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El vocero de Lavín, con gran despliegue mediático, acusó a dos químicos farmacéuticos de la municipalidad de robar y vender medicamentos controlados, respaldado en una auditoría encargada por él. La defensa de los funcionarios afirma que los resultados de la inspección fueron manipulados, al igual que las imágenes que se entregaron a los canales de televisión para escenificar el supuesto delito. Al interior de la Corporación Municipal se sostiene que el alcalde aprovechó este caso para cubrir la seria crisis de abastecimiento de remedios, que tiene relación con contratos preferentes con ciertos proveedores de insumos médicos, compras extrañas –como mascarillas a una persona natural con giro de transportes– y ventas con sobreprecio de algunos proveedores, por hasta cinco veces el valor comercial. Una de estas empresas es la distribuidora Los Álamos, de cuya propiedad fue parte el gerente de Comunicaciones y Marketing de Mega.
A fines de mayo, solo 6 días después que el precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, anunciara la incorporación del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, como vocero de su campaña, el díscolo jefe comunal de derecha transmitió a los medios, especialmente noticieros de TV, una noticia que sonaba escandalosa: luego de realizar una auditoría encargada a un grupo de peritos independientes, la municipalidad descubrió que 1.290.134 unidades de “medicamentos controlados” habían desaparecido desde las centrales de abastecimiento del municipio.
Previo a que esta denuncia fuera hecha pública a través de noticieros de televisión, que accedieron a registros de las cámaras de seguridad de la droguería, donde se podía ver a desconocidos cargando medicamentos en una mochila, la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) –organización de derecho privado, pero presidida por el alcalde Carter– venía enfrentando otro escándalo en materia de salud, esta vez por quiebres en el stock de medicamentos de primera necesidad y por contratos millonarios a proveedores preferidos, que vendían sus productos tres y hasta cuatro veces por el sobre el valor del mercado.
“Mientras no había para pagar el paracetamol, se compraron millones de pesos en sildenafil (viagra) y gel íntimo”, cita como ejemplo un funcionario encargado de las compras en la municipalidad.
Según facturas a las que tuvo acceso El Mostrador, en 2017 se gastaron $3.594.990 en gel íntimo adquirido a la empresa Ethos. La misma compañía facturó $4.484.277 en noviembre de 2017 por 28.940 comprimidos de sildenafil. Otra vez se compró gel íntimo, por un total de $5.652.500, en marzo de 2019 a la firma Santepharma.
En el marco de estas compras destaca la adquisición de 5 mil unidades de gel íntimo a la empresa Distribuidora Los Álamos en noviembre de 2018. De acuerdo al testimonio de funcionarios de la droguería, esta distribuidora era la que vendía los productos a sobreprecio, pero no solo eso sino que también en mal estado, y en condiciones subestándar de traslado y almacenamiento. Se trataba de insumos médicos, no medicamentos.
Por ejemplo, un apósito se vendía a $7.915, mientras otra empresa lo vendía a $1.915. El Control de Vapor para Autoclave, costaba $14.130 en los Álamos, versus $4.130 en otra empresa, adquiridos sin licitación pública, dado que la Comudef es una corporación de derecho privado.
Ante la evidencia, la empresa Los Alamos decidió bajar los precios de los productos más caros para mantener el contrato, que era a cinco años. Sin embargo, la municipalidad optó por terminarlo anticipadamente en 2019 y la firma, que tenía como principal cliente a La Florida, advirtió que caería en quiebra.
Al comienzo del contrato, uno de los gerentes de dicha compañía era Benjamín Kalm Laub, quien también figura entre los socios de Los Álamos. La firma estaba compuesta por otros dos socios. Por una parte, estaba Juan Carlos Salgado, especialista en el rubro de proveedores de insumos médicos y medicamentos, y por otro, Marcelo Bravo Cánepa, exejecutivo de SMU, el retailer de Álvaro Saieh y actualmente gerente de Comunicaciones y Marketing de Mega.
Cercanos al ejecutivo comentan que informó a la contraloría del canal sobre este vínculo y se descartó un conflicto de intereses. Consultado por su participación, Bravo sostuvo que el tema de los precios no era resorte de ellos, ya que el valor de los productos los fijó la propia Corporación Municipal, de modo que fueron ellos mismos los que en la licitación fijaron los precios excedidos.
«No es correcto hablar de cobros de sobreprecio, se cobró de acuerdo a una licitación/tabla que fijaba los precios por la Comudef (contrato/privado), contrato que yo compré en segunda vuelta (yo no participé de esa licitación) y que frente a la solicitud de bajarlos siempre accedí, sabiendo que los precios se mueven por condiciones de mercado, a pesar de que el contrato protegía el no hacerlo», sostiene Bravo.
