
También señaló que es «preocupante que se generen, de alguna manera, medidas, precedentes jurídicos que permitan generar un espacio donde se pueda no cumplir la ley, saltarse el Sistema de Admisión Escolar».
«Hay dos niveles aquí. Uno tiene que ver con el cumplimiento de la ley, y cómo avanzamos a un sistema que sea más justo, equitativo e inclusivo. Y por otro lado, nos preocupa un tema más de fondo, que tiene que ver con cómo la institucionalidad en el país, de alguna manera desacredita una discusión que ya fue tenida en el Congreso, a la cual ya se llegó a acuerdo parlamentario».
Por último, Arratia expresó que «nos parece preocupante que se le quite peso jurídico a una definición que ya ha sido tomada por el Poder Legislativo, y en ese sentido nos parece que sería importante que, como parte de la discusión constitucional, se aborde qué tipo de institucionalidad tenemos para resguardar la consistencia de las leyes y que no se le quite espacio, respaldo, a aquello que ya ha sido definido en el Poder Legislativo».
