ELECCIONES 2021
Si bien el candidato presidencial del Frente Social Cristiano ha intentado desmarcarse últimamente del domicilio de la extrema derecha, y aunque ha dicho que no va a cambiar de estrategia, su discurso «moderado» contrasta con las políticas de su programa de gobierno, que están marcadas por un reforzamiento del hiperpresidencialismo, con facultades que superan el del actual régimen político y una especial atención en temas de seguridad, con limitación a derechos civiles y supresión de convenios internacionales. Las «moderadas» propuestas de José Antonio Kast pasan por «redefinir» el concepto indígena y «tierra indígena»; denunciar el Convenio 169 de la OIT por ser «nulo», derogar la Ley de Exonerados Políticos. Dotar al Presidente de la República para que, en Estado de Excepción, pueda tener la facultad «de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención». Propone también limitar la independencia de los nuevos gobernadores regionales, acortando su periodo, para el que fueron elegidos democráticamente, si es que un gobernador no le permite implementar su programa gobierno. En materia ambiental, defiende la vigencia de las termoeléctricas pese al plan de cierre acordado por las propias empresas y en cuanto a la inclusión y la igualdad de género, aunque ayer su comando matizó su postura acerca del cierre del Ministerio de la Mujer, su propuesta apunta a avanzar en su eliminación.
«No soy extremo», es una de las frases recurrentes que ha levantado el candidato presidencial José Antonio Kast, en su intento de desligarse de la extrema derecha y de las comparaciones con Jair Bolsonaro y Donald Trump. Una consigna que ha acompañado de intenciones de suavizar algunas de sus propuestas de campaña, y que le han valido críticas duras incluso de Sebastián Sichel, con quien se disputa votos de la derecha y con el que podría requerir un acuerdo en el balotaje, de pasar uno de los dos.
Su relativización del cambio climático, la polémica propuesta de crear una zanja para enfrentar la migración irregular y los posibles indultos a condenados por violaciones de los derechos humanos, han sido algunos de los flancos que ha tenido abiertos en los debates. “Los programas no están escritos en piedra, por tanto, ya sea en tema de indultos o en temas medioambientales, si hay una frase que quedó mal redactada la podemos cambiar”. Eso dijo ayer Kast. Sin embargo, su programa de Gobierno es claro en varios puntos.
Además de algunos anuncios llamativos, como que quitará las rejas de las casas para construir más cárceles, favorecer los cursos de preparación al matrimonio y la derogación de la ley que despenaliza el aborto, el aspirante a La Moneda evidencia un mayor presidencialismo en sus ideas, como en su propuesta de más atribuciones en un Estado de Excepción, donde propone que «el Presidente de la República debe tener la facultad de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención», lo que no debería durar más de 5 días.
Le otorga además al Jefe de Estado la conducción de una unidad que coordine y haga seguimiento a la gestión del Gobierno (ministerios, servicios y agencias), y la facultad de sancionar al Parlamento si es que no respeta las urgencias legislativas que ponga La Moneda. Además, le quita atribuciones al Congreso, como el control de las comisiones de Ética de ambas Cámaras, que en su propuesta están a cargo del Ato Consejo de Estado –integrado por exministros de la Corte Suprema, exintegrantes del TC o la Contraloría–, que además revisará la constitucionalidad de los proyectos de ley y la admisibilidad de acusaciones constitucionales.
En su comando han dicho que no cerrará el Ministerio de la Mujer, sino que se fusionará. Esto, luego del cuestionamiento público al que se enfrentó Kast; sin embargo, su programa detalla que avanzará en «el término del Ministerio de la Mujer para ser transformado en representaciones horizontales internas de cada ministerio», en el marco de su plan de pasar de 24 a 12 ministerios.
¿Se acaba el Comité Político? Pese a que en algún momento Kast criticó a Sichel por sus errores en la relación con los partidos, su programa apunta a terminar con una de las instancias de coordinación del Gobierno con las colectividades oficialistas: el Comité Político. En vez de ese espacio, el candidato presidencial instalará de manera permanente el Comité de Seguridad Nacional, aunque sin especificar quiénes lo compondrían.
También en política, les puso cortapisas a los recientemente nombrados gobernadores regionales, porque establece que podrá el gobierno central llamar a elecciones anticipadas a los dos años de mandato, si es que un gobernador no le permite implementar su programa gubernamental.
En política internacional, quiere cerrar Flacso, romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, no participar del Consejo de DD.HH. de la ONU y aboga por la Supremacía soberana, es decir, por las decisiones que tome el país, por sobre instancias o tratados internacionales.
