PAÍS
Entre los analistas no hay unanimidad en cuanto a si técnicamente lo que hizo La Moneda fue intervención electoral, pero en lo que nadie duda es respecto a la coordinación que existió para intentar socavar las posibilidades de los candidatos presidenciales de la oposición –a poco más de tres semanas de las elecciones– desde el propio Poder Ejecutivo. En al menos diez oportunidades, luego de la conmemoración de los dos años del estallido social, los ministros del comité político del Gobierno salieron a intentar superponer los rostros de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) a los hechos de violencia ocurridos el lunes 18 de octubre, todo en perfecta armonía tanto con Chile Podemos + como con el, hasta ese momento, claro candidato oficialista, Sebastián Sichel. Para uno de los consultados, el Ejecutivo incluso fue más allá y, en tal sentido, señaló no dudar que el decreto de Estado de Excepción para la Macrozona Sur corre por el mismo carril.
«Yo creo que los responsables finales de esta violencia son los que instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile (…), quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste, quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), Gabriel Boric». Con esas palabras el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, daba inicio a la escalada comunicacional del Gobierno y que, sin pudor alguno, desplegó durante toda una semana, luego de la conmemoración del estallido social del 18 de octubre, para intentar ponerle a la violencia el rostro de los dos candidatos presidenciales más competitivos de la oposición, ya en la recta final de cara a los próximos comicios.
En al menos diez ocasiones, tres de los ministros del comité político –Segegob, Jaime Bellolio; Segpres, Juan José Ossa; e Interior, Rodrigo Delgado– aprovecharon todos los espacios de influencia comunicacional que su investidura les da, para intentar horadar los rostros presidenciales de la oposición, endilgándoles la responsabilidad del orden público, del que constitucionalmente es responsable la administración gubernamental de turno.
Para nadie es un misterio que las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Cores, el próximo 21 de noviembre, son de “vida o muerte” para el oficialismo y el sector que representan. Con posibilidades reales de perder el Gobierno, con escasa representación en la Convención Constitucional, habiendo perdido en las municipales más terreno del que sus peores cálculos mostraban y con un solo gobernador regional en todo el país, el próximo hito electoral amenaza con dejar a la derecha nacional en estado de coma y sin siquiera tener el quórum necesario para intentar “trancar la pelota”.
En este escenario, y luego de haber intentado el Ejecutivo –sesudamente y a lo largo de los últimos años– endosar la violencia estructural que se vive en el país (como varios especialistas la han denominado) a la oposición, cuestionando su compromiso con la paz, es que La Moneda buscó dar el batacazo final en fina coordinación con Chile Podemos + y el –hasta ese momento– claro candidato oficialista, Sebastián Sichel.
El experto en comunicación política y director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristián Leporati, señaló que “nunca había visto, desde el retorno a la democracia, una intervención tan directa, con nombre y apellido, sobre candidatos de oposición (…). Tratar de asignarlo (la violencia) a un sector político es intervencionismo, no tiene otro apellido”. En el caso del director de Tresquintos, Kenneth Bunker, este señaló que “no creo que sea intervencionismo, porque tiene sentido que el Gobierno está avanzando en la misma línea de siempre (…), pero a la vez creo que puede ser leído como intervencionismo y, por ende, es lo que genera debate de ida y vuelta”.
En los hechos, el mismo 19 de octubre, los ministros Bellolio y Ossa salieron a flanquear al subsecretario Galli, profundizando en su emplazamiento. Así, el vocero señaló: “Que el subsecretario a cargo de la materia dé una opinión sobre ella no puede ser un aprovechamiento político, salvo que lo que él pretenda, y se entiende con su alianza con el PC, sea censurar a aquellos que piensan diferente”. A eso agregó que “lo que ha dicho el subsecretario Galli, a unos les puede gustar, a otros no, unos pueden criticarlo, él está en el ejercicio de su cargo, tal como está por de pronto el propio diputado Boric, la senadora Provoste , que son parlamentarios, están ejerciendo su cargo y, al mismo tiempo, están ejerciendo como candidatos(…)”.
En el marco de la misma estrategia de despliegue, La Moneda puso sobre la mesa el proyecto de indulto para los denominados presos del estallido. En esta oportunidad fue el jefe de la Segpres el que se pronunció al respecto, indicando que “quisiéramos pedirle al Senado que, a la brevedad posible, ponga en votación el proyecto de indulto, es hora de que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios, que sepan quiénes están del lado de la impunidad y quiénes están del lado del respeto a la ley. Imaginamos que quienes firmaron ese proyecto no van a tener ningún problema en que se ponga en votación a la brevedad, me imagino que están orgullosos de ese proyecto (…)”.
Un día después, el 20 de octubre, se coordinó una pauta entre el ministro Ossa y parlamentarios de Chile Podemos +, la mayoría de ellos peleando la reelección. A la salida, el jefe de cartera sin aspavientos señaló que “nos alegra estar acompañados en este momento por destacados diputados y diputadas de Chile Vamos, que han demostrado durante estos últimos años, y particularmente luego del 18 de octubre del año 2019, una particular preocupación por las víctimas de la violencia, que han demostrado un compromiso firme, permanente, con todos aquellos que tanto han sufrido (…). Conversamos también acerca de la relevancia que tiene que los líderes de opinión, que los columnistas, que los parlamentarios, que los candidatos presidenciales condenen la violencia sin ambages”.
