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Crédito: ATON
El 19 de agosto es la audiencia en la que se discutirá la reapertura del caso contra Fuente-Alba, luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo requiriera para completar un informe de la PDI en relación a los pagos en efectivo recibidos por el exjefe uniformado. En un escrito de 94 carillas, Fuente-Alba justifico sus ingresos y la fortuna que logró obtener -aseguró- de forma lícita. En el documento, el general (r) niega malversación de recursos públicos ni el lavado de dinero y asegura que su patrimonio no sólo provenía de sus ingresos como oficial de Ejército, sino de inversiones y ventas de bienes, arrendamientos, herencias y otros, “y son más que suficientes para sustentar el pago de los créditos de que se trata, sin recurrir a la especulación de empleo de gastos reservados». Cabe consignar que de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, Fuente-Alba y Anita Pinochet registraban, a inicio del año 2008, un patrimonio de $409.718.979, y al 2015, dicho monto se elevaba a $1.003.419.318
El 29 de abril pasado, el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba entregó su última declaración al fiscal José Morales, en el marco de la investigación que se sigue en su contra por malversación de caudales públicos y lavado de dinero, delitos por los que el Ministerio Público solicitó 15 años de cárcel en su contra y de 10 años y un día para su esposa Ana María Pinochet Ribbeck, pieza clave en el esquema de corrupción de la pareja.
La declaración del uniformado es fundamental para la audiencia del 19 de agosto, día en que se discutirá la reapertura del caso contra Fuente-Alba, solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). De acuerdo a La Tercera, el CDE solicitó completar un informe de la PDI en relación a los pagos en efectivo, diligencias que “se justifican por ser necesarias para contrastar múltiples afirmaciones contenidas en declaración escrita de fecha reciente del imputado Juan Miguel Fuente-Alba Poblete».
Cabe consignar que de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, Fuente-Alba y Anita Pinochet registraban, a inicio del año 2008, un patrimonio de $409.718.979, compuesto principalmente de bienes raíces, vehículos y dinero en su cuenta corriente internacional. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2010 los activos actualizados del matrimonio de imputados eran de $834.814.434, “lo cual no se condice con los ingresos declarados solo por el imputado”, señala la acusación. Y al 2015, dicho monto se elevaba a $1.003.419.318
Para el Ministerio Público, el incremento patrimonial obedece a dinero vía gastos reservados, con el cual “realizaron una serie de inversiones, contratos y gestiones, con ánimo de lucro, logrando integrarlo al sistema económico financiero formal, vulnerando de esta forma los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero”.
Sin embargo, en un escrito de 94 carillas, Fuente-Alba justificó sus ingresos y la fortuna que logró obtener -aseguró- de forma lícita. Así, explicó los destinos, las herencias que recibió y de su familia para sumar un total de $760 millones.
De acuerdo al general (r), logró reunir esa cantidad de dinero en sus distintas misiones y cargos como militar. Así, detalló que entre 1976 y 1981, reunió $160 millones cuando se encontraba en Coyhaique. Entre 1987 y 1988, ahorró $68 millones cuando estuvo en El Salvador, además de otros $27 millones entre 2002 y 2010 por comisiones de servicio en el extranjero. Sin embargo sostuvo que «no se cuenta con la documentación contable sustentatoria por encontrarse incinerada hasta diciembre de 1998».
A estos montos hay que sumar otros dineros provenientes de arriendos de inmuebles, la venta de una casa en El Quisco y la herencia de su padre: «Estos importantes activos que fueron ahorrados y que alcanzan una suma total actualizada de $ 767.855.358 nunca han sido considerados en esta investigación, y son más que suficientes para sustentar el pago de los créditos de que se trata, sin recurrir a la especulación de empleo de gastos reservados».
En relación al uso de gastos reservados, el ex militar indicó que «si dicha afirmación se funda en el hecho de que, cualquier abono que se indique en la cartola bajo el rótulo ‘efectivo’, puede entenderse o atribuirse entonces a que se trata de dinero ‘en billetes’ provenientes de la fuente de financiamiento que esgrime el fiscal, ello nos parece una conclusión no sólo apurada, sino que, además, carente de evidencias que la sustenten».
A ello agrega que «la existencia de abonos por caja (no necesariamente en efectivo, como señala el señor fiscal, confusión en la que nos explayaremos en el punto siguiente) en mi tarjeta de crédito no significa que estos recursos provengan de una fuente de financiamiento como la asegurada por el señor fiscal, puesto que su origen son fundamentalmente ahorros que se hicieron mucho antes de ser nombrado comandante en jefe».
Asimismo, en el documento, el general (r) sostiene que «debo señalar que, como excomandante en jefe del Ejército, jamás tuve a mi cargo en depósito, consignación o secuestro los caudales públicos de que se trata y debo desmentir en forma aún más tajante que haya sustraído o consentido que un tercero los sustrajera, que son los verbos rectores del supuesto delito de malversación por el que se dictó el equivocado auto de procesamiento en sede de justicia militar, y que dan origen a esta causa por supuesto lavado de activos».
En ese contexto, considera que ha habido una «persistencia en ignorar las fuentes acreditadas de ingresos y ahorros por diversas vías (rentas de arrendamiento de inmuebles, utilidades en la enajenación de éstos, herencias, etc.), insistiendo en una afirmación abiertamente inexacta, cual es que mis ingresos provenían exclusivamente de mi sueldo como oficial de Ejército».
Por otra parte, sostiene que lo que se indica en la formalización en su contra no es efectivo, pues no es real que coexistieran ocho cuentas corrientes y 17 tarjetas de crédito en 60 meses. «El error en la formulación de cargos es que en ella no se consideró el período de validez de cada uno de estos productos vinculados a las cuentas corrientes».
Fuente-Alba justifica la apertura de estas cuentas, argumentando que las mismas fueron para distintos fines, como compra de vehículos, servicios en el extranjero o la adquisición de créditos hipotecarios. Así, indica que, por ejemplo, «la única razón por la que fue abierta esta cuenta corriente en el Banco HSBC se funda en la destinación del 2 de diciembre de 2005, como agregado de Defensa y militar a la embajada de Chile en los Estados Unidos y jefe de la misión militar en el citado país, desde el 26 de diciembre de 2005 al 31 de enero de 2007. Por lo tanto, a diferencia de lo que se sugiere en la formalización, fue el Ejército el que instruyó la apertura de dicha cuenta».
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, esta cuenta del HSBC “fue utilizada para realizar depósitos y recibir transferencias con dineros provenientes de gastos reservados mientras el imputado se desempeñaba como comandante en jefe del Ejército y realizados en Estados Unidos aprovechando viajes del imputado. Estos depósitos y transferencias son realizados con el fin de ocultar su origen ilícito, para luego ingresarlos al sistema nacional vía cheques para compra de automóviles o transferencias a cuenta dólares del Banco de Chile”.
Y respecto a la utilización de las tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares, la Fiscalía señala que estas “fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base, realizando para estos efectos su fraccionamiento, lo que les permitió colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas”.
También Fuente-Alba criticó el cuestionamiento de la fiscalía por la cuenta bipersonal que mantenía con su esposa: «Resulta obvio que si la mayor parte de los recursos monetarios de la familia provienen de la sociedad conyugal, ellos se acumulen en la cuenta bipersonal del matrimonio. Tales recursos (…) provenían no sólo del sueldo que yo percibía como funcionario público, sino que se incrementaban con el producto de inversiones y ventas de bienes, arrendamientos y otros».
