El millonario sueldo del cuestionado secretario de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional

Durante los últimos días, el nombre del cientista político Francisco Encina, desconocido para la mayoría meses atrás, se puso en la palestra de la discusión pública. Esto, luego que la lista de constituyentes representantes de los pueblos originarios –a los que se sumaron luego los denominados Autoconvocados– exigieran su renuncia como secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, la entidad creada por el Gobierno para hacer de “enlace” con la Convención.

Acusado de “falta de voluntad de cumplimiento de sus compromisos”, principalmente por lo que señalaron los incumbentes, no habría dado el visto bueno para que tanto la machi Francisca Linconao como Isabella Mamani, representante del pueblo aymara, pudiesen asistir a la ceremonia de inauguración –el próximo domingo 4 de julio– acompañadas de sus colaboradores directos, en tanto autoridades ancestrales.

De esta manera comenzó un tira y afloja con el Gobierno, bajo la amenaza de la no presentación a la primera jornada. Hasta este minuto, La Moneda se ha encargado de dejar en claro que aquellas “diferencias políticas”, como señaló el martes el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, “no justificarían la renuncia de nadie”.

Abierta esta puerta, también se puso sobre la mesa la unidad de la que Encina está a cargo, y que es la encargada, entre otras cosas, de las licitaciones, las mismas que los convencionales ya mencionados señalaron que buscarán suspender una vez esté en marcha la Convención.

Pero cómo funciona y se financia esta unidad encargada de asesorar administrativamente a la Convención Constitucional, resulta un tema no menor, ya que dentro de la arremetida de un sector de los convencionales –que suman más de ochenta representantes– se encuentra también la revisión de la asignación del presupuesto, para ellos decidir de qué manera se les va a asesorar desde la entidad técnica creada por el Ejecutivo.

En este sentido, la cabeza de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, es decir, su secretario ejecutivo, Francisco Encina, no forma parte del gasto presupuestario de la instancia constituyente, ya que su sueldo bruto sale en su totalidad del propio Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Esto, explicaron desde la propia cartera, debido a que su cargo pertenece a la planta directiva de la subsecretaría, es decir, de confianza. Según Transparencia Activa, su sueldo bruto mensual, al mes de mayo, alcanzaría los $ 7.426.036. El monto se explicaría por el hecho de que a su sueldo base se le suma una serie de asignaciones, principalmente la que se refiere a la función crítica. A ella se le agregan asignaciones por responsabilidad superior, profesional, de modernización, sustitutiva, incremento previsional, sueldo base, entre otras.

Los demás miembros de la unidad, ahora sí costeados por el presupuesto 2021 asignado a la Convención, son:

-Patricio Cáceres Astete, asesor en el uso de los micrófonos dispuestos en las salas y en el hemiciclo del Congreso Nacional sede Santiago y mantenimiento de los micrófonos en las salas y en el hemiciclo del Congreso Nacional sede Santiago, con un sueldo mensual de $ 1.016.949.

-Alfredo Campos Carús, asesor en la generación de protocolos de gestión de riesgos de la Convención Constitucional, con $ 2.600.000.

-Juan Gómez Mulato, encargado de habilitación y asesoría en los equipos computacionales de los integrantes de la Convención Constitucional, del software de votación necesario para el cumplimiento de sus funciones, con un sueldo de $1.016.949.

-Pablo González Cárcey, quien colaboró durante 3 meses en la elaboración de bases de licitación para el desarrollo y funcionamiento de la Convención Constitucional, con materias relacionadas a la tecnología, transmisión audiovisual, diseño gráfico y audiovisual, publicidad, branding, entre otras materias, con $ 2.154.933

-Carlos Huckstad Figueroa, encargado de coordinar al equipo técnico informático del sistema de votaciones en las sesiones de la Convención Constitucional, además de fiscalizar, verificar y registrar el cumplimiento de los servicios relacionados con el referido sistema. Esto, además de ejecutar y llevar a cabo el funcionamiento del sistema de votación en cada una de las sesiones que se celebrarán con motivo de la Convención Constitucional en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, y cuyo sueldo es de $ 1.763.842.

-Ignacio López Bahamonde, con funciones en asesoría a los integrantes de la Convención Constitucional en el uso de los micrófonos dispuestos en las salas y en el hemiciclo del Congreso Nacional sede Santiago. A esto se le suma el verificar el correcto uso y funcionamiento de los micrófonos dispuestos en las salas y en el hemiciclo del Congreso Nacional sede Santiago, entre otros aspectos, con un sueldo mensual de $ 1.016.949.

-Joan Manuel Martínez Ureta, cuya labor es la de asesoría en la ejecución de los servicios necesarios para llevar a cabo las transmisiones simultáneas en las comisiones y salas de la Convención Constitucional. Asimismo, asesorar al secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, en lo relativo a los aspectos técnicos que puedan requerir los procesos de licitación o la ejecución de los servicios relacionados con las materias indicadas precedentemente u otras, y cuyo sueldo es de $ 2.259.887.

-Karen Morales Gaete, encargada de la creación de planos y circuitos de cables, además de identificar los puntos de conexión y coordinación con los demás equipos de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional. Encargada también de crear los renders para la visualización de los planos forma macro y 3D. Y a cargo además de confeccionar los informes relacionados con su área, para efectos de verificar el cumplimiento de los proveedores que al efecto se contrate, con un sueldo de $ 1.525.424.