Previo a aquello, en la misma mañana, y en entrevista con T13, el propio ministro Ossa dijo que “está muy lejos de ser intervencionismo electoral. El hecho de que exista molestia que dos candidatos presidenciales, que son parlamentarios, que han presentado proyectos de ley y que tienen que votarlos, es más bien un signo de intolerancia discrepar. Me recordó al Jadue que no le gustaba la libertad de expresión. El subsecretario Galli tiene todo el derecho a señalar qué es lo que opina respecto de la posición política de parlamentarios. Otra cosa es que haya candidatos presidenciales, como Yasna Provoste o Gabriel Boric, que además de parlamentarios, son candidatos presidenciales”.
El día 20, pero desde Antofagasta, fue el turno del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien en línea con la estrategia desplegada indicó que “cuando uno tiene trayectoria en el servicio público, uno está expuesto al escrutinio, uno está expuesto a que se pueda recopilar lo que ha sido la trayectoria de cada uno en el sector público, y lo que ha hecho el subsecretario Galli es eso, una recopilación histórica de algunas personas que públicamente, a través de sus redes sociales oficiales o a través del ámbito legislativo, han tomado decisiones, han tenido una línea editorial. Si hoy día esas personas no se sienten tan orgullosas de lo que hicieron o lo que publicaron, ya es un problema de ellos”.
Nos saltamos al sábado 23, cuando –en entrevista con El Mercurio– el ministro Bellolio fue consultado respecto a si creía que, en un eventual Gobierno de Gabriel Boric, se ponía en riesgo la democracia, a lo que el secretario de Estado respondió expresando que “lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas”.
El domingo 24 –esta vez en entrevista con La Tercera–, el ministro de la Segpres, ante la pregunta acerca de si el Gobierno está intentando que la ley de indulto se vote antes de la elección presidencial, respondió que “no es La Moneda la que impulsa esta ley sino quienes la firmaron. Segundo lugar, el 18 de octubre es una fecha en que hay violencia y esa fecha no es fijada por el Ejecutivo. Y si coincidió con que faltan pocas semanas para una elección presidencial y parlamentaria, no es asunto que dependa del Gobierno».
Más adelante en la entrevista, siguió la línea de Chile Podemos +, de intentar ubicar a los dos candidatos más fuertes de la oposición en la denominada «extrema izquierda», indicando que “nos interesa que no gobierne la extrema izquierda naturalmente. Creemos que la centroizquierda, que está siendo representada en su candidatura presidencial (Yasna Provoste), en realidad tampoco es de centroizquierda, porque quiere indultar a los presos políticos, quieren nacionalizar los fondos de pensiones”.
Llegamos al lunes 25, donde el Gobierno, a través del subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, invita al candidato al Senado por la Región Metropolitana, el actual diputado Evópoli, Luciano Cruz-Coke, a una actividad para hacer un llamado al Congreso a aprobar el proyecto de ley de Patrimonio Cultural. En el punto de prensa, Pavez se refiere a la ley de indulto repitiendo que “nosotros hacemos un nuevo llamado de que la violencia como método de acción política no basta condenarla solo en el Twitter, no basta condenarla solo en las declaraciones, sino que hemos pedido como gobierno señales concretas, y eso significa que el proyecto ojalá se retire y, si no, se vote en contra la idea de legislar. Esa es la señal que la ciudadanía requiere hoy para rechazar la violencia, tal como la hemos visto en esta última semana”.
El día 27, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la contingencia al interior de la coalición oficialista, que vivía el inicio de la crisis de los descuelgues respecto de su candidato oficial, Sebastián Sichel, hacia José Antonio Kast. En la ocasión, Delgado indicó que “nosotros como Gobierno por supuesto pertenecemos a una coalición, en este caso Chile Vamos (Chile Podemos +), y por supuesto nosotros también somos respetuosos de la institucionalidad justamente de este conglomerado, y la institucionalidad dice que se eligió en su momento la vía de las primaras, las primarias tuvieron una persona que ganó, que es Sebastián Sichel y, por supuesto, al tenor de las declaraciones de los partidos políticos, de todos los presientes de los partidos políticos, inclusive, escuchando al presidente de la UDI hace algunos minutos, todos también han valorado que se tiene que respetar justamente el proceso que se llevó a cabo por las primarias, en donde hubo un ganador, y ese es el candidato que se debe respetar como conglomerado y como Gobierno.“
El día miércoles último, la Contraloría General de la Republica emitió un instructivo respecto de la prescindencia, donde, entre otras, destaca: “Cuando las autoridades organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, deben procurar la igualdad de trato, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio”. Además, indica que “los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en ejercicio del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política, así como emplear, con propósitos proselitistas, recursos públicos, sean financieros, bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, incluidos los equipos computacionales”.
El decano Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, consultado respecto a la estrategia que quiso superponer a los candidatos de oposición como responsables de la violencia, indicó que “puede que no estén incurriendo formalmente los ministros y el Gobierno en acciones que pudieran ser tipificadas como intervención electoral, pero, en los hechos, su comunicaciones, los contenidos, son del tipo electoral-político. Lo que estamos observando, de manera evidente, es el intento del Gobierno, no de informar, sino que de persuadir. Un estilo persuasivo, una forma de intervenir de manera evidente en la actual coyuntura política”.
El decano de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, si bien descartó catalogar como intervencionismo el actuar del Ejecutivo, sí precisó que estamos en presencia de una “maniobra política”. Pero fue más allá y se refirió a la decisión de La Moneda de haber decretado Estado de Excepción en la Macrozona Sur. En tal sentido, para Duval “lo más relevante que hizo en materia de violencia es el haber decretado el Estado de Emergencia en La Araucanía, ese fue el punto de mayor inflexión, porque sabía que lo iba a tener por 30 días, y que lo iba a tener en medio del proceso electoral. Es una decisión política que se toma en esa materia”, señaló.
