PAÍS
El abogado querellante en el caso Penta –hoy convencional constituyente– y el querellante en el caso Exalmar y Dominga, Fernando Monsalve, coinciden en responsabilizar al exfiscal Guerra de sellar todos los caminos que puedan llevar a investigar al Presidente Piñera por minera Dominga, consagrando así la impunidad. En la arista del caso Penta en que se acusó al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, de «recibir pagos irregulares de parte del grupo Penta como contraprestación a la realización de gestiones a favor del proyecto Dominga», el otrora fiscal llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, que pasó por la condición de excluir expresamente el delito de cohecho. En cuanto a la investigación originada por la querella criminal interpuesta contra el Primer Mandatario por uso de información privilegiada y negociación incompatible por el caso Exalmar, pero luego ampliada al caso de minera Dominga, usando otra estrategia le dio igual destino: la sepultura. Al solicitar el sobreseimiento definitivo, «la acción de Manuel Guerra fue funcional a poner una lápida con la finalidad de que esto no pudiese volver a investigarse, aun apareciendo un nuevo antecedente». Esto último, sin embargo, es puesto en cuestión por el abogado Monsalve, porque –a su juicio– lo que hizo Guerra fue no investigar, no acceder a las diligencias solicitadas, por lo que se podría discutir si el sobreseimiento afecta a la arista Dominga. «Si el Fiscal Nacional esta vez sí decide investigar seriamente los hechos, tal como anunció, dirigiendo una investigación propia o armando un grupo especial de fiscales, entonces muy probablemente me voy a hacer parte», adelantó.
Un sepulturero. Así de tajante es la opinión respecto del otrora Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, de los abogados Mauricio Daza –hoy convencional constituyente– y Fernando Monsalve, quienes figuraron como querellantes en las dos causas penales en las que hubo presunciones de delito en el marco del proyecto Dominga y que, coincidentemente, recayeron en manos del expersecutor. «Manuel Guerra fue un formidable y muy efectivo agente de impunidad en favor de Sebastián Piñera», sentenció Daza. «Puso una sepultura sobre las causas», añadió Monsalve.
La primera de estas causas se enmarcó en la investigación penal por financiamiento ilegal de la política, conocida como caso Penta, que tuvo como principales acusados a Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y al exsubsecretario de Minería de Piñera 1, Pablo Wagner.
En cuanto a este último, Daza enfatiza que la presunciones de delito en su contra eran fundadas, razón por la cual se formalizó y acusó al exfuncionario del Gobierno de Piñera por delitos tributarios, enriquecimiento ilícito y cohecho. Esto, al comprobarse que recibió más de $42 millones, mediante pago superior a los $2 millones mensuales, de parte del Grupo Penta, en donde uno de sus principales dueños –Carlos «Choclo» Délano– figuraba como propietario de minera Dominga, tras haberse concretado la millonaria venta de las acciones del Presidente Sebastián Piñera en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes al comienzo de su primer mandato.
«Lo que Manuel Guerra hizo, una vez que comenzó a desmantelar el caso, es llegar a un arreglo con la defensa de Wagner que consistió en que eliminara la imputación de cohecho y se mantuvieran las imputaciones por delito tributario, de tal manera de arribar a un juicio abreviado», sostiene el constituyente Daza.
Esa decisión, recuerda el abogado, fue tan inesperada como sorpresiva, ya que la Fiscalía de un momento para otro decidió ponerle una lápida el tema.
¿Pero por qué era tan importante para Wagner sacarse el cohecho de encima, en circunstancias que a la fecha en que los delitos se habrían cometido esa sanción era muy baja, mucho menos que la establecida para los delitos tributarios?, se pregunta Daza.
La conclusión, a los ojos de los abogados, resulta muy evidente: había que cortar el hilo que pudiera conducir al Presidente Piñera. «La imputación de cohecho se fundaba en que Wagner, mientras fue subsecretario de Minería del primer Gobierno de Piñera, habría recibido pagos irregulares de parte del grupo Penta y que la contraprestación habría sido realizar gestiones a favor del proyecto Dominga».
Al dejar estrictamente fuera el delito de cohecho en el juicio abreviado contra Wagner, lo que implica que no hubo un reconocimiento de la comisión de ese ilícito, lo que hizo Guerra –sostiene el abogado– fue sellar para siempre dicha arista, al aplicarse sobre esta el criterio de la «cosa juzgada», al haber sido efectivamente sometida a una indagatoria.
Paralelamente a la jugada que cerró los caminos para conocer la verdad sobre Dominga en la causa de Penta, se inició otro proceso penal, a través de la querella criminal interpuesta por los abogados Hugo Gutiérrez y Fernando Monsalve por los delitos de uso de información privilegiada y negociación incompatible. Causa que también llegó a las manos del entonces fiscal Manuel Guerra.
Si bien la querella se presentó una vez que se dieron a conocer los negocios de la sociedad de inversiones Bancard –de propiedad del Mandatario– en la pesquera peruana Exalmar y que se concretaron siendo Piñera ya Presidente, al tiempo que se zanjaba la demanda peruana ante La Haya por los límites marítimos y que terminó con la pérdida por parte de Chile de 22 mil kilómetros de mar patrimonial, la acción criminal fue posteriormente ampliada a minera Dominga.
Fernando Monsalve recuerda que, aunque esa investigación comenzó con Exalmar, en el curso de la misma –poco acuciosa, sostiene el abogado– «nosotros tomamos conocimiento de un correo electrónico de un trabajador vinculado a uno de los hijos de Piñera que hacía referencia tanto a Exalmar como minera Dominga. En razón de eso ampliamos la querella y pedimos como diligencia el acceso a los correos electrónicos de toda la familia Piñera con ciertos conceptos, como Exalmar, Barrancones y Dominga, y que declararan los dueños de LarrainVial».
Pero respecto de Dominga no hubo investigación, ni se llevó a cabo ninguna de las diligencias solicitadas. «Solo se remitieron a investigar por encima a Exalmar. En virtud de eso reiteramos la solicitud, pero jamás el exfiscal Guerra investigó Dominga. Nunca quiso investigar», subraya.
Con esa determinación –apunta Monsalve– el expersecutor, junto con la defensa del Primer Mandatario, solicitan el sobreseimiento definitivo de la causa.
«La acción de Manuel Guerra fue funcional a poner una lápida con la finalidad de que esto no pudiese volver a investigarse, aun apareciendo un nuevo antecedente», interpreta al respecto el abogado Daza.
Ahora bien, para Monsalve no está claro que el sobreseimiento afecte a Dominga, porque, aun cuando está consciente de que la decisión era sepultar para siempre cualquier otro intento de investigar al Presidente por estos hechos, «justamente lo que hace Guerra es no investigar».
Es más –agrega Monsalve–, lo anterior lo sostiene el propio Guerra en su solicitud de sobreseimiento definitivo, cuando señala que «las diligencias de Dominga no son conducentes y podrían ser solo con fines dilatorios, reafirmando que nunca lo investigó, que jamás quiso investigar».
De este modo, adelanta que, «si el Fiscal Nacional esta vez sí decide investigar seriamente los hechos, tal como anunció, dirigiendo una investigación propia o armando un grupo especial de fiscales, entonces muy probablemente me voy a hacer parte».
