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Crédito: Aton
La licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) debía ser un proceso impecable, en la forma y en el fondo, pero al Gobierno se le escapó de las manos y terminó en los tribunales de justicia, así como en una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. A las denuncias por cambio en las reglas del juego, como acusan las universidades que perdieron la licitación –entre ellas la U. de Chile, la PUC y la Federico Santa María–, y una comisión con escasa calificación –hasta la ministra de Desarrollo Social estaba en la instancia–, se suma una rebaja de US$ 50 millones para redestinarlos a iniciativas de hidrógeno verde, un recorte que calzó justo con la oferta del consorcio ganador, conformado por instituciones de educación superior ligadas a la UDI, como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, además de las universidades de Utah y Colorado School of Mines. Los entretelones del proyecto más grande de I+D en la historia de nuestro país, han obligado a la Corfo a dar múltiples explicaciones, en especial por parte de su gerente general, Felipe Commentz, con vínculos con José Ramón Valente, Hernán Cheyre y Cristián Larroulet, pieza clave en todo este entuerto. Commentz dice estar disponible para asistir a la comisión investigadora de la Cámara, ante la cual ya expuso esta semana el economista Ricardo Raineri, exministro de Energía en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y quien encabezó la postulación ganadora.
En 2016, la empresa B DoClean, en la cual Felipe Commentz era socio y fundador, fue una de las ganadoras del concurso de innovación Impacta Energía, organizado por el Laboratorio de Gobierno, que destacó su proyecto de biocombustible a partir de desechos ganaderos, que reemplazaría la leña o carbón.
Cinco años más tarde, Commentz pasó de la vereda de los evaluados a la de los evaluadores, y como gerente general de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se transformó en el hombre clave en la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), un proceso que debía ser impecable, en la forma y en el fondo, pero que al Gobierno se le escapó de las manos y terminó en los tribunales de justicia –con un recurso que se tramita en la Corte de Apelaciones de Santiago– y también bajo la lupa de una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El nudo de la polémica es que el megaproyecto de US$193 millones, considerado el más grande en materia de I+D en la historia del país, fue adjudicado al consorcio AUI (Associated Universities Inc), conformado por instituciones de educación superior ligadas a la UDI, como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, y filiales de planteles estadounidenses, en desmedro del grupo ASDIT (Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias), grupo integrado por grandes universidades nacionales, como la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, además de relevantes casas de estudio regionales, entre ellas, la U. Federico Santa María, centros internacionales de investigación, y empresas relevantes de la industria nacional, junto a la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). El tercer participante en el proceso fue la Fundación Chile.
Felipe Commentz encabezó la comisión evaluadora interna de la Corfo de las tres propuestas que postularon y, además, representó al vicepresidente ejecutivo del organismo, Pablo Terrazas, en el comité de ministros que entregó su veredicto final, el pasado 4 de enero.
Terrazas se inhabilitó de la evaluación por estar ligado a dos de las propuestas en carrera, la de ASDIT, representada por la Corporación Alta Ley, y la de Fundación Chile, al participar en los directorios de ambas entidades. Pero algunos actores del proceso indican que Felipe Commentz también debió haberse marginado del proceso, y no lo hizo, con lo que “contaminó” la adjudicación.
Commentz estuvo en Econsult –la firma de asesorías financieras fundada por el exministro de Economía José Ramón Valente– desde 1997 y hasta el 10 de marzo de 2010. Luego, llegó a Corfo en el mandato de Hernán Cheyre, para desempeñarse como su jefe de gabinete. Posteriormente, en la segunda administración de Sebastián Piñera, fue llevado por Valente al Gobierno –cuando asumió la cartera de Economía– para hacerse cargo de la subsecretaría de Empresas de Menor Tamaño. Y cuando Pablo Terrazas fue nombrado vicepresidente de Corfo, Commentz lo acompañó y se hizo cargo de la gerencia general de la Corporación de Fomento.
El tema es que Commentz fue parte activa del proceso de licitación del ITL, siendo muy cercano a Valente, presidente del directorio de la Fundación Chile –una las partes en carrera– y también ligado a Hernán Cheyre, actual director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD.
Es más, en el recurso de protección presentado por las universidades que perdieron, escrito que lleva las firmas de autoridades como Ignacio Sánchez, rector de la PUC, y de Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, también se resalta el estrecho contacto del gerente general de la Corfo con Cristián Larroulet, jefe del Segundo Piso de La Moneda y considerado el poder en las sombras del Gobierno de Sebastián Piñera.
“Él debió inhabilitarse de actuar en el proceso, que claramente lideró, de la Comisión Evaluadora Interministerial, debido a la íntima amistad que tiene con don Cristián Larroulet (asesor de la Presidencia de la República y Fundador de la Universidad del Desarrollo), institución asociada a la postulación de AUI, a quien CORFO adjudicó la convocatoria”, señala el escrito judicial.
