PAÍS
Nadie ha puesto en cuestión el aumento de hechos de violencia en las zonas de Arauco y La Araucanía, donde debería comenzar a regir el decreto de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia anunciado por el Presidente Sebastián Piñera. El problema son las consecuencias, los tiempos y fundamentos. Cuando falta poco más de un mes para la elección presidencial, con el Mandatario en medio de una investigación por presunto cohecho o soborno, y el candidato oficialista a la baja, la seguridad y la violencia sobre la mesa han sido históricamente herramientas políticas de su sector para enfrentar momentos de alta complejidad. Por otro lado, entregar a las Fuerzas Armadas el control de la zona, siendo que no están entrenadas para este tipo de acción, puso en alerta a los especialistas, quienes estiman que, más que dar soluciones, este puede ser el puntapié inicial para una espiral de profundización de la violencia. “La decisión es política y responde a un cálculo electoral. No hay evidencia que sustente que la presencia de militares ha disminuido la incidencia de delitos o de violencia. Es más, la evidencia internacional muestra que, cuando los militares entran a reemplazar las labores que le corresponden a la policía, se generan espacios de mayor violencia, se profundizan las espirales de conflicto», sostuvo Eduardo Vergara, de Chile 21.
Era una petición que sectores del oficialismo habían planteado a La Moneda incluso desde antes del estallido social del 18 de octubre, pero en ese entonces la convicción de Palacio era que una medida de ese calibre no se condecía con la forma en que se había prometido enfrentar el denominado conflicto en La Araucanía. Es más, una de las prioridades del Ejecutivo, una vez instalados en la casa de Gobierno, fue el intento de aplicación del denominado Plan Araucanía, en ese tiempo en manos del entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Sin ir más lejos, el 27 de julio pasado el Gobierno, a través de su vocero, Jaime Bellolio, celebraba que el noruego Centro Nansen para la Paz y el Diálogo aceptara la solicitud de siete diferentes rectores de universidades chilenas para participar como intermediario en un proceso de diálogo en la zona. En la oportunidad, Bellolio señaló que “en este contexto de una búsqueda permanente por la paz, valoramos la propuesta de los rectores de universidades de la Región de La Araucanía para que el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, pueda encabezar ese plan de trabajo”.
Según datos entregados por La Moneda, en el año se habrían producido 1.475 “hechos de violencia rural”, lo que representa un aumento de un 46 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Para varios la pregunta cayó de cajón: ¿por qué ahora?, faltando poco más de un mes para una elección presidencial.
La respuesta bajo cuerda guarda relación con una mirada electoralista en momentos en que, tanto el Gobierno como su candidatura, encarnada en la figura de Sebastián Sichel, marcan a la baja.
¿Y cuáles son los factores a tener cuenta? La “mano firme” o la represión como respuesta, junto con los conceptos de violencia, seguridad y terrorismo, forman la ecuación perfecta para alinear a un electorado que lleva meses encarando al Gobierno por una falta de servicios en materia de seguridad. Por un lado, los más duros acusan al Mandatario de “no ponerse los pantalones” y, más hacia el centro, la consideran como medida de “última ratio” para resguardar lo que consideran como las verdaderas víctimas. “En el votante de centroderecha y derecha no hay dos lecturas”, aseguraron.
La experiencia reciente consigna al denominado Comando Jungla como la primera reacción que tuvo el actual Gobierno para satisfacer los requisitos de sus parlamentarios, decisión que fue transversalmente aplaudida en el sector. En la presentación estuvo el Mandatario en primera línea, acompañado de un escuadrón de policía fuertemente armado. El resultado, el asesinato de Camilo Catrillanca, que marcó el primer punto de inflexión en el apoyo ciudadano al Ejecutivo, y que terminó con la salida del sostén político con el que pretendían terminar el mandato, Andrés Chadwick, primo del Presidente y exministro de Interior.
En este contexto, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, reconoció en esta acción un gesto político, indicando que “los candidatos, tanto (José Antonio) Kast como (Sebastián) Sichel, se han mostrado partidarios a tener una situación similar en La Araucanía. Es una suerte de gesto político importante, más bien a Sichel, el candidato del Gobierno. No sé si alcance a tener los réditos electorales o políticos respecto de aquello, pero coloca un ingrediente en la campaña, que también, de cierta manera, las fuerzas políticas opositoras van a estar en la contraria”.
Primero fueron los parlamentarios de RN y Evópoli, luego se sumaron los UDI, mientras que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ya había dado el paso. Fue hace solo semanas cuando el abanderado de Chle Podemos +, Sebastián Sichel, también se sumó, buscando recuperar terreno por el flanco derecho, el que –acusan desde su propio sector– ha dejado a la deriva. Con todos los ingredientes sobre la mesa y con el piso político de los suyos, el Gobierno tuvo luz verde para tomar la determinación.
Cabe recordar que La Araucanía se ha transformado en un espacio donde el oficialismo y la derecha más dura se han hecho de los votos, lo que lo ha transformado en una zona de “trinchera” política para la toma de decisiones. No por nada el primer viaje del entonces recién elegido Presidente Piñera, en el 2018, tuvo como destino aquella región, hecho marcado para contrastar con lo que había sido la gestión de la otrora Presidenta Michelle Bachelet, que la dejó para el cierre de su mandato (se le acusaba de solo ir de vacaciones a la zona). Fue también el primer despliegue público del actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuando asumió en su cargo.
En la circunscripción senatorial, de cinco, tres senadores corresponden al oficialismo, como lo son Felipe Kast, Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot. Y cinco de siete diputados en el distrito 23, de la misma región. De las 16 regiones, la única donde el oficialismo obtuvo un gobernador regional fue precisamente esta, con Luciano Rivas (Evópoli).
