PAÍS
Cruzado el tema con la elección presidencial y con diferencias de fondo entre el oficialismo y la oposición, al interior de La Moneda confesaron que la reforma integral a las pensiones, comprometida en el programa de Gobierno y que se utilizó como bandera en la campaña electoral del actual Mandatario, es un proyecto totalmente muerto, defenestrado desde lo político y sin financiamiento en lo económico. Por ahora, al Ejecutivo solo le resta saber si podrá sacar adelante la denominada “ley corta”, una suerte de respirador artificial de la fenecida iniciativa, que buscará aumentar la cobertura del pilar solidario desde el 60 al 80 por ciento de la población, pero nada más, confesaron “con los pies en la tierra”. Todo esto, con el fin de mostrar «algo» al término de la administración de Sebastián Piñera, tras el fracaso del anhelado –y a estas alturas inalcanzable– legado presidencial.
El 18 de agosto pasado y ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, el ministro de la cartera, Patricio Melero, señaló que «la ley corta es un camino, si no es posible avanzar en una reforma más integral. Seguimos en conversaciones y espero avances más sustantivos en las próximas semanas». Sus palabras evidenciaron algo que para varios de los personeros que trabajan a cargo de la reforma al interior de La Moneda era ya una realidad: que la reforma integral al sistema de pensiones del Presidente Sebastián Piñera era un proyecto muerto. Las palabras de Melero fueron la extremaunción.
Al mismo tiempo, el mensaje refleja una medida desesperada, algo así como ponerle un respirador artificial al proyecto con una ley corta que pueda concretar una mayor cobertura o el alza de las pensiones básicas solidarias, esto con el fin de poder mostrar algo una vez que termine el Gobierno, para no tener que admitir el fracaso rotundo de la última y más emblemática política pública de Piñera.
Y aunque no lo van a decir públicamente, al interior de La Moneda dan por descartada toda posibilidad de lograr algo más que la denominada ley corta de pensiones, y que busca aumentar la cobertura del pilar solidario desde el 60% actual hasta el 80%. Una solicitud que se le hizo años atrás a la administración piñerista –separar en dos la reforma–, pero de la que nunca quisieron hacerse eco, apostando a cumplir con uno de los hitos que alimentaría el tan anhelado –como inalcanzable– legado presidencial.
Pero más allá del voluntarismo, como lo han calificado incluso desde su propio sector, lo cierto es que las cartas se fueron agotando en el camino, y hoy, ad portas de una elección presidencial, la idea primaria con la que se presentó el Ejecutivo ya no tiene la fuerza ni los elementos básicos, como el financiamiento de la misma, para sustentar la apuesta.
Las variables que llevaron a la iniciativa a punto muerto son varias, entre ellas, la actitud con la que se presentó una vez asumido el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que más que tender puentes en la discusión, terminó por cerrar varias de las puertas, y llevó a una oposición, que ya se presentaba firme en sus convicciones, a encerrarse al punto de no ceder “ni medio metro” respecto de hacia dónde debía ir el 6% extra de cotización.
El proyecto original del Gobierno apostaba a un 3% que fuera a cuentas individuales y el 3% restante a solidaridad, pero nunca se logró cimentar esa opción. Se llegó incluso a apostar por 4 puntos para el bolsillo de cada cotizante, y 2 para repartir, pero ya era muy tarde, confesaron desde la oposición. Otra de las condicionantes que puso piedras al camino fue la indefinición y “falta de estrategia” del segundo piso de La Moneda que, junto con Presidencia, no entregaron las herramientas suficientes a la ministra del Trabajo de ese entonces, María José Zaldívar, quien pasó meses en reuniones con los representantes de la oposición, sin nada que ofertarles, lo que terminó jugando en contra de sus propias pretensiones.
Y si en algún momento se utilizó un eventual pacto por la reforma a las pensiones como carta para detener algunos de los primeros tres retiros desde las AFP, hoy esa opción se encuentra totalmente extinta, confesaron en Palacio. Esto, más allá de que alguien lo pueda poner sobre la mesa para explicar las consecuencias de un potencial nuevo retiro, “esto se trata de hacer política más que de números, y no se fue capaz”, sentenciaron desde el oficialismo.
Antes de pasar a los números, y por sobre todos los factores que tornan inviable el avance del proyecto original, en lo político el nudo lo explicaron de la siguiente manera desde La Moneda: “Entre (Ximena) Rincón, que está obsesionada con las tablas de mortalidad; Carolina Goic, que quiere su ley marraqueta; y el Gobierno, que no quiere acabar con la capitalización individual como concepto, la verdad es queda poco espacio de avance. Además que todo esto está ad portas de la elección (presidencial), entonces, los ojos están puestos ahí principalmente”.
De esta manera, la reforma a las pensiones, utilizada como una de las banderas de la campaña presidencial del actual Mandatario, se suma a una lista de promesas fallidas, y que fueron dinamitando el apoyo no solo ciudadano, sino también de su propio sector. Una de las más recordadas: la promesa de rebaja de impuestos a las empresas, sobre la cual luego, una vez instalados en el Ejecutivo, tuvieron que echar pie atrás.
Y es que, tal como lo señaló David Bravo en una de las comisiones –números que coinciden con los del Ejecutivo–, hoy por hoy, el proyecto inicial del Gobierno no tendría sustento, además de las consideraciones políticas, por el desfinanciamiento que ha sufrido el sistema con los tres retiros del 10 por ciento de las cuentas de capitalización individual.
La iniciativa que se pensó en un principio, y que consideraba, entre otros aspectos, abrir el manejo de los dineros a oferentes que no fueran las AFP, hoy no tendría piso financiero, con un cuarto retiro en ciernes, y haciendo las matemáticas de lo que significaron los primeros tres retiros, la iniciativa se estaría alejando del “sentido de realidad y sostenibilidad financiera”, apuntaron diferentes especialistas en la materia, y quienes expusieron en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.
Hoy por hoy, la planilla Excel señala que los fondos tienen $50 mil millones menos que cuando se hicieron los análisis para la mejora del sistema. De aprobarse un cuarto retiro, se le restarían otros $17 mil millones más. El cálculo estima un aumento de siete años más de cotización por persona para recuperar esos montos. En términos simples, el escrito ingresado por el Gobierno hoy no tiene piso financiero para seguir adelante.
La iniciativa se encuentra en este momento en la Comisión de Hacienda del Senado, tras su paso por la de Trabajo, y previamente la Cámara de Diputadas y Diputados. De seguir su camino legislativo, le espera una comisión mixta. La otra opción, y la más realista, donde transversalmente todos coinciden, es que el Ejecutivo ingrese un proyecto aparte: “ley corta” que considere solo el alza del pilar solidario.
