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Ambas administraciones del sector oriente controladas por la derecha implementaron un mecanismo que no permite la fiscalización de Contraloría, dado que se realizan mediante entidades privadas que no están obligadas a informar sus operaciones ni contrataciones: “Lo Barnechea Seguridad” y la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”. Estas entidades son financiadas por sus respectivos municipios, pero actúan como entes independientes que compran fuera del sistema de adquisiciones públicas. “Estas organizaciones permiten que se contraten a dedo. No sabemos si trabajan familiares o exalcaldes, perfectamente un funcionario podría estar contratado por la Unión Comunal, y pagarle un sobresueldo por ahí”, explica a El Mostrador Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, para quien el caso tiene puntos de conexión con lo que ocurre en Vitacura con la investigación a las platas de las organizaciones funcionales bajo la administración del exalcalde RN Raúl Torrealba (ACTUALIZADA)
El “Vitagate”, la denuncia de irregularidades en pago de subvenciones que tiene en sus manos la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, y que ha incluido entre sus diligencias el allanamiento de la casa del histórico exalcalde RN Raúl Torrealba, no es el único caso que ha puesto en el tapete el manejo de las platas en las comunas del sector oriente de la capital, controladas por la derecha.
Esto, porque un reportaje publicado en el sitio web de América Transparente reveló que más de $14 mil millones han transferido en los últimos 3 años los municipios de Las Condes y Lo Barnechea a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas, un mecanismo que conlleva riesgos de potenciales sobreprecios y sobresueldos. Se trata de otra “caja negra” en estas administraciones comunales.
En el caso de Lo Barnechea, el mecanismo data de la época de la alcaldía de Felipe Guevara –actual delegado presidencial de la Región Metropolitana– y en Las Condes se remonta al período del exalcalde y derrotado candidato presidencial, Joaquín Lavín.
Esa es la denuncia realizada en un reportaje de María Fernanda Leiva y Tamara Silva, del Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que en síntesis deja en evidencia que, para hacer estos traspasos de recursos a la seguridad comunal, cuyos montos constan en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (Registro 19.862), ambas administraciones locales implementaron un sistema que no permite la competencia ni el escrutinio público. Esto, porque se realizan mediante entidades privadas que no están obligadas a informar sus operaciones ni contrataciones: “Lo Barnechea Seguridad” y la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”.
Lea el reportaje completo en este link.
“Descargamos las actas de los Concejos Municipales de ambas comunas desde el año 2014 hasta julio de 2021, las filtramos con las menciones de estos organismos, y así pudimos llegar a información valiosa. Los registros de colaboradores de la municipalidad nos permitieron llegar a los montos, y pudimos conocer que era mucho el dinero que se les transfiere a estas organizaciones privadas”, explicaron a El Mostrador sus autoras. Agregaron que estas organizaciones funcionales debieran ser fiscalizadas, y tienen que cumplir su objetivo de servir para el bienestar de los vecinos, no como «entes empresariales que conllevan vacíos legales».
Ambos organismos son financiados por sus respectivos municipios, pero actúan como entes independientes que compran fuera del sistema de adquisiciones públicas. Estas entidades pagan las remuneraciones de los patrulleros, sus uniformes, la compra/arriendo de vehículos y motos, la adquisición de tecnologías como cámaras corporales y servicios de asesorías y capacitaciones. Sin embargo, los guardias de seguridad en Las Condes y en Lo Barnechea son empleados de un organismo privado, y la municipalidad no tiene responsabilidades contractuales sobre estos ni eventuales faltas al Código del Trabajo. Además, ni la Unión Comunal ni Lo Barnechea Seguridad transparentan sus nóminas de trabajadores ni proveedores, señala el reportaje.
“Los montos que los municipios les transfieren a estos entes privados deben ser previamente aprobados en las sesiones de sus respectivos concejos municipales en forma de subvenciones. Aunque utilizan recursos municipales, estas entidades no están sujetas a las normas de transparencia y acceso a información, que permiten conocer cifras y documentos de gastos ejecutados en reparticiones públicas. Pero la Contraloría General de la República no tiene la facultad de fiscalizar la contabilidad ni el patrimonio de Lo Barnechea Seguridad ni de la Unión Comunal de Las Condes. Los recursos de estos dos organismos funcionales pueden provenir de otras fuentes además del municipio, tales como rifas u otros eventos sociales, por lo que no pueden ser totalmente fiscalizados”, detalla el reportaje.
