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Durante el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, en que resultó absuelto el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, surgió una correlación de hechos en que se fueron revelando gestiones, reuniones inusuales y fechas claves que comenzaron a dar respuesta a una de las preguntas más incómodas que han rondado al Ministerio Público. ¿Qué clase de poder fue el que operó sin contrapeso en la Fiscalía para obtener ganancias a río revuelto, tras dos años de acusaciones cruzadas que no hicieron más que dejar en evidencia la debilidad del Ministerio Público bajo la conducción de Jorge Abbott? La respuestas apuntan en una sola dirección: la injerencia de la Iglesia católica. Cuando las acusaciones de corrupción contra el Fiscal Regional se dejaron caer en abril de 2019, el equipo de persecutores que en ese entonces estaba a cargo de la investigación por abusos sexuales eclesiásticos, se hallaba a la espera de que la Fiscalía Nacional les remitiera un estudio en derecho del penalista Juan Pablo Mañalich, que confirmaría la tesis sobre del encubrimiento de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati. Y no cualquier tesis. Una que no solo permitía comprometer la responsabilidad penal de lo más alto de la jerarquía de la Iglesia católica chilena, sino incluso la propia responsabilidad del Vaticano, homologando a los cardenales –en el caso de haber logrado una condena– a la calidad de “agentes” de violencia de Estado. Tras sacar a Arias de la investigación y desarmar el equipo investigativo, las causas cayeron en una ralentización perpetua, en especial aquella contra los cardenales, la que fue derivada al fiscal Xavier Armendáriz, quien lleva más de dos años con la causa paralizada, en calidad de investigación desformalizada.
En el entorno a la Fiscalía Regional de O’Higgins, que aún encabeza el fiscal Emiliano Arias –absuelto hace un par de meses de la última acusación en su contra por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua– rondan un par de preguntas que por un buen tiempo no tuvieron respuesta. ¿En qué momento se selló la suerte de Arias que lo hizo transitar por una suspensión que lleva ya más de dos años, siendo que la única causa que se mantuvo vigente tenía asignada una sanción administrativa máxima de 60 días de suspensión? Y, además, ¿qué clase de poder fue el que operó sin contrapeso en la Fiscalía para obtener ganancias a río revuelto, tras dos años de acusaciones cruzadas que no hicieron más que dejar en evidencia la debilidad del Ministerio Público bajo la conducción de Jorge Abbott?
Para los críticos de Arias, el problema es que quiso morder varias presas al mismo tiempo, presas grandes. Por sus manos pasaron casos de narcotráfico y de corrupción policial, además de las emblemáticas causas como SQM, Corpesca y Caval, entre otras. Durante el juicio oral que ganó en Rancagua, la defensa de Arias –conducida por el abogado, exfiscal y exanalista de inteligencia, Cristián Cáceres– presentó transcripciones del tráfico de llamadas al teléfono del fiscal Sergio Moya, quedaron en evidencia “operaciones de tercera bandera”, a través de lo cual se buscaba crear contextos falsos, y se llevaron a cabo interrogatorios y contrainterrogatorios al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en donde cayó en más de una contradicción.
De la correlación de hechos en ese juicio, surgen gestiones, reuniones y fechas claves que apuntan en una sola dirección: la Iglesia católica. Cuando el terremoto se dejó caer sobre Rancagua, en abril de 2019, el equipo de fiscales que en ese entonces estaba a cargo de la investigación por los abusos sexuales de sacerdotes, esperaba que la Fiscalía Nacional les remitiera un estudio en derecho del penalista Juan Pablo Mañalich, que confirmaría la tesis sobre del encubrimiento de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati. Y no cualquier tesis. Una que no solo permitía comprometer la responsabilidad penal de lo más alto de la jerarquía de la Iglesia católica chilena, sino incluso la propia responsabilidad del Estado Vaticano.