Paralelamente, otro de los socios en Los Álamos, Benjamín Kalm, participa en Kiruka Medical Services, que en el segundo Gobierno de Bachelet –que coincide con los años 2017-2018– se adjudicó $921 millones en licitaciones con el Estado, según un estudio publicado por el Observatorio de Gasto Fiscal.
Poco antes de la quiebra, la gerencia general de Los Álamos fue asumida por Juan Carlos Salgado Vásquez, hasta septiembre de 2019. Luego que la empresa Alamos quebrara, Salgado continuó como proveedor de La Florida con otra firma, Salvapharm, de la cual es gerente general y único socio, de acuerdo a los registros consultados.
Fuera de eso, cuando se acabó el contrato preferencial con Los Álamos, una de sus funcionarias, Carolina Carrasco, pasó a trabajar en el Departamento de Adquisiciones de la Comudef.
A estos conflictos de intereses, se suman otras compras extrañas, a empresas con otros giros que no están relacionados con la salud. A Patricio Sepúlveda Garrido, cuyo giro es el de Estacionamientos, Transporte y Aseo, la municipalidad le compró 50 mil mascarillas de 3 pliegues para la Comudef.
A este tipo de situaciones se suma una grave crisis de abastecimiento que afecta a los usuarios de la Red Pública de Salud.
Un profesional de uno de los Cesfam de La Florida reconoce que el área de salud atraviesa por una seria crisis de abastecimiento.
“Nunca habíamos estado así: entregando recetas externas para comprar medicamentos o entregando la mitad de los que les corresponden a las personas. Habitualmente hay 1 o 2 medicamentos con quiebre, pero ahora, en algunos casos, hay entre 6, 10 y hasta 20 medicamentos, en los casos más dramáticos, que están en quiebre, una situación que no tiene precedentes en la municipalidad”, afirma este funcionario que pidió resguardar su identidad.
Según Álvaro Caballero, defensa de los químicos farmacéuticos, Alexcis Aguirre Toro y Aarón Aramburu Farías, quienes fueron acusados públicamente por el alcalde Carter de ser los responsables de la desaparición de más de un millón de dosis de psicofármarcos desde la droguerías y Cesfam municipales, estas acusaciones serían una maniobra para distraer a la opinión pública de lo que parece ser una gestión municipal en crisis.
“Las declaraciones del señor Carter (…) buscan hacer recaer en dos funcionarios claramente subalternos la responsabilidad derivada de deficiencias graves y estructurales en la gestión municipal; deficiencias que, de acuerdo con las propias palabras del alcalde, se arrastran de “muchos años”, en circunstancias que nuestros representados prestan labores en el municipio desde data mucho más reciente y circunscrita en cualquier caso al período de su propia gestión edilicia”, aseguró.
El caso estalló luego que el perito José Velásquez Olavarría concluyera, en una auditoría encargada por la municipalidad a los 9 centros de salud dependientes de la Comudef (Corporación Municipal de Desarrollo Social de La Florida), que “sin excepción” faltaban psicotrópicos sujetos a control legal, entre ellos, Alprazolam, Clonazepam, Fenobarbital, Diazepam y morfina, entre otros.
Carter anunció que la Comudef ya había tomado medidas, presentando una querella por malversación de fondos públicos, apropiación indebida e infracción a la Ley de Drogas. El equipo legal está liderado por el abogado Jaime Winter, hermano del diputado Gonzalo Winter.
Aunque la querella es “contra todos quienes resulten responsables”, menciona a dos químicos farmacéuticos como “las únicas personas que tienen llaves” de la Droguería Municipal, donde llegan los medicamentos, además de insumos médicos, para luego distribuirse a los demás centros de salud y la Farmacia Municipal. Se trata de Alexcis Aguirre Toro, cuyo cargo es de Director Técnico de la droguería, y Aarón Aramburu Farías, químico farmacéutico que ejerce como personal de apoyo.
La acción penal fue interpuesta en el 14° Juzgado de Garantía y actualmente está en manos del fiscal Jorge Martínez, de la Fiscalía Local de la Florida. La indagatoria está en fase inicial, sin personas formalizadas y con diligencias a cargo de la Bicrim, sin que a la fecha hayan sido citados a declarar los funcionarios.
Aun cuando la investigación aún se halla en su fase inicial, el alcalde Carter ha sostenido de que estos dos funcionarios “burlaron los controles quizá por negligencia”, a partir de lo cual –según el alcalde– se habría conformado una «red de tráfico”, para que los psicotrópicos fueran distribuidos de forma ilegal en ferias libres de la comuna. La acusación fue acompañada de imágenes de las cámaras de seguridad, entregadas a dos noticieros de televisión abierta, donde se puede ver a dos personas con rostro cubierto, metiendo cajas en sus mochilas. Además de otras imágenes de personas en el estacionamiento de la droguería.