Según Juan José Lyon, esto tiene ribetes similares a lo ocurrido en Vitacura. “Lo normal sería que Las Condes hiciera una licitación pública para la compra de uniformes, se hace esto para hacerlo más rápido, sería interesante saber cuál fue la empresa que participó, qué precios pagó, pero eso no hay cómo saberlo. En el caso de Vitacura, la alcaldesa (Camila Merino) hizo una denuncia a la Fiscalía para saber en qué se están gastando las platas, porque Contraloría no se puede meter, y mandó a investigar las figuras de estas organizaciones funcionales de la comuna, porque se hacen para facilitar la adquisición en gastos de seguridad, para poder contratar más gente, pero no hay control. Este no es el caso de Las Condes y Lo Barnechea porque continúan alcaldes del mismo partido, entonces no envían a fiscalizar”.
Se trata de un mecanismo que conlleva riesgos de potenciales sobreprecios y sobresueldos. “No sabemos si trabajan familiares o exalcaldes, se sabe que las plantas municipales no pueden pagar mucha plata y perfectamente un funcionario podría estar contratado por la Unión Comunal, y pagarle un sobresueldo por ahí”, explica a El Mostrador Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.
De hecho, un informe del Observatorio Fiscal ya puso el tema en el tapete, criticando que este tipo de entidades no tengan las mismas regulaciones que los municipios, ya que “ejercen funciones de interés público y administran patrimonio de igual naturaleza que las del Gobierno Central y los organismos públicos definidos por ley, los que merecen ser conocidos y rendidos frente a la ciudadanía”, lo que abre “claros riesgos en materia de probidad y conflictos de interés, puesto que es sin la debida transparencia y disponibilidad de información clave”.
El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, explicó en el reportaje que el mecanismo se emplea porque “las dotaciones de los municipios deben ajustarse a sus plantas” y que su municipio solo considera 357 cargos, por lo que el sistema les permite externalizar las contrataciones. Además, sostiene que “no es posible publicar las listas de remuneraciones de personal y proveedores, ya que afectaría la privacidad y derecho a la intimidad de estos, sin que una ley lo faculte”. En los últimos cinco años, el municipio de Lo Barnechea le ha traspasado $5.800 millones a Lo Barnechea Seguridad.
En cuanto a las aristas que se abren con esta denuncia, Lyon señaló que “se debería regular que los municipios no tengan estas organizaciones o que estas organizaciones pasen a poder ser fiscalizadas por la Contraloría o que el Consejo para la Transparencia lo fiscalice. Los municipios del sector oriente encontraron esta figura que les permite gastar sin control, contratar a quien quieran, y eso no está bien, porque hoy en día la democracia pide que existan mecanismos de control y de transparencia, que se pueda ver en qué se gasta la plata. Estas organizaciones permiten que se contraten a dedo”.
La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) dos allanamientos el pasado lunes 23 de agosto: uno a la Municipalidad de Vitacura, donde se incautaron los computadores de tres funcionarios, y otro a la casa del exalcalde RN Raúl Torrealba. Todo, bajo el alero de una investigación que encabeza el fiscal Felipe Sepúlveda por los presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.
Para lograr estos allanamientos, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Carlos Ramírez, solicitó autorización a la magistrada Mariana Leyton Andaur, del Juzgado de Garantía de Santiago. En el documento con el que solicitó esto, también incluyó el testimonio de Antonia Larraín (45), sobrina de Domingo Prieto –expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes e imputado– e íntima amiga de una de las hijas de Raúl Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y desde julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario.
De acuerdo al diario La Tercera, su testimonio es considerado clave, ya que según Prieto, Larraín quiso “declarar y autodenunciarse”. «Apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020″, dice parte del documento.
La suspendida funcionaria señaló “que el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades Arnaldo Cañas o Cesar Silva, mandados por Prieto”. También añadió que «todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $ 3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración, sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $ 1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba”.
Dichos montos iban en paralelo a su remuneración, ya que –según datos de Transparencia Activa– dan cuenta que en junio de este año Larraín, de profesión publicista, recibió una renta mensual de $5.486.600 líquidos. La investigación, según el citado medio, apunta a aclarar si estos terminaban en manos de la funcionaria o bien del exalcalde Torrealba.
No es la primera polémica en la que se ha visto involucrado Torrealba. En el año 2016, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente resolvió ampliar a la Municipalidad de Vitacura la investigación sobre enriquecimiento ilícito del exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en el marco del denominado Caso Basura. La decisión se toma luego que el Ministerio Público identificara un cheque del gerente de KDM, Fernando León, girado el 7 de enero del 2014, a Raúl Torrealba Simonetti, hijo del actual alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba del Pedregal, por $350.000.
