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Crédito: ATON
El reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que América Latina se encuentra en una «trampa de desarrollo», debido a la alta desigualdad y el bajo crecimiento económico. La región sigue siendo la segunda más desigual del mundo, «y los países tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares», acota el informe. En cuanto a las soluciones, el documento señala que la región sOlo ha desarrollado una “larga lista de políticas fragmentadas, con perspectiva de corto plazo, que en algunos casos profundizan las distorsiones existentes”. Para empeorar el escenario, el informe subraya que «las múltiples crisis de la pandemia del Covid-19 han pesado más sobre los que ya se habían quedado atrás, exacerbando aún más las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021”.
Alta desigualdad y bajo crecimiento. Esas son las dos características que han provocado que América Latina y el Caribe (ALC) se encuentren en una «trampa de desarrollo». Así lo señala el «Informe Regional de Desarrollo Humano 2021», elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En síntesis, el estudio sostiene que «estos dos factores (alta desigualdad y bajo crecimiento) están cercanamente relacionados e interactúan entre sí para crear una trampa de la que la región no ha podido escapar».
«Muchas de las aproximaciones a pensar en cómo escapar de esta trampa inevitablemente dejan una larga lista de ‘buenas políticas’ que funcionan para abordar estos canales por separado. En ALC, esto a menudo ha resultado en incentivos políticos que dan lugar a políticas fragmentadas, con perspectiva de corto plazo, que en algunos casos profundizan las distorsiones existentes», dice el documento del PNUD.
En términos nacionales, resalta que Chile y Costa Rica figuran dentro de los países que más notoriamente atribuyen la desigualdad a las políticas de gobierno que favorecen a pequeños grupos de poder por sobre el bien común.
«La gente se siente frustrada no solo por la injusticia en los resultados sino también en los procesos, en particular por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos. Existe un acuerdo abrumador entre la población latinoamericana de que sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos. En 2020, el 77 por ciento de la población de la región creía que esto era así, y la proporción alcanzó el 95 por ciento en Paraguay y el 91 por ciento en Chile y Costa Rica», señala el documento.
En el Informe Regional de Desarrollo Humano, destaca que, si bien la reducción de la desigualdad de ingresos a principios de la década de los 2000 «es de celebrar», esta tendencia «se estancó en la década de 2010 y había comenzado a revertirse en algunos países incluso antes del inicio de la pandemia».
«Las reducciones de la desigualdad a principios de la década de 2000 se explican por varios factores, incluido el crecimiento económico, la reducción de los retornos a la educación superior que resultó en una reducción de la brecha salarial entre el trabajo calificado y no calificado y la redistribución a través de transferencias monetarias», sostiene el informe.
Pero, a pesar de este progreso, la región sigue siendo la segunda más desigual del mundo, «y los países de ALC tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares».
Advierten además que «las múltiples crisis de la pandemia del Covid-19 han pesado más sobre los que ya se habían quedado atrás, exacerbando aún más las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021. Esto ha tomado diferentes formas, que van desde impactos desiguales sobre los ingresos de los hogares hasta una incidencia cada vez mayor de violencia doméstica. Los impactos desiguales de la pandemia sobre los estudiantes son uno de los más preocupantes en relación con las tendencias de desigualdad a largo plazo».
«Los cambios hacia métodos remotos de enseñanza y aprendizaje han estado marcados por las disparidades preexistentes en el acceso a herramientas tecnológicas y académicas en el hogar, así como por disparidades en el apoyo al aprendizaje por parte de las madres y los padres, incluidas las disparidades en sus niveles educativos».
Para el PNUD, comprender lo que la ciudadanía piensa sobre la desigualdad en América Latina y el Caribe «es particularmente crucial en el momento actual, dada la ola de malestar social que azotó la región a fines de 2019 y principios de 2020. Si bien las protestas fueron impulsadas por una variedad de preocupaciones específicas de cada país, las quejas de la gente sobre la desigualdad fueron uno de los denominadores comunes más grandes».
Información recogida por Latinobarómetro para este informe, da cuenta de que «la gente es muy consciente de lo
desigual que es la región actualmente —muy alejada de la distribución deseada del ingreso. Esto va acompañado de percepciones generalizadas de injusticia, no solo en la distribución del ingreso sino también en el acceso a los servicios públicos y con respecto a las garantías legales. Además, si las personas se perciben como ‘ganadoras’ o ‘perdedoras’ frente al sistema (si piensan que están entre el 20% superior o el 20% inferior de la distribución del ingreso) es informativo acerca de qué tan justo creen que es el sistema».