El 22 de marzo de 2019 es una fecha esencial. Ese día la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el sobreseimiento definitivo del cardenal Ricardo Ezzati. “No es posible, por ahora, sostener que la investigación en relación al imputado Ezzati se encuentre agotada y menos aún que pueda descartarse una eventual intervención como encubridor del aludido imputado en alguno de los ilícitos investigados en este procedimiento”, decía la resolución.
Hasta ese momento, tanto él como el cardenal Francisco Javier Errázuriz habían sido citados a declarar en calidad de imputados, sobre la base de la inacción de los religiosos en al menos 4 casos de abuso sexual: el que involucraba al expulsado sacerdote Jorge Laplagne; el del fallecido Tito Rivera; el del excanciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo; además de las aristas del caso Karadima. La imputabilidad en calidad de encubridores estaba dada por no cumplir con una obligación impuesta expresamente a los jerarcas de la Iglesia católica por el Código de Derecho Canónico: la de investigar hechos de abuso sexual y establecer la responsabilidad de los autores de tales crímenes.
El respaldo de la Corte a la tesis de la Fiscalía fortaleció la convicción del equipo especial de investigadores de que había llegado la hora de apuntar a lo más alto de la Iglesia, a los cardenales, miembros de pleno derecho del Estado Vaticano. Y comenzaron a redactarse los hechos que darían sustento a la solicitud de formalización de Errázuriz y Ezzati.
Poco más de una semana después del fallo de la Corte, específicamente el domingo 31 de marzo, se llevó a cabo una extraña reunión, que hasta hoy no encuentra mayor explicación, salvo que ese día podría anotarse como el inicio de la “Operatio Impunitatis”.
En esa jornada, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, citó a una reunión extraordinaria a los fiscales con causas de delitos sexuales contra representantes de la Iglesia católica. Asistieron Emiliano Arias y el entonces Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, hoy secretario general del Senado. Curiosamente a esa reunión asistió también el fiscal Xavier Armendáriz, que por entonces no llevaba ninguna causa contra la Iglesia, pero que poco más de un mes después sería designado por el propio Abbott como el persecutor a cargo de las causas contra Errázuriz y Ezzati, luego que le quitara el caso al fiscal Emiliano Arias.
La razón de esta reunión dominical era juntar a los persecutores con Celestino Aós, quien recientemente había sido nombrado por el Papa Francisco como administrador apostólico, luego que en Roma se aceptara la renuncia de Ezzati a su cargo de arzobispo de Santiago, un día después de que la Corte rechazara el sobreseimiento del cardenal. La “inusual” reunión se gestaba a horas de que Aós viajara a Roma a reunirse con el Papa.
Entre la decisión de la Corte y la reunión convocada por Abbott, comienza a gestarse de manera paralela –y por motivos distintos– una bomba de tiempo, que tiene como principal protagonista al exfiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya.
El 25 de marzo, el fiscal Arias –superior jerárquico de Moya– notifica a su subalterno del inicio de un sumario que debía realizar en su contra, a raíz de una serie de hechos que comprometían la responsabilidad administrativa y penal de Moya, en el marco de la Operación Huracán, aquella del montaje de oficiales de inteligencia de Carabineros para imputar falsamente a 8 comuneros mapuches de asociación ilícita terrorista.
Según lo que el abogado Cristián Cáceres logró acreditar en el juicio oral (que terminó con la absolución de Arias), a través de la exposición del tráfico de llamadas al celular de Moya, este fiscal había iniciado una especie de operación de “tercera bandera”, por medio de la cual se buscaba crear contextos falsos para predisponer a Abbott contra Arias, haciendo insostenible una relación que ya contaba con una serie de episodios previos.
El 9 de abril de 2019, a la medianoche, Sergio Moya le envía el siguiente mensaje de WhatsApp al fiscal Abbott.
En este chat, Moya sostiene que Arias buscaría “causar daño a la cabeza de nuestra institución a propósito de la reunión con el señor Letelier”. Cinco días antes de esta comunicación, específicamente el 4 de abril, se filtró a la prensa que el Fiscal Nacional se había reunido con el senador por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier, para interceder por los jueces de la Corte de Rancagua, sobre los cuales se había iniciado una investigación por delitos de