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«El Gobierno ha puesto en riesgo el inicio del proceso constituyente. Presidente Sebastián Piñera ponga orden, tome medidas ahora”, dijo la presidenta del Senado, Yasna Provoste, luego del fiasco de la primera sesión de la Convención. Diputados de oposición dijeron que evalúan una acusación constitucional contra el Mandatario por “notable abandono de deberes”, mientras otros pidieron la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, tal como lo han planteado grupos de convencionales. En tanto, la diputada PS Maya Fernández hizo una presentación ante la Contraloría para iniciar “un proceso de investigación que establezca claramente las responsabilidades administrativas por el retraso y entorpecimiento en el inicio de la Convención Constitucional”.
Por varios frentes desde el Congreso están poniendo presión al Gobierno a raíz del fiasco de la primera sesión de la Convención Constitucional, que tuvo que ser suspendida debido a que no estaban las condiciones mínimas para funcionar ayer en el edificio del ex Congreso en Santiago.
Diputados de oposición dijeron que evalúan una acusación constitucional contra el Presidente por “notable abandono de deberes”, otros pidieron la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, tal como lo han planteado grupos de convencionales, y también hubo presentaciones ante la Contraloría.
Lo sucedido el lunes se resume así, según la presidenta del Senado Yasna Provoste: “Desconocemos si es incompetencia, desidia o mala fe, pero el Gobierno ha puesto en riesgo el inicio del proceso constituyente. Presidente Sebastián Piñera ponga orden, tome medidas ahora”, indicó la timonel de la Cámara Alta.
En la Cámara de Diputados, apuntan directamente al Presidente de la República. “El Presidente no ha cumplido con una instrucción constitucional y eso claramente implica responsabilidad por parte de él. Lo que sucedió ayer fue un bochorno mundial”, lamentó el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara.
A su juicio, “la responsabilidad primaria, y así lo establecimos cuando modificamos la Constitución, es del Presidente de la República. El Presidente de la República debe entregar todos los medios técnicos, de infraestructura y financieros para el correcto funcionamiento de la Convención Constitucional”, dijo en CNN Chile.
“Lo que corresponde es presentar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Alguien me puede decir que no es viable políticamente, pero vamos a recabar las opiniones que haya y vamos a terminar con lo que sea más viable”, agregó por su parte el diputado comunista Daniel Núñez.
En tanto, la diputada regionalista Alejandra Sepúlveda también puso el goco en el Mandatario, al “recordar que tras la aprobación de la reforma constitucional que permitió hacer realidad esta Convención Constitucional, le entregamos todas las facultades al Presidente de la República, es él el responsable que ésta funcione o no funcione desde el punto de vista no del contenido, pero sí de la implementación. Es él el principal responsable y quien entrega esto a la Secretaría General de la Presidencia”.
Los dardos también apuntan al ministro Ossa en su condición de superior jerárquico de Francisco Encina, el secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, encargado de tener habilitado el proceso.
“Ojalá el ministro no nos haga perder el tiempo en Acusaciones Constitucionales y renuncie aquí y ahora, por dignidad”, dijo drástica la diputada Sepúlveda.
La parlamentaria pidió en sala un informe a la mesa de la Cámara de Diputados con el detalle de lo entregado y solicitado por Segpres para la instalación de la Convención Constituyente, y lamentó el “vergonzoso espectáculo que hemos visto dada la ineficiencia del Gobierno para la instalación como corresponde de la Convención Constitucional”.
“Nos causa una tremenda desazón y malestar la fallida instalación de la Convención Constitucional, debido a los muchos problemas en la implementación que hemos visto, por lo que hemos pedido un informe a la mesa Cámara para transparentar todo el proceso, haciendo valer nuestra función fiscalizadora. Desde chequear en qué condiciones se entregó la parte del edificio que nos correspondió, la implementación de los computadores o del sistema que en ese minuto estaban funcionando y posteriormente esto no ocurre”, añadió.
En la Cámara denunciaron además que el Parlamento ofreció apoyo técnico al Gobierno respecto al trabajo telemático, que la máxima autoridad desestimó.
Así lo hizo notar el ex presidente de la Cámara, Iván Flores, quien aseguró que el Congreso ofreció hace más de un año todo el apoyo técnico necesario para el funcionamiento de la Convención : “No nos escucharon, aquí hay mucho más que desidia”.
“Se lo dijimos y ofrecimos a todos los ministros hace más de un año; pero nunca nos escucharon; lo que ha pasado es inaceptable y afecta un proceso histórico como el constituyente”, dijo el parlamentario DC, quien pidió que se asuman las responsabilidades políticas en lo que calificó como un hecho “gravísimo”.
De todos modos, luego del traspié del lunes, desde el Congreso reafirmaron esa voluntad de colaboración. “Como@Senado_Chile reafirmamos nuestra plena disposición de colaboración con la Convención”, dijo la presidenta del Senado Yasna Provoste.
En tanto, la diputada socialista Maya Fernández envió un oficio al contralor Jorge Bermúdez en donde piden tomar cartas en el asunto e iniciar “un proceso de investigación que establezca claramente las responsabilidades administrativas por el retraso y entorpecimiento en el inicio de la Convención Constitucional”.
La parlamentaria recuerda que “para el correcto funcionamiento de la Convención, y según lo dispuesto en el inciso final del art. 133 de la misma Carta Fundamental, quedó establecido que correspondería al Presidente de la República, o a los órganos que éste determinare, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”.
Por eso, la diputada pidió al ente de control “un pronunciamiento en que se señale si, debido al retraso y entorpecimiento en la instalación e inicio de la Convención Constitucional, las autoridades del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la Subsecretaría General de la Presidencia y de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional han incumplido con sus deberes constitucionales y han cometido, además, infracciones graves al deber de respetar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación en la gestión pública”
A juico de la diputada, “los hechos implican, a nuestro criterio, una clara trasgresión a lo dispuesto en el art. 6, inciso primero de la Constitución Política de la República, pues el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Administrativa, ambas autoridades a cargo de poner en marcha la Convención Constitucional, no han dado un cumplimiento eficaz al mandato constitucional que se les ha encargado (…) Estos hechos implican además, una clara trasgresión a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación en la gestión pública, dispuestos en el inciso segundo del art. 3° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado”.