Una de las muestras del intento de Kast de moderar o suavizar su discurso, que apunta a medidas más conservadoras, es el tema de la migración. En su franja del domingo lo abordó centrándose en la situación humanitaria de los migrantes, en el hacinamiento y abandono, y en la historia de la joven haitiana fallecida en 2017, Joane Florvil.
Sin embargo, sus propuestas en la materia están enfocadas en la expulsión. Si bien establece refugios transitorios, señala que serán «con el solo objeto de preparar su expulsión del país», y con ello elaborar un estatuto de expulsiones, evitando los recursos judiciales y administrativos para obstaculizarlo.
Otro flanco abierto ha sido su postura sobre el cambio climático y la no oposición a las termoeléctricas, aunque en su entorno intentan matizarlo. Si bien no niega la existencia del cambio climático, sus medidas apuntan más bien a simplificar la tramitación ambiental. En concreto, no está por la descarbonización, sino por sacar el carbón de mala calidad. «Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón de alta calidad y baja humedad» y añade que «evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero«, plantea su programa.
Otro párrafo que causó polémica es el que refiere que «es preciso avanzar en el creciente proceso de aceptación internacional de que las especies de flora y fauna que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para ‘pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes’. Con ese objetivo, deben ser debidamente regulados por la autoridad mediante la generación de parques temáticos y otros emprendimientos de aprovechamiento en la flora y fauna”.
¿Valen más los militares que los civiles?. Eso le preguntó en un debate Gabriel Boric a Kast, en alusión a su propuesta de mejorar «sustancialmente» las pensiones de los uniformados. En contraposición, sus medidas de pensiones para el resto de las personas están enfocadas en fortalecer el trabajo de los jóvenes y extender el periodo laborar para mayores de 65 años.
Su propuesta de financiamiento del programa no contiene mayor detalle, pero apuesta a la mayor inversión en el país, rebaja importante de impuestos y eliminar las regulaciones estatales que limiten la inversión y el empleo, lo que incluye «racionalizar las normas ambientales y regulaciones» que afecten a nuevas empresas.
«Carabineros, investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas en funciones internas, en tanto representantes del Estado, deben estar facultados para hacer uso de la fuerza necesaria para el restablecimiento del Orden Público y el imperio de la Ley», reza el documento, que sitúa también a los uniformados en La Araucanía para combatir el narcotráfico. También establece una «Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda», para «identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”.
Anunció una modificación a la Ley Antiterrorista y la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos, en la «persecución de delitos terroristas». Paralelamente propone revisar la Ley Indígena, «en aras de alcanzar una mayor precisión en la definición de ‘indígena’ y de ‘comunidad indígena’, también en el de ‘tierras indígenas’, y denunciar el convenio 169 de la OIT. Esta norma internacional es un instrumento nulo, por emanar de un organismo sin competencia en materia indígena e ideológico que con frecuencia ha servido para frenar obras de progreso para las regiones de Chile».
Ya fue conocida también su idea de clausurar y reemplazar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a pesar de que más adelante en el programa le asigna, mientras dure su existencia, la tarea de «documentar y perseguir responsabilidades de los agresores de carabineros». A esto, Kast agregó su propuesta de derogar la Ley de Exonerados Políticos y acotar beneficios de las personas que sufrieron violaciones de los DD.HH.
«Fonasa podrá licitar o concesionar población por áreas geográficas coordinado con los respectivos servicios de salud, mediante sistemas capacitados que proporcionen servicios integrales de salud. Los médicos podrán organizarse en pymes», propone.
En línea con su idea de achicar el Estado, puntualiza que los colegios que reciban fondos públicos deberán contar con un directorio o junta que integre a apoderados para evaluar la gestión de la institución. «De lo anterior se desprende que el Estado limita su labor de gestión y control, actuando más como facilitador, promotor y fiscalizador». Sobre universidades, impulsa que no tengan influencia gubernamental y que se elimine la diferencia entre universidades estatales y centros privados.
Por último, incorpora la idea de la libertad de enseñanza de los padres e “impedir que se adoctrine por la fuerza a niños sobre diversas ideologías. Todo padre tiene un derecho constitucional a educar a sus hijos en sus valores, creencias y toda forma de vida buena. Lo anterior constituye además un derecho vinculante a la oposición de la aprobación del ‘matrimonio homosexual’ y la opción de adopción, protegiendo el bien superior del niño el cual está constituido por el derecho de todo niño a tener un papá y una mamá”.
