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La acusación del organismo estatal busca que los bienes del matrimonio de Fuente-Alba y Anita Pinochet, adquiridos en el periodo de la investigación, puedan ser rematados y así devolver a las arcas fiscales parte del dinero defraudado, primero por mal uso de gastos reservados y, luego, por maniobras de ocultamiento. La estrategia del CDE en este caso es muy similar a la que utilizó en el caso Riggs en contra del dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart. Por este caso, el organismo fiscal solicitó una condena de cárcel de 15 años para Fuente-Alba y 10 para su esposa, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es uno de los organismos que presentó una acusación particular en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en el marco del millonario fraude a la institución castrense a través del uso de los gastos reservados para aumentar su patrimonio personal por una cifra cercana a los 3.500 millones de pesos. En el caso igualmente está involucrada su esposa, Ana María Pinochet, también conocida como la «Lucía chica».
El CDE solicitó una condena de cárcel de 15 años para Fuente-Alba y 10 para su esposa, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Pero eso no es todo. Y es que, según dio a conocer La Tercera, la acusación del organismo estatal también solicita el comiso de todos los bienes del matrimonio Fuente-Alba y Anita Pinochet en el periodo de la investigación, para posteriormente ser rematados y así devolver parte del dinero defraudado a las arcas fiscales. Además, se pide una multa de 1.000 UTM (52 millones de pesos) para cada uno de los imputados como pena accesoria.
El recurso judicial dice en uno de sus párrafos que «el imputado Fuente-Alba, teniendo a su cargo la gestión de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, dineros que recibía en efectivo desde la Dirección de Finanzas del Ejército, los aplicó ilícitamente a usos personales o ajenos en lugar de los destinos públicos a los cuales estaban asignados y ejecutó, junto a su cónyuge, diversas maniobras de colocación, ensombrecimiento e integración en el mercado formal de los mismos. Ellas fueron realizadas por el matrimonio Fuente-Alba Pinochet con pleno conocimiento de su sentido y significación, esto es, con el propósito de integrarlos a su patrimonio bajo apariencia de licitud».
En el documento se señala que luego de la investigación del fiscal José Morales, se acreditaron todas las maniobras de ocultamiento de dinero ilícito: «Todas las maniobras descritas a nivel internacional para ‘limpiar’ el dinero ilícitamente obtenido se verifican en este caso. En efecto, conforme a la clasificación más reconocida de las etapas del blanqueo de dineros obtenidos ilícitamente, a saber, la elaborada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las fases principales se denominan comúnmente de colocación (placement), ensombrecimiento (layering) e integración (integration) y pueden realizarse separada o simultáneamente».
Explican que entre las maniobras que utilizaron para naturalizar el dinero sucio, se cuentan las «transacciones con inmuebles con la intermediación de terceros, declarando un precio reducido y pagando parcialmente al vendedor con dinero en efectivo. O a la inversa, convenir un precio inflado de modo que el último vendedor pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (método de reversión de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede hallar en la compraventa de vehículos».
El CDE concluyó que en los siete años de investigación, se acreditó que «Fuente-Alba y Anita Pinochet con pleno conocimiento que los dineros señalados anteriormente, provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre los años 2010 al 2014, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de dinero, de forma reiterada, a lo menos, entre los años 2010 al 2016, con el objeto de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto aquellas que provenían directa, como indirectamente del delito base».
Asimismo, el escrito establece que «poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes que se describirán, provenientes directa e indirectamente del delito base, con ánimo de lucro (…). Mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los años 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros y utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base, realizando para estos efectos su fraccionamiento, lo que les permitió colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas».
La estrategia del CDE en este caso es muy similar a la que utilizó en el caso Riggs en contra del dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart. En esa ocasión emprendieron acciones para lograr el decomiso de los bienes y así restituir los montos defraudados al fisco por el mal uso de gastos reservados del Ejército.
El año pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) puso la lupa en Ana María Pinochet y amplió la querella por lavado de activos, que pesa en contra de Fuente-Alba, a su esposa. Entre las pruebas, citó un informe de la PDI que reveló que el matrimonio incrementó su patrimonio en un 281% en siete años.
En su momento, el CDE consideró que se configuraba un “eventual ocultamiento de bienes» o “blanqueo propio”, con el propósito de esconder o disimular “la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”; así como de “introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas”.