Pero para el gerente general no hay ningún problema. “Haber trabajado en una empresa o en un órgano estatal con personas que ahora formaron parte de alguna de las personas jurídicas participantes, no constituye ninguna de las hipótesis de inhabilidad”, replicó Commentz en una respuesta a Ciper.
El proceso ha obligado a Corfo a dar múltiples explicaciones y a Commentz a entregar su versión. El gerente general del organismo accedió a responder las preguntas de El Mostrador vía cuestionario, y entregar su visión frente a varios puntos grises del proceso, como las denuncias por cambio en las reglas del juego, como acusan las universidades perdedoras, una comisión con escasa calificación –estaba hasta la ministra de Desarrollo Social para dirimir un proyecto de I+D–, e incluso una rebaja de US$ 50 millones para redestinarlos a iniciativas para producir hidrógeno verde a cargo del Ministerio de Energía, en montos que calzan justo con la oferta presentada por el consorcio ganador.
En su respuesta, Commentz sostiene que “no hubo ningún cambio que afectara el proceso de licitación. La modificación del contrato nada tuvo que ver con la licitación del ITL, es más, la total tramitación de la resolución (notificación) fue en abril de 2021 –fecha en que empezó a regir y a producir sus efectos–, mientras que la adjudicación se realizó a inicios del mes de enero 2021. Además, todos quienes participaron en el proceso de licitación conocían que el monto a adjudicar podía ser de una suma inferior a US$ 193 millones, pues esa circunstancia fue expresamente incorporada en las bases (numeral 6.1)”. Esto, pese a que la decisión de modificar el contrato se tomó en octubre de 2020 (vea el documento acá) y en enero de 2021 se decidió a quién se adjudicaba el ITL.
Frente a los reclamos de las universidades agrupados en ASDIT, el gerente general defiende a brazo partido la decisión de Corfo a favor de un consorcio que –según se dijo en algún momento– tenía en su propuesta a universidades estadounidenses como Harvard, Princeton, Columbia, Yale, Johns Hopkins y el MIT, siendo que luego se aclaró que los únicos planteles extranjeros que participan en dicha propuesta son la Universidad de Utah y Colorado School of Mines.
Frente a la pregunta de por qué ganó AUI, que al menos en Chile solo cuenta con experticia en el campo astronómico, con la operación del Observatorio ALMA, Commentz reafirma que se trata de un consorcio “de altísimo nivel”, un calificativo “mencionado por los asesores internacionales que participaron en el proceso”, recalca en su respuesta a este medio.
De acuerdo a Commentz, AUI “ha puesto en marcha iniciativas para desbloquear una gran cantidad de innovaciones tecnológicas ocultas en el mundo académico y resolver los problemas más difíciles de la investigación y el desarrollo. Estas iniciativas llevan los resultados de los laboratorios a los retos mundiales de aire limpio, agua limpia, energía limpia, mayor conectividad, reducción de residuos fuera de los laboratorios y aportación de soluciones al mercado”.
Según explica a El Mostrador, “AUI coincide expresamente con el objetivo general del ITL, porque fue la que sacó mayor puntuación en el proceso licitatorio. Esto, en ningún caso es contradictorio con la operación del observatorio ALMA, ya que AUI es experta creando asociaciones efectivas con el gobierno, la industria y la academia desde 1946, con el fin de construir y gestionar instalaciones únicas, complejas y de gran escala donde se pueda efectuar investigación multidisciplinaria”, añade.
Agrega Commentz que “pese a que la asesoría internacional levantó debilidades de la propuesta de Corporación Alta Ley (mandataria de ASDIT) en este aspecto, la Comisión Evaluadora le otorgó el máximo puntaje. Las debilidades señaladas por los asesores fueron: una reducida vinculación con entidades adicionales que han desarrollado modelos exitosos de innovación, su desequilibrio de conocimiento entre minería sustentable versus materiales avanzados de litio y el elevado número de mandantes y asociados”.
Según se desprende de las palabras de Commentz, la debilidad de ASDIT está en la investigación en minería y en litio, algo que llama la atención considerando que la Universidad Federico Santa María desarrolla proyectos de electromovilidad y la Universidad de Chile tiene investigación avanzada en energía solar, entre otras áreas.
Los vínculos de Commentz con José Ramón Valente, Hernán Cheyre y Cristián Larroulet son historia conocida, pero hay otro elemento que podría configurar una nueva causal de inhabilidades para el gerente general. Esto, porque Commentz fue parte del directorio del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), el antecesor de la Corporación Alta Ley, que también participó en la licitación del ITL, en tanto mandataria de ASDIT.
