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Crédito: ATON
En entrevista con El Mostrador en La Clave Jan Jarab, representante para América del Sur de la ONU Derechos Humanos, profundizó en el informe de la organización que da cuenta de la falta de avance en temas de reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH a dos años de las protestas de octubre de 2019. Advirtió de un «panorama complejo con avances, materias pendientes e incluso retrocesos”, y aseguró que «no se ha avanzado suficientemente en el acceso a la justicia, en los procesos de investigación y judicialización de los perpetradores de violaciones a derechos humanos, aunque esto tiene sus causas parcialmente entendibles». En cuanto a Carabineros, dijo que si bien “se ha avanzado en protocolos sobre uso de la fuerza”, todavía se debe “fortalecer la rendición de cuentas”, y que la institución comprenda que “no puede actuar como un ente autónomo, sino siempre bajo el control de autoridades civiles» [ACTUALIZADA]
A dos años de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social, todavía falta mucho por avanzar. Esa fue la conclusión de un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las manifestaciones ocurridas en 2019, que apunta a obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, o falencias en el derecho de reunión pacífica. Asimismo, en Carabineros se mantiene un uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas.
Sobre este tema conversó Jan Jarab, representante para América del Sur de la ONU Derechos Humanos con El Mostrador en La Clave, quien alertó sobre un panorama complejo con avances, materias pendientes e incluso retrocesos. «Lo que estamos intentando en el informe es hacer un corte no en todos los temas, pero en los temas que eran objeto de las recomendaciones que eran publicadas por nuestra oficina en diciembre de 2019», explicó en primer lugar.
Sobre los avances, destacó que «se ha avanzado en protocolos sobre uso de la fuerza, también el uso de la fuerza como tal». Pero al mismo tiempo, aseguró que «no se ha avanzado suficientemente en el acceso a la justicia, en los procesos de investigación y judicialización de los perpetradores de violaciones a derechos humanos, aunque esto tiene sus causas parcialmente entendibles».
«Sería muy fácil apuntar a la Fiscalía y decir que no están avanzando suficientemente. Entendemos que la Fiscalía Nacional ha hecho un gran esfuerzo para fortalecer sus capacidades para abordar este tipo de casos, que no estaba preparada para estas violaciones masivas, para una situación en la que el material probatorio no puede provenir de la policía, porque son los potenciales perpetradores. Es un desafío para la Fiscalía, lo entendemos, y también entendemos que el tiempo corre de manera distinta para el sistema de justicia y para las víctimas», manifestó.
En ese sentido, Jarab señaló que «para las víctimas, dos años representan una eternidad, y se sienten desamparadas. Muchas de ellas no tienen asistencia jurídica, enfrentan problemas en su salud, en su vida laboral. Las víctimas de trauma ocular no pueden continuar con el mismo trabajo».
Además consideró que la reparación no puede limitarse únicamente a la indemnización, ya que tiene otros componentes, como «la restitución, la satisfacción y de cierta manera la no repetición hacen parte de la reparación. Esto es algo que va a abordar también la Convención Constitucional».
Otro avance que matizó Jan Jarab es el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO). Si bien valoró la iniciativa, dijo que «las víctimas estaban criticando varios aspectos de este programa, por ejemplo que esté centralizado en Santiago cuando las víctimas son de todo el país. Que no se abordan otros temas, como la salud mental, los traumas que tuvieron muchos de ellos que van más allá de la salud del ojo, y que no se trata de un programa de reparación integral».
Para Jan Jarab, todavía hay muchos temas pendientes. Uno de estos tiene que ver con «reformar la legislación sobre derecho a la reunión pacífica. Sabemos que esta sigue regulada por un decreto desde la dictadura, y este decreto tiene una lógica de autorización de reuniones, y permite que las autoridades dispersen las reuniones no autorizadas, lo que es una gran causa de los conflictos que estamos observando desde el estallido social, porque aunque una reunión sea totalmente o mayoritariamente pacífica, Carabineros la dispersan, y en este momento ocurren conflictos. Se necesita reemplazar este decreto por una ley moderna. Sabemos que hubo una consulta, lo saludamos, pero aún no hemos visto la propuesta».
«En cuanto a la institución de Carabineros de Chile, estamos convencidos de que se tiene que trabajar en el cambio de la cultura institucional para que se fortalezca la rendición de cuentas, que no puedan actuar como un ente autónomo, sino siempre bajo el control de autoridades civiles», agregó.
Sin embargo, Jarab aseguró que sí ha habido avances en mejorar los protocolos de Carabineros: «Es una dimensión que saludamos que está mejorando, que ya no se utilicen de manera tan masiva las escopetas antidisturbios que han causado tantos traumas oculares».
«Se están adoptando nuevos protocolos del uso de la fuerza que son mejores, son avances. También es importante que se respeten en la práctica, eso lo vamos a ver a través del tiempo», cerró el representante de la ONU.
