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Crédito: Aton (Archivo)
El ex fiscal metropolitano oriente recordó que en la investigación 2017 del caso Exalmar, donde estaba la arista Dominga, “descartamos la negociación incompatible, el uso de información privilegiada, sobre eso hay sobreseimiento definitivo”. Sin embargo, ahora hay antecedentes nuevos, como “el contrato que se hace en Islas Vírgenes Británicas y no en Chile». Guerra también salió al paso de las críticas a su investigación, señalando que “jamás he protegido a Piñera ni en esta ni en ninguna causa. Mis decisiones fueron técnicas en base a la prueba y los delitos que están tipificados en las normas de manera estricta”. En tanto, funcionarios del Ministerio Público exigieron máxima rigurosidad y premura en esta nueva investigación penal contra Piñera: “Es una prueba de fuego” para la institución, advirtieron.
Pese a que La Moneda ha insistido en todos los tonos que la investigación penal contra el Presidente Sebastián Piñera por el caso Dominga no procede, poque no hay ningún elemento nuevo respecto a la indagatoria que tuvo en sus manos el 2017 el entonces fiscal Manuel Guerra, lo cierto es que la posición de Palacio acumula cada día más elementos en contra.
“Lo que hoy se investiga es distinto”, aclaró en entrevista con El Mercurio el ex fiscal metropolitano oriente, quien indagó la causa Exalmar, desbaratando así el principal argumento al que ha echado mano el Presidente Piñera y los suyos para clamar su inocencia.
Guerra recordó que en aquella investigación “descartamos la negociación incompatible, el uso de información privilegiada, sobre eso hay sobreseimiento definitivo”, porque “no teníamos ningún elemento de la intervención de Piñera o de algún miembro de su familia para beneficiar a Dominga respecto de Barrancones y tampoco en lo que era la venta de la minera”.
Sin embargo, a su juicio, hoy hay elementos nuevos, y por ello justifica la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación, señalando que “se ajusta a derecho”. Y entre los antecedentes nuevos, señala que “lo que no tuvimos fue el contrato, que salió ahora, de las BVI (Islas Vírgenes Británicas)”, sino uno anterior, “que está en español, un anexo que viene en ese correo de (Nicolás) Noguera (gerente general de Bancard), que es muy similar, por lo que he visto ahora publicado en distintos medios, a lo que se celebró en definitiva (…) pero, primero, lo firman sociedades distintas y, segundo, el lugar donde esto se hace es en Islas Vírgenes Británicas y no en Chile». Aunque, matiza, “entiendo que no hay mucha diferencia entre los dos”.
El exfiscal Guerra ha sido apuntado por su responsabilidad en dicha investigación, y en otros que involucran a la administración Piñera, como el caso Penta donde llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, que pasó por la condición de excluir expresamente el delito de cohecho.
En el caso Exalmar-Dominga, por ejemplo “la acción de Manuel Guerra fue funcional a poner una lápida con la finalidad de que esto no pudiese volver a investigarse, aun apareciendo un nuevo antecedente» dijo a El Mostrador el abogado Mauricio Daza, actual convencional constituyente.
Anta esto, Guerra señala que “aquí cada parte busca acomodar las cosas a su conveniencia” y recuerda que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía señaló que la causa Exalmar Dominga fue “acuciosa”.
“Jamás he protegido a Piñera ni en esta ni en ninguna causa. Soy independiente, no estoy entre los partidarios de su Gobierno (…) mis decisiones fueron técnicas en base a la prueba y los delitos que están tipificados en las normas de manera estricta”, añadió.
Cabe recordar que el Ministerio Público abrió una indagatoria en el contexto de las transacciones relacionadas por el proyecto minero-portuario Dominga, la millonaria compraventa entre la familia Piñera y el amigo íntimo del Mandatario, Carlos Alberto Délano, develadas en la investigación periodística denominada “Pandora Papers”.
La investigación apunta a delitos tributarios, soborno, cohecho y el Fiscal Nacional Jorge Abbott dejó la tarea en manos de la fiscal de la Región de Valparaíso, Claudia Perivancih, una prosecutora de su confianza, quien ya ha interrogado al Mandatario en causas como la de los delitos de derechos humanos a propósito del estallido social.
La apertura de la investigación ha desatado una profunda controversia entre La Moneda y la Fiscalía, y tiene contra las cuerdas al Presidente, sobre todo porque también enfrenta una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, “por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes” en materia de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, y por haber comprometido “gravemente el honor de la Nación”.
Desde la Fiscalía han señalado que buscarán resolver “a la brevedad” el tema, tal como lo ha declarado la jefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera. Y pese a las declaraciones oficiales de la entidad, entre los funcionarios cunde el escepticismo.
“Esta investigación es una prueba de fuego para el Ministerio Público y esperamos se demuestre que la organización pueda investigar con máximo celo a la primera autoridad del país”. Con estas palabras, Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip), manifestó la preocupación de los trabajadores de la Fiscalía por el avance de la investigación penal contra el Presidente.
En Fenamip explican que esta preocupación radica en una serie de polémicas decisiones adoptadas por el Ministerio Público en las causas relacionadas con financiamiento ilegal de la política. Ponen sobre la mesa, por ejemplo, los resultados de la primera investigación desarrollada por el exfiscal Manuel Guerra, y lo ocurrido con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien hace dos meses reconoció que recibió en su casa al senador DC Jorge Pizarro mientras el parlamentario era investigado en el caso de financiamiento irregular de la política por parte de la empresa SQM.
Según explica Paulina Ruiz, estas situaciones han puesto en duda la transparencia y objetividad del Ministerio Público en el ámbito de la persecución penal. “Los ojos de todo el país están puestos sobre el desempeño del órgano persecutor en este caso”, afirma. “Por esto, consideramos que, además de prolija, esta debe ser una investigación rápida y transparente”, indicó.
La dirigenta añadió que como representantes de los trabajadores de la institución, “nos preocupa que se realice una investigación profunda y que mantenga el ánimo persecutorio en todo el proceso de la indagatoria, aun cuando se trata de una situación inédita en nuestro país y que afecta al Presidente de la República”. De no ser así, agrega Ruiz, “el detrimento de nuestra legitimidad ante la ciudadanía será inminente e inevitable”.
De acuerdo a la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip), ante la nueva elección presidencial, “resulta evidente que la indagatoria debe tener un desarrollo integral en el menor tiempo posible, idealmente antes de las próximas elecciones presidenciales”.