En concreto, Commentz integró el directorio del organismo –una corporación de derecho privado sin fines de lucro creada en agosto de 1970, siendo sus miembros fundadores Corfo, Enami y Cochilco–, órgano directivo que en 2012 aprobó el cese de las actividades operacionales del CIMM, y con ello puso fin a más de 42 años de actividades científico-tecnológicas orientadas a la minería.
Pero el gerente general Felipe Commentz no comunicó este dato al consejo de la Corfo que tomó la decisión sobre el ITL, aunque –según partes conocedoras del caso– era esencial hacerlo por el cargo que ejercía, sobre todo si se considera que estaba involucrado en la asignación de fondos más cuantiosa que se ha hecho en Chile para investigación aplicada.
Consultado en específico respecto a este punto por El Mostrador, Commentz sostiene que no hay un dato que configure una causal de inhabilidades, ciñéndose al artículo 12 de la ley N°19.880. “Respecto a lo que a mí compete, cabe señalar que el ex CIMM y Alta Ley son entidades diferentes, de hecho la gobernanza de Alta Ley es completamente distinta a la del ex CIMM (por ejemplo, su directorio está conformado tanto por el sector público como por representantes del sector privado) y, además, tienen diferentes propósitos según sus estatutos, por lo tanto no hay que confundirlos”, explica. El tema es que Alta Ley es la continuadora legal del CIMM y de hecho tienen el mismo RUT (70001300-6). En simple, se cambió de nombre, pero es la misma persona jurídica.
Commentz añade que “adicionalmente, fui director del ex CIMM hace más de siete años atrás y no se me aplicaría ninguna de las causales antes transcrita. Por lo tanto, no solo no me debía abstener por ese motivo, sino que además tenía el deber funcionario de ejercer el cargo de Vicepresidente Subrogante”.
Consultado acerca de cuál era la visión de Corfo sobre la investigación en esa área, si debería ser estatal o privada, y cuáles fueron las razones de la Corporación para suprimir al instituto, Commentz señala que “la visión que se tuvo sobre el ex CIMM era que le faltaba ser un organismo en donde se encontrara la mirada pública, privada y de la academia, para el desarrollo sostenible de la industria minera. Por esto, se modificó el ex CIMM incluyendo a las universidades y a representantes de la industria para que, entre todos, se abordaran los desafíos de la minería del futuro”.
La descripción contrasta con lo decidido ahora por el panel de Corfo, considerando que en la adjudicación del ITL dejó fuera justamente a la propuesta que aseguraba el encadenamiento de universidades con actores de la industria, como es la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), que forma parte ASDIT y agrupa a unos 50 actores del sector.
Esta semana, el 20 de septiembre, también expuso ante la comisión investigadora Ricardo Raineri, exministro de Piñera y director de la propuesta ganadora. Imagen: Camara.cl
En su declaración ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, señaló el pasado 6 de septiembre que “si se quiere llegar a la verdad, lo correcto es invitar a quienes analizaron las licitaciones para aclarar las dudas”, según se informa en el sitio de la Corporación.
Consultado por El Mostrador sobre cuándo va a declarar ante la comisión investigadora, Commentz asegura no tener problema en comparecer ante la instancia que preside el diputado humanista Tomás Hirsch. “Si bien es la Comisión Investigadora la que determina a quién citar para declarar, la Corfo, a través de su vicepresidente ejecutivo, ha solicitado que nos citen a quienes participamos del proceso para poder despejar todas las dudas que han planteado asesores y representantes de la propuesta de Alta Ley en la misma Comisión Investigadora”, añade el gerente general.
Ante la instancia ya prestaron declaración Terrazas y Eduardo Bitran, quien estaba al mando de Corfo cuando se gestó el acuerdo para que SQM pague los recursos al Estado que, en definitiva, se destinaron para implementar el ITL. Bitran ya opinó que hay que declarar desierta la licitación por no cumplir el propósito original, dado que –a su entender– destruye “capital social”.
En cambio, declinó asistir Sebastián Sichel, el actual candidato presidencial de Chile Podemos +, que fue vicepresidente ejecutivo de Corfo entre 2018 y 2019, en tiempos en que se preparaba la licitación. Sichel envió una carta a los parlamentarios integrantes de la Comisión señalando que “no tengo antecedentes que aportar”, y acusó de paso un “uso político” del tema.
Esta semana, el 20 de septiembre, también expuso ante la instancia parlamentaria Ricardo Raineri, el economista que fue parte del grupo que encabezó la postulación de la Associated Universities Inc (AUI), actual director del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITCL), y que ha respondido a los cuestionamientos al proceso diciendo que “estamos convencidos de que nuestra propuesta es sólida y cumple con todos los requisitos”. Raineri fue ministro de Energía de Sebastián Piñera en su primer Gobierno.