«La gente se siente frustrada no solo por la injusticia en los resultados sino también en los procesos, en particular por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos. Existe un acuerdo abrumador entre la población latinoamericana de que sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos. En 2020, el 77 por ciento de la población de la región creía que esto era así, y la proporción alcanzó el 95 por ciento en Paraguay y el 91 por ciento en Chile y Costa Rica».
Otro de los capítulos del informe sostiene que «la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado en lugar del bien común es uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles. Una abrumadora mayoría de personas en la región piensa que este es el caso, y alrededor de una cuarta parte señala a las grandes empresas como el grupo poderoso más influyente».
«En efecto, los mercados de América Latina tienden a estar dominados por un pequeño número de empresas gigantes, y la región se ha caracterizado históricamente por un alto nivel de poder de mercado —un nivel que otros países apenas comienzan a alcanzar».
El informe además consigna que «la política de competencia (también conocida como política ‘antimonopolio’) es una herramienta de política que los países pueden utilizar para contener el poder de monopolio. Todos los países de América Latina, menos dos, tienen leyes y autoridades de competencia. En el Caribe, en cambio, solo cuatro países los tienen. Su ausencia en otros países del Caribe es compensada en alguna medida por una agencia antimonopolio regional. Sin embargo, no importa si existen leyes de competencia o cuán sólidas sean en el papel: solo son tan efectivas en la medida en que sus disposiciones se cumplan. A pesar de los avances de las últimas tres décadas, todavía queda un largo camino por recorrer».
Actualmente, América Latina y el Caribe albergan el 9% de la población mundial. Sin embargo, existe el 34 por ciento del total de muertes violentas. Otros niveles de violencia –como la sexual, los robos, el abuso policial y la trata de personas– son también una lucha en la región.
«La mayor desigualdad puede fomentar las condiciones para mayores niveles de violencia a través de tres canales distintos. Primero, es probable que mayores disparidades introduzcan incentivos que hagan que los retornos a las actividades ilegales sean comparativamente más atractivos que los retornos a las alternativas legales».
«Si bien la mayor desigualdad puede estimular la violencia, la violencia también puede aumentar la desigualdad a través de su efecto sobre los resultados del desarrollo. Debido a que con frecuencia afecta de manera desproporcionada a las poblaciones que ya enfrentan adversidades socioeconómicas, contribuye a amplificar o perpetuar su estado de privación», agrega el informe.
También recalcan que la violencia «también está vinculada a un menor crecimiento económico. Puede reducir y distorsionar la inversión al generar incertidumbre sobre los derechos de propiedad, afectar la formación de capital humano y, por tanto, la productividad, y destruir el capital físico y natural».
Para el PNUD, en América Latina y el Caribe se han implementado diferentes políticas para abordar la desigualdad y la productividad, con éxito limitado. «Dados los incentivos políticos a generar soluciones de corto-plazo para combatir los desafíos de la alta desigualdad y la baja productividad, las respuestas de política tienden a ser fragmentadas e ineficaces y, en algunos casos, incluso pueden terminar profundizando las distorsiones existentes en el largo plazo».
«De hecho, algunos de ellos han generado dinámicas que han provocado un agravamiento de las desigualdades y un estancamiento de la productividad. Este informe argumenta que solo al abordar la complejidad de las interacciones entre las variables centrales que subyacen a la perpetuación de esta trampa, la región finalmente podrá romper este ciclo», puntualiza el documento.
Finalmente, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 señala que América Latina y el Caribe volvió, en 2019, «al mapa del malestar social con crecientes protestas y demandas de cambio. A lo largo de 2020 y 2021, ALC se convirtió en un epicentro del COVID-19; a pesar de la acción rápida y medidas de confinamiento estrictas, los países sufrieron una carga desproporcionada de casos y muertes. Esto trajo consigo múltiples crisis económicas y sociales, incluida una economía en contracción con un espacio fiscal limitado, junto con el aumento de la pobreza y el hambre».
«Esto -señalan- es un reflejo de la fragilidad política, económica y social generada por la trampa viciosa de la que trata este informe. La combinación sostenida de alta desigualdad y crecimiento limitado puede generar un equilibrio frágil, porque los gobiernos no consiguen satisfacer sus necesidades fiscales ni los ciudadanos sus aspiraciones de alcanzar una vida que tengan razones para valorar. A pesar del avance de la región en las últimas décadas para convertirse en una región de ingreso medio, la dinámica de esta trampa ha hecho que ese progreso sea inestable; y las crisis recientes han demostrado la rapidez con la que se pueden producir retrocesos».
«A raíz de esta crisis actual, reconstruir lo que había ganado la región puede llevar mucho tiempo. Para que el progreso futuro hacia el desarrollo sea más sostenible, primero debemos abordar estos desafíos estructurales subyacentes que durante tanto tiempo han mantenido esta trampa en movimiento», cierra el documento.
