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Según informaron los gobernadores regionales, la Contraloría ya estaría al tanto de varias de las malas prácticas que el Gobierno, a través de los delegados presidenciales, sigue implementando a casi un mes de haber iniciado sus actividades como autoridades electas. Trabas para reunirse con los directores de servicios, intromisión en reuniones a las que no han sido invitados, aviso tardío de visitas a la región de las autoridades ministeriales, entre otras situaciones, han marcado las primeras semanas de la inédita labor de los Gores. La comisión mixta sobre descentralización, que se iba a llevar a cabo el martes pasado en el Congreso, finalmente fue suspendida, pero –según ha planteado la autoridad gubernamental– nada de lo que se rechazó en la Sala sería repuesto, por lo que los gobernadores sentenciaron que preferían quedar sin una ley, antes que con una que sea mala.
“Esta güeá no procede”, las palabras del Gobernador Regional por Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se escucharon fuerte y llegaron lejos. La vehemencia de Mundaca puso nuevamente en el tapete malas prácticas del Gobierno en medio del proceso de descentralización, cuando acusó al delegado presidencial de la región, Jorge Martínez, de obstruir su labor como autoridad democráticamente electa, al intentar interponerse a las reuniones con diferentes jefes de servicio de la región, lo que fue calificado por sus pares como maniobras “improcedentes y fuera del marco de la ley”.
Desde que el oficialismo se quedó con solo una de las dieciséis gobernaciones regionales, los electos gobernadores regionales (Gores) comenzaron a levantar quejas en torno al actuar del poder central en medio del proceso de descentralización, inédito en nuestro país. Y antecedentes existían. Dos años atrás, y a través de una maniobra que terminó siendo develada, el Ejecutivo intentó postergar para el próximo Gobierno la elección. Y este año, a días de asumir sus funciones, La Moneda buscó restarles una parte importante de su presupuesto para transferirla a los delegados presidenciales, situación sobre la cual, al ser expuesta por El Mostrador, se vieron obligados a retroceder. Ahora, a casi un mes de instalados y en plenas funciones, las “malas prácticas” no cesan, con lo que el inminente choque frontal entre ambas autoridades ya es un hecho.
A lo anterior se suman las dispares posiciones respecto de lo que pueda salir de la comisión mixta, postergada hasta dos semanas más, donde el Gobierno no ha dado señales de apertura a los requerimientos exigidos para dar el vamos a la Ley de Descentralización Financiera, la misma que fue rechazada por la oposición en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a solicitud de las autoridades regionales. En este caso, señalaron que, de seguir insistiendo la autoridad central en sacar adelante dicho proyecto tal como está, “preferimos que no haya ley y que todo se dirima en conflicto”.
Por ahora, los Gores siguen a la espera de la respuesta del Presidente Sebastián Piñera para ser recibidos en Palacio y poder, así, plantear todas las quejas. Para estos últimos los delegados presidenciales no han hecho más que entorpecer su trabajo. “Necesitamos que se sinceren las posiciones», sostuvieron, a fin de tener un rayado de cancha claro hasta por lo menos el 11 de marzo del 2022, día del próximo cambio de mando. Pero el Gobierno –acusaron– “parece seguir resistiéndose a la nueva institucionalidad”.
Y es que las acusaciones vertidas por Rodrigo Mundaca no son excepcionales, según lo señalado por la coordinación que reúne a todas las nuevas autoridades. Situaciones similares han acusado los representantes de Magallanes, Jorge Flies, y de Coquimbo, Kirst Naranjo. Ante esta realidad, las diferencias ya habrían sido expuestas ante la Contraloría Nacional de la República, el por ahora, único órgano facultado para dirimir competencias entre ambas autoridades.
En una cita que se llevó a cabo el lunes 9 de agosto a las 20 horas vía Zoom, los diferentes Gores expusieron las dificultades que han ido sorteando para, de esta manera, poder exponer institucionalmente la molestia al Gobierno.