A través de un correo fechado el viernes 5 de febrero a las 18:23 horas, al que tuvo acceso El Mostrador, Juan Enrique Pérez, director de la Comudef, informó que ambos químicos –Aguirre y Aramburu– fueron suspendidos de sus funciones luego que se conocieran los resultados de una auditoría llevada a cabo por el Instituto de Salud Pública (ISP) el 27 de enero. En esa inspección, se encontraron fallas en los protocolos de almacenamiento y destrucción de medicamentos vencidos, además de la costumbre de “fraccionar” los medicamentos, procedimiento que no está permitido.
La auditoría del ISP –a la que también tuvo acceso este diario– no habla de “robo” o “sustracción” de remedios, sino de “diferencias” en el conteo, que por lo demás serían acotadas a solo algunos medicamentos y en cantidades mucho menores a las que indica la auditoría independiente encargada con posterioridad a José Velásquez Olavarría. Las inspecciones para esta última auditoría –cuyos resultados fueron difundidos ampliamente por los medios– se realizaron el 26 de febrero y luego en varias jornadas entre el 8 y el 15 de marzo de este año, es decir, entre tres y cinco semanas después que los funcionarios fueran suspendidos.
Ahora bien, esas fechas no son las únicas que evidencian inconsistencias. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la droguería, que facilitó la municipalidad a los noticieros de TV, en que se puede apreciar a personas sustrayendo medicamentos y que –según las imputaciones de la administración Carter– podrían corresponder a los químicos, fueron registradas el 18 de mayo, vale decir, más de tres meses después que fueran suspendidos.
El abogado Álvaro Caballero, en representación de la defensa de ambos funcionarios, puso en duda la veracidad de las imágenes que mostraron los noticieros. “En las imágenes que la Municipalidad de La Florida entregó a los medios de prensa y que fueron exhibidas en los noticieros de casi todos los canales de televisión como asociadas –incluso con nombre y apellido, como en el caso de Canal 13– a nuestros representados, ni siquiera corresponden a ellos, sino a funcionarios que fueron contratados para desempeñarse en la misma área con mucha posterioridad. Lo que obviamente constituye, además de un grave atentado contra la verdad y contra la honra de nuestros representados y sus familias, una falta inexcusable a la probidad que cabe exigir de una autoridad pública”, afirmó.
Por otra parte, una serie de gestiones para acceder a la contabilidad de los psicofármacos perdidos, en el informe final de la auditoría independiente de José Velásquez, que es la principal prueba para hacer la denuncia ante el Ministerio Publico, tiene como fecha el 12 de mayo. Pero, según una serie de correos a los que tuvo acceso El Mostrador, hay pedidos de información con posterioridad al informe. El primero es enviado por el propio perito José Velásquez el 13 de mayo a la Comudef, y el otro es de Juan Enrique Pérez –director de la Corporación Municipal– a los directores, el 18 de mayo. En ambos se solicita enviar con urgencia información con los medicamentos controlados para completar el conteo. Es decir, en los dos casos la solicitud es posterior a la fecha en que se firmó la auditoría terminada y que, supuestamente, incluía la información consolidada de todos los centros.
La auditoría encargada el 12 de enero al Instituto de Salud Pública (ISP) envió los resultados la primera semana de febrero, pero, antes de que los químicos pudieran responder a las consultas de la indagatoria, fueron suspendidos de sus funciones. El 7 de junio pasado llegó una notificación del ISP anunciando un sumario contra Alexcis Aguirre, con un plazo para responder. En la respuesta, Aguirre acompañó números de lote y copias de las guías de despacho que acreditarían la cuadraturas, registrándose diferencias mínimas en las cantidades de medicamentos controlados. Esas cifras no coinciden con las que entregó la auditoría independiente, fechada el 12 de mayo.
Por ejemplo, la auditoría del equipo de José Velázquez identifica una cantidad de 33.060 unidades de Alprazolam en stock. Mientras, el ISP contó 33.010 unidades, y la respuesta de Alexcis Aguirre al ISP, por su parte, consigna un total de 33.110 unidades de este medicamento. El químico justifica la diferencia en 100 cajas que estaban deterioradas. En el caso de la Morfina de 20 mg, en la auditoría independiente se consignan 210 en stock pero 400 unidades registradas en los libros, 10 en stock y una diferencia de 190 unidades. Mientras que la respuesta de Aguirre al ISP contó también 400 unidades, 190 salidas y un stock de 210 disponibles. El ISP constató un conteo similar.
Aun cuando existen diferencias entre las tres contabilidades y en cada uno de los psicofármacos controlados, estas no resultan ser sustanciales, pese a que la municipalidad informó originalmente que la pérdida se estimaba en 300 kilos de medicamentos.
