Gabriel Boric y los umbrales de la protección de la intimidad médica

No es razonable que en medio de una pandemia sanitaria como la del SARS-CoV-2, que paralizó a Chile y al mundo por mucho tiempo, y que todavía es noticia en desarrollo, el contagio con esta enfermedad del candidato presidencial Gabriel Boric no sea considerado como una información de alto interés público. Tampoco lo es que el debate sobre el tema se circunscriba a desautorizar la publicación de la información acerca de la enfermedad solo por ser –pretendidamente para algunos– ilegal o inexacta, atribuyéndole exclusivamente un valor político instrumental, sin considerar que la salud de las más altas magistraturas electivas del país, en ejercicio o aspirantes a ellas, constituye –evidentemente– información de interés público.

Lo que ocurre con el contagio de Boric no es solo una situación clínica sino también una señal de (ir)responsabilidad ciudadana, de no cumplimiento de manera estricta de los protocolos de control y trazabilidad, obligatorios para todos los ciudadanos por igual. Dados los antecedentes hoy disponibles, se puede concluir que este candidato a Presidente actuó con liviandad y falta de precaución ante sus primeros síntomas, con lo que se transformó –por un par de días adicionales, que debieron evitarse– en un vector de contagio, poniendo en riesgo su propia salud y la de sus colaboradores y seguidores.

La burbuja electoral que ha vivido el país durante el año 2021 –especialmente la actual, de elecciones presidenciales y parlamentarias– ha puesto una pantalla de invisibilidad ideológica al drama de salud que sigue viviendo el país. Los servicios primarios de salud prácticamente están paralizados, la atención de enfermos crónicos, principalmente adultos mayores, atrasada en años y sin funcionamiento regular, y hoy es muy difícil conseguir una atención médica en cualquier especialidad o servicio, sea público o privado. Todo ello, sin contar la cantidad de fallecidos de la pandemia del COVID-19, que ya supera los 50 mil, y la posibilidad de que estemos a las puertas de una nueva ola de contagios con una insuficiente infraestructura de salud para atenciones críticas.

De más está recordar las medidas y sacrificios que, en medio de la pandemia, ha debido realizar la población, que han incluido reclusión, crisis laboral y estados de emergencia para prevenir los contagios, lo que excede largamente los puros aspectos clínicos.

En este contexto, han sido las acciones de la prensa las que en gran medida han obligado a las autoridades –por ejemplo, ni más ni menos, el Presidente de la República– a respetar las medidas sanitarias, a mantener un flujo de información adecuada y dar cuenta pública de los fundamentos de las medidas adoptadas o de acciones omitidas, entre ellas, el subregistro de fallecidos que se dio al comienzo de la pandemia. 

La opinión pública también ha hecho un reconocimiento explícito a la labor del Colegio Médico, el que de manera franca y veraz se plantó ante las autoridades manifestando una voz independiente, crítica y constructiva frente a la situación, que contribuyó de manera sustantiva a la articulación de protocolos de salud viables y creíbles.

De ahí que no se entienda la defensa de la opacidad de la información médica del candidato Gabriel Boric realizada por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en un giro hacia la legalidad forzada e ideológica sobre la privacidad de los datos clínicos de los pacientes con COVID-19, o que pueden tenerlo. Es de sentido común que en pandemia sanitaria se reducen los umbrales de protección de la intimidad de información médica vinculada a la pandemia, justamente para combatirla lo más eficazmente posible, en beneficio de la comunidad toda. Máxime si la persona que tiene síntomas de haber contraído la enfermedad es uno de los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, los cuales, adicionalmente, tienen un umbral de protección de su intimidad menor que el común de los chilenos, para permitir que realmente sean conocidos por los votantes. 

Más aún en un país como Chile, que tiene distancias tan siderales entre la calidad de las atenciones públicas y privadas, así como de privilegios de facto entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Lo que construye confianza pública es la transparencia, sobre todo de sus autoridades y líderes políticos, que cumplan de manera rigurosa sus obligaciones y eviten el recelo de incumplimiento de aquello a que sí se obliga a los ciudadanos comunes y corrientes.

A estos, la autoridad les impone responsabilidad y autocuidado, y les pide no actuar con displicencia frente a sus síntomas, pidiéndoles que concurran de inmediato a un centro de atención ante la evidencia de cualquier síntoma. Misma actitud que se esperaba de un candidato presidencial que, ante sus síntomas, no concurrió a un centro sino solo llamó por teléfono para consultar sobre ellos. El resultado es que, al final, su preocupación –que solamente atendió de manera práctica muchas horas después– resultó real, de una variante Delta del COVID-19. Eso es displicencia y falta de atención, pero, como siempre en Chile, la culpa es del mensajero que primero trajo la noticia, en este caso, del medio digital “Interferencia.cl”.