Otras de las complicaciones –y que ha llevado a varios a plantearlo– supondría la existencia de una orden de carácter institucional, de parte de la máxima autoridad central, para que los gobernadores no estén presentes en reuniones claves, donde se sientan ministros y subsecretarios y los exintendentes a dirimir cuestiones que no les competerían a los delegados presidenciales, como gasto presupuestario, el que por ley corresponde al CORE en su condición de presidente del Consejo Regional.
Una de las formas que se usaría para dejar a los gobernadores fuera, es la de los avisos tardíos de las visitas de las autoridades centrales a la región, lo que implica que la autoridad electa se vea imposibilitada de participar de las actividades, debido a la dificultad para reagendar “a última hora” sus actividades ya programadas. En otras oportunidades, en medio de una cita –acusaron– donde se están resolviendo temas de competencia del Gore, “aparece sin aviso de por medio” el delegado presidencial en la reunión virtual, cambiando inmediatamente el talante de la discusión.
El gobernador regional por Los Lagos, y vocero de la Asociación de Gobernadores, Patricio Vallespín, calificó el actuar que están teniendo los delegados presidenciales como “una arrancada de tarros, que no conocen la ley y no saben que están procediendo de manera arbitraria, abusiva e ilegal”.
Varios de los consultados, y a raíz de la poca disposición de algunos de los representantes del Gobierno en regiones, manifestaron que han tenido que actuar “de facto”, como alternativa de última ratio para poder reunirse con las diferentes autoridades, con las que deben coordinarse diariamente.
Solo los más optimistas vieron el retraso en la comisión mixta sobre descentralización como una oportunidad para cambiar el rumbo legislativo de un proyecto que no satisface las pretensiones de las nuevas autoridades. En este periodo de dos semanas, hasta volver a sesionar, esperan poder ser recibidos por el Mandatario y, así, despejar las dudas ya descritas.
La cita en primer término estaba contemplada para el martes 10 de este mes, pero debió ser suspendida debido que se cruzó en la Sala del Senado con la sesión especial del Día del Dirigente Social y Vecinal, instancia en que se iban a revisar proyectos ya en trámite. Según comentaron, se solicitó hacer una comisión paralela, pero esta no habría recibido la venia respectiva. De esta forma, y considerando que la próxima semana es distrital, habrá que esperar dos semanas más para seguir con la comisión mixta sobre descentralización.
De todas formas, los gobernadores les hicieron llegar a todos los miembros de la comisión mixta del Congreso un documento con su opinión, respecto de cuales ítems de deberían modificar en la denominada Ley Corta de Descentralización.
Entre los puntos que más destacan se cuenta la inconveniencia de la existencia del delegado presidencial regional, la falta de participación o sujeción a dicha autoridad regional, el financiamiento de los Gobiernos Regionales, evaluación de las competencias transferidas definitivamente, y el silencio negativo en el procedimiento de traspaso de competencias. A eso se suma el revisar la LOC Nº 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, dependencia jerárquica de los servicios públicos que operan en la región, y establecer plazo para dictar Reglamento del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, entre otras materias.
En la última intervención del subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez –una vez que se votó en contra de la ley–, este señaló, a nombre del Gobierno, que «quisiéramos lamentar la forma incomprensible en la cual gran parte de la oposición le dio un portazo al avance en materia de legislación de descentralización en nuestro país. Nosotros teníamos en la Sala de hoy un proyecto de ley que fue ampliamente discutido en la Comisión de Gobierno, donde se llegaron a profundos e importantes acuerdos, salvo en un par de materias específicas que iban a ser sometidas a la mayoría democrática que se expresaba en la Sala de la Cámara de Diputados…”.
Ante esta situación, el propio Vallespín señaló que “preferimos que no exista ley y que sea a través del conflicto, de las competencias, a que le den menos competencias y menos posicionamiento al Gobierno Regional”. A esto agregó que “si no se cambia nada, pro descentralización, preferimos que no exista ley”.
