En primer lugar, los 37 firmantes propusieron «debatir la orgánica desde un mapa en blanco», es decir, «impulsar los cambios necesarios para que la nueva estructura orgánica del Estado tenga como eje la equidad territorial en el acceso a bienes públicos y privados, al suelo y la vivienda, en el enfrentamiento del cambio climático y en la gestión sostenible y justa del agua y los recursos naturales» [ACTUALIZADA]
Un grupo de 37 personalidades de diversas áreas del Foro Ciudad Política, suscribieron una declaración con la cual buscan poner en la agenda constituyente la importancia de la ciudad «como una realidad social, económica, cultural y funcional, ausente en gran medida en la institucionalidad vigente y en la discusión de los asuntos esenciales del país».
«Las constituciones reflejan la atmósfera cultural, social y económica de la época en que se escriben. Chile es hoy un país en que casi el 90% de la población habita en ciudades. El texto de la nueva constitución debe reconocer la realidad urbana del país, el potencial de las ciudades, así como los problemas severos que hoy muestran y el rol gravitante que juegan en la vida de las personas», dice el comunicado.
Plantearon que «el momento constituyente es una oportunidad para proponer una nueva orgánica a nivel constitucional, que permita organizar de mejor manera nuestro territorio y enfrentar así los desafíos urbanos contemporáneos. Proponemos que la orgánica territorial, es decir, la manera en que se distribuye el poder y los recursos a lo largo del territorio nacional, tenga un lugar prioritario en el debate constituyente».
En primer lugar, los 37 firmantes propusieron «debatir la orgánica desde un mapa en blanco», es decir, «impulsar los cambios necesarios para que la nueva estructura orgánica del Estado tenga como eje la equidad territorial en el acceso a bienes públicos y privados, al suelo y la vivienda, en el enfrentamiento del cambio climático y en la gestión sostenible y justa del agua y los recursos naturales».
El segundo punto propone «planificar el territorio para integrar y distribuir», y explican que «concebir las políticas públicas y las intervenciones en el territorio de una manera integral es clave para gestionar políticas con mayor impacto y para distribuir la toma de decisiones y los recursos en las distintas escalas, desde los barrios y localidades hasta las ciudades y regiones, para lograr mayor representación y desarrollo de las capacidades de cada territorio».
En ese sentido, consideran que «es fundamental promover una visión integrada de país, de las regiones y de las ciudades, que oriente y coordine la política de ordenamiento territorial y sus instrumentos, así como también las inversiones en todos los niveles. Proponemos una gobernanza y planificación multisectorial, integrada e institucionalizada, que permita desarrollar las capacidades de las regiones y las ciudades para gestionar sus propios proyectos».
El otro punto busca establecer «la ciudad como unidad territorial». Señalan que «las ciudades no tienen herramientas para su administración como unidades políticas y administrativas en el ordenamiento jurídico vigente. Las áreas metropolitanas, por ejemplo, se encuentran en un limbo institucional. Su planificación y gestión colisiona con las autonomías municipales y regionales. La constitución debe hacer emerger a la ciudad como unidad territorial, distinta de los municipios y delas regiones, así como crear las condiciones para que las zonas rurales puedan tener una gobernanza adecuada y desarrollarse de acuerdo a una planificación del ordenamiento territorial, hoy inexistente».
También desean «asegurar una orgánica que permita una democracia participativa». Para esto se necesita «un Estado con capacidad real de liderar y no sólo de facilitar o mediar, con vocación transformadora, que ponga en el centro de las preocupación es el contar con ciudades más justas, democráticas, con mejor gobernanza, planificación y gestión de proyectos. Un Estado más moderno, transparente y eficaz, con una orgánica que facilite la participación directa y efectiva de las comunidades en el desarrollo de las ciudades».
Finalmente, sostienen que «las ciudades requieren tener su propio gobierno. En el caso de las metrópolis, si cada parte de la ciudad se gobierna y se financia independientemente, se llega al punto actual de desigualdad social, urbana y ambiental. El establecimiento de gobiernos de ciudades, sobre todo de áreas metropolitanas, permitirá una adecuada distribución del poder político, contribuirá a un gasto público mejor fundamentado y con mayor impacto, y abrirá el camino para ciudades más prósperas y con mejor calidad de vida».
Estos son los firmantes de la declaración:
1. Carlos Aguirre
2. Gabriel Alemparte
3. Pedro Bannen
4. David Belmar
5. Isabel Brain
6. Alejandra Cajas
7. Marianela Castillo
8. Claudio Castro
9. Lucía Dammert
10. Sebastián Depolo
11. Gabriela Elgueta
12. Raúl Erazo
13. Marcelo Farah
14. Pablo Flores
15. Laura Gallardo
16. Tristán Galvez
17. Carolina Leitao
18. Andrés Letelier
19. Carlos Montes
20. Roberto Moris
21. Claudio Orrego
22. Víctor Pérez Gutiérrez
23. José PigaJiles
24. Alberto Pizarro
25. Claudia Pizarro
26. Marcelo Reyes
27. Álvaro Riffo
28. Alfredo Rodríguez
29. Morgana Rodríguez
30. Matías Salazar
31. Juan Manuel Sánchez
32. Olga Segovia
33. Carolina Tohá
34. Bernardo Valdés
35. Loreto Wahr
36. Gonzalo Winter
37. Gonzalo Durán