-Felipe Navarrete Acuña, encargado de enlaces de datos, distribución y seguridad de redes informáticas necesarias para la transmisión y funcionamiento de la Convención Constitucional. Contraparte técnica designada por parte del ministerio en el servicio de enlaces de datos y otros relacionados con la conectividad (ISP), para verificar el cumplimiento y ejecución de los proveedores que al efecto se contraten para la prestación de los servicios respectivos, entre otros, con sueldo de $ 2.259.887.

-Pablo Negrete Molino, que tiene como labor el manejo y funcionamiento del software de votación necesario para el desarrollo de la Convención Constitucional. Además, verificar el correcto uso del software de votación y su funcionamiento. También, prestar asesoría en la instalación y uso del software de votación, y que recibe un sueldo de $ 1.129.944.

-Rodrigo Pérez Castro, coordinar al equipo técnico de transmisión audiovisual de las sesiones de la Convención Constitucional, que además tiene a su cargo fiscalizar, verificar y registrar el cumplimiento de los servicios relacionados con los enlaces de datos y la instalación y transmisión de circuitos cerrados de televisión, y demás servicios relacionados con lo anterior. También, ejecutar y llevar a cabo la producción televisiva y de sonido en cada una de las sesiones que se celebrarán con motivo de la Convención Constitucional en el edificio del Congreso Nacional, sede Santiago, entre otros, y cuyo sueldo es de $ 5.000.000.

-Boris Rosenblit Silva, es la contraparte técnica designada por el ministerio para coordinar los requerimientos de monitoreos de enlaces de datos y otros necesarios para la transmisión y producción de las sesiones de la Convención Constitucional. Además, tiene la función de identificar los puntos estratégicos de instalación de los equipos de iluminación y otros necesarios para una transmisión segura y continua e informar de lo anterior al coordinador del equipo técnico de transmisión audiovisual y al secretario ejecutivo de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención, entre otros aspectos, con un sueldo de $ 2.824.859.

-Alejandra Salazar Romero, es la encargada de revisar y consolidar los informes recibidos por cada uno de los profesionales que conforman el equipo técnico de transmisión audiovisual. Responsable asimismo de recepcionar y responder a las solicitudes de los proveedores, tanto en los procesos de licitación como en la ejecución misma de los servicios. Manejo de D&B, LAYHER, FIBRA DE ENLACE (KFT), entre otros, y cuyo sueldo mensual es de $ 960.452.

-Rodrigo Serrano Gallardo, encargado de prestar asesoría a los integrantes de la Convención Constitucional en el uso de los micrófonos dispuestos en las salas y en el hemiciclo del Congreso Nacional sede Santiago, entre otros, con un sueldo de $ 1.129.944.

-Constanza Soto Leal, desarrolladora web front end y black end de aplicaciones. También con funciones en análisis, diseño, construcción, implementación y mantención de software, además de orientación de los desarrollos de software a estilo responsive. Asimismo, desarrollo de reportes utilizando librería para despliegue de gráficos dinámicos; integración con aplicaciones externas en base a servicios web; aprendizaje constante de nuevas tecnologías y mejoramiento continuo de aplicaciones, y que recibe un sueldo de $ 1.600.000.

-Daniela Vaccaro Carrasco, cuya tarea consiste en desarrollar y mantener el contenido de la página web de la Convención Constitucional; desarrollar y mantener las distintas plataformas sociales que tenga la Convención; desarrollar contenido; desarrollar y mantener el contenido de la página web de la Convención Constitucional; desarrollar contenido atingente al debate constitucional (videos, piezas gráficas, minutas, etcétera); supervisar y organizar la creación del contenido de la página web y redes sociales entregado por la agencia, y cuyo sueldo es de $ 1.694.915.

El desglose del presupuesto de la Convención

El presupuesto aprobado en la Ley de Presupuestos 2021 para la Convención Constitucional, considerado para los gastos de funcionamiento hasta el 31 de diciembre, es de $6.708,25 millones. Si bien en un principio se había calculado para un lapso de siete meses, el retraso en el inicio de la Convención abultará el monto, ya que ahora la división considerará solo los seis meses restantes hasta fin de año.

El monto total considera, tal como señala la Ley 21.200 del año 2019 y que modificó el capítulo XV de la Constitución Política, gastos en retribución de constituyentes, sueldos a integrantes de secretarías técnica y de apoyo, y remuneración de expertos por un monto de $3.753,33 millones de 2021, así como asignaciones para los constituyentes electos por un monto de $1.407,46 millones de este año.

A eso se agrega la habilitación del Salón de Honor del antiguo Congreso Nacional, por un monto de $854,66 millones de 2021.

Participación Ciudadana y Difusión por $ 500 millones de 2021. Inicio de actividades y funcionamiento de la Convención por un monto de $192,8 millones de 2021.

En el escrito se advierte que el único ítem presupuestario definido por ley sería la retribución o dieta mensual que recibirán los constituyentes electos. De la operación simple de multiplicar el monto antes dicho por 155 constituyentes por 7 meses (en este caso 6), se estima que la retribución a constituyentes ascendería a $ 2.847,52 millones de 2021.

Cabe recordar que la Convención Constitucional tendrá la facultad y obligación de generar su propio reglamento, lo que puede modificar los presupuestos designados en un principio para cada uno de los ítems recién señalados. Por ahora, el debate se halla centrado en el eventual costo de las asesorías que los constituyentes crean necesarias para desarrollar un mejor trabajo deliberativo, situación que se resolverá una vez que se firme el mencionado reglamento.