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En la audiencia de este viernes, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Cappello decretó prisión preventiva con orden de detención para el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela por el delito de malversación de caudales públicos, por falsificación de instrumento público y lavado de activos por un monto de $146 millones de pesos. Los otros involucrados en la audiencia, su esposa María Magdalena Neira y el ex subcomisario de la PDI y otrora mano derecha de Espinosa, Eduardo Villablanca, quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario parcial, y arraigo nacional y arresto nocturno total, respectivamente. Durante esta jornada se sumó la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El tribunal fijó un plazo de cuatro meses de investigación. Espinosa deberá cumplir la medida en la Brigada de reacción táctica de la PDI, ubicada en la comuna de Cerrillos.
Tras tres días de audiencias -comenzó el miércoles- durante esta jornada el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva con orden de detención para el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela por el delito de malversación de caudales públicos.
Además de dicho delito, la jueza Carla Cappello decretó la medida cautelar por falsificación de instrumento público y lavado de activos por un monto de $146 millones de pesos. Espinosa, que dejó el cargo en junio de este año, tras cumplir su periodo de seis años a la cabeza de la institución, es indagado por hechos ocurridos entre junio de 2015 y marzo de 2017.
Los otros involucrados en la audiencia, su esposa María Magdalena Neira y el ex subcomisario de la PDI y otrora mano derecha de Espinosa, Eduardo Villablanca, quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario parcial, y arraigo nacional y arresto nocturno total, respectivamente.
A Neira se le imputó el delito de lavado de activos, por haber recibido al menos $37 millones de pesos no justificados, mientras que a Villablanca se le imputó el delito de cómplice de malversación de recursos públicos.
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses de investigación. Espinosa deberá cumplir la medida en la Brigada de reacción táctica de la PDI, ubicada en la comuna de Cerrillos.
En la audiencia de este viernes, se sumó la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Para esto, habló el abogado del CDE, Daniel Martorell, que afirmó que la sustracción de dineros de gastos reservados habría sido superior a los 146 millones de pesos que se fijaron en la presentación que hizo el fiscal Eugenio Campos y por una extensión de tiempo mayor.
El abogado del CDE explicó que se consideraron para hacer ese cálculo únicamente depósitos en efectivo superiores a un millón de pesos y que eso corresponde a los 146 millones que “tienen una trazabilidad directa” en un periodo de 21 meses.
“Durante casi dos años existieron depósitos de todos los meses por cerca de siete millones de pesos en efectivo”, señaló el profesional. Según el abogado, con estos montos, Espinosa prácticamente duplicó su sueldo como jefe policial, mientras su esposa, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, recibió platas en su cuenta por cerca del 60% de su sueldo.
En jornadas previas, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, detalló que Villablanca, entonces subcomisario de la PDI, recibía de su superior los dineros de gastos reservados de la institución y los depositaba en las cuentas corrientes de Espinosa y Neira.
“La custodia y administración de gastos reservados asignados a la Policía de Investigaciones de Chile se encuentran a cargo de su jefe de servicio, el director general, quien decide la fecha, monto y disposición de esos fondos en diversas unidades institucionales y quien es el responsable de la correcta inversión, pudiendo ser apoyado por los funcionarios y unidades que señale el mismo director general”, explicó.
«Entre los años 2015 y 2017 en dependencias del edificio institucional ubicado en General Mackenna 1370 de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI, sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución”, añadió.
En concreto, en la audiencia, se acusó a Espinosa que unos 146 millones de pesos habrían sido desviados en 53 depósitos a él y a su esposa entre junio del 2015 y marzo del 2017. 109 millones fueron depositados a cuentas de Espinosa y 37 millones a cuentas de María Neira.
En tanto, el abogado defensor de Espinosa, Luis Hermosilla, aludió el sobreseimiento definitivo del caso por la querella que presentó Germán Vásquez, excomisario, quien denunció a la autoridad policial por haber comprado un auto de lujo de forma irregular e interpuso una acción criminal por supuestos delitos de fraude al fisco y prevaricación administrativa. Vásquez es también querellante en este nuevo caso.
Hermosilla pidió “que ponga término de inmediato a este proceso por consistir y tener la misma identidad de otro sobreseído totalmente por los mismos hechos y cargos”.