A través de sus redes sociales, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, Marco Moreno, apuntó que “en el actual escenario de crisis, por acción de la Fiscalía contra el Presidente Sebastián Piñera por Pandora Papers, y el escenario destituyente que se abre, La Moneda busca cambiar el foco y retomar el control de la agenda. Un giro que aparece improvisado y con poco apoyo de actores claves».
En tanto, en conversación con El Mostrador, el doctor en ciencia política de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló que “el objetivo del Gobierno, con esta decisión, es volver a reunir o a pegar lo que queda de centroderecha, sobre la base de un tema en común, y que haga sentido al votante de derecha. La fuerza electoral deprimida que tiene la derecha en la zona, le permite volver a una zona de confort, y es el único lugar desde donde el Gobierno puede recuperar parte de la conducción de agenda, que ha perdido tan dramáticamente».
A eso agregó que “va a mostrar a Sichel y a Kast en una vereda común, cuestión que en el debate no se mostró”.
En los hechos, una vez conocido el anuncio presidencial y como en pocas otras ocasiones, desde la Cámara al Senado, el jefe de Estado tuvo a todo su sector alineado y respaldando la medida. Cabe consignar que no se puede dejar fuera del cóctel al gremio de camioneros que la semana pasada llevó a cabo una movilización en advertencia por las condiciones de seguridad.
Del denominado conflicto en La Araucanía no se salva ningún Gobierno, y ni el perdón público de la ex Presidenta Michelle Bachelet, apenas iniciado su segundo mandato, ni la promesa fallida del Plan Araucanía de la actual administración, sumados a las decenas de mesas de diálogo, han sido capaces de encauzar una problemática de la que ningún jefe de Estado ha podido salir airoso.
Pero, más allá de aquello, existe un consenso amplio, entre estudiosos de la materia, en que esto se trata más de un conflicto de carácter político que delictual o económico, como la actual administración lo entiende (basado en fallido Plan Estrella). Y al aceptar ese diagnóstico, se entiende que la solución debiese nacer de una acción de carácter dialogante, y no de acción represiva (Instituto Nansen para la Paz y el Diálogo).
En conversación con El Mostrador, dos especialistas en el área dieron a conocer su parecer y las potenciales consecuencias del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la zona.
En el caso del doctor en Sociología y director del Centro Vives de la U. Alberto Hurtado, Nicolás Rojas Pedemonte, y ante la consulta por eventuales consecuencias, este señaló que “veo tres efectos esperables. La primera es el aumento de los abusos y violaciones a los derechos humanos en el territorio, donde finalmente quienes más la sufren son niños, mujeres y adultos mayores. La segunda es la difusión de los repertorios más radicales entre las organizaciones mapuche. En el marco de lo que ellos entienden como autodefensa. Y lo tercero, la movilización solidaria con la causa mapuche a lo largo del territorio nacional. Algo como lo ocurrido con el asesinato de Catrillanca el 2018, lo que fue la antesala o una suerte de ensayo general del estallido del año siguiente. El escenario político en el país está tan abierto, con un nuevo aniversario del estallido ad portas, que es una irresponsabilidad azuzar la protesta en un contexto de tantas oportunidades políticas para el activismo, tan propicio para la movilización y la protesta. El Estado de Emergencia y la militarización es una irresponsabilidad mayúscula, es encender una mecha en un mar con petróleo derramado».
En tanto, para el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, “en los territorios en que entran las Fuerzas Armadas, no preparadas para cumplir labores de orden público (las FF.AA. están entrenadas para la guerra), lo que sucede es que empiezan a aumentar los niveles de fricción entre las comunidades, se profundizan las espirales de violencia y, por sobre todo, vemos que la señal política que se le envía a un territorio que requiere más diálogo, más conversación, políticas públicas de fondo, es que se va a intentar parchar la ingobernabilidad del poder Ejecutivo actual por medio de la instalación de militares”.
A eso sumó que “es una señal compleja, pero por sobre todo políticamente va a tener consecuencias que van a hacer que este periodo que se inicia, y que luego debe buscar una renovación en el Congreso, se va a transformar en un mero activo mediático, una pauta de prensa, y puede tener consecuencias bastante negativas”.
Puestos los números sobre la mesa, respecto del aumento de los hechos de violencia, Pedemonte indicó que “estamos frente a una escalada de la violencia, pero eso ya es prácticamente una constante en las últimas décadas de aumento de la represión y de diálogos artificiosos, entre amigos y sin sostenibilidad. Llevamos más de dos décadas con una élite que presiona a los gobiernos para que repriman y nieguen al movimiento mapuche como actor político, como interlocutor, resguardando así sus intereses económicos en la zona, y la película ya es conocida: aplauden cada vez que los gobiernos aumentan el contingente policial en la zona, pero como esto no hace más que enardecer los ánimos y la violencia en la zona, luego les reprochan a los gobiernos que no ponen suficiente mano dura”.
Para Vergara, “la decisión es política y responde a un cálculo electoral. No hay evidencia que sustente que la presencia de militares ha disminuido la incidencia de delitos o de violencia. Es más, la evidencia internacional nos muestra que, cuando los militares entran a reemplazar las labores que le corresponden a la policía, se generan espacios de mayor violencia, se profundizan las espirales de conflicto. Lamentablemente, mientras que hay muchos países que están haciendo esfuerzos tremendos por avanzar en retirar a las fuerzas militares de los conflictos nacionales e internos, tenemos un país que toma una decisión contraria”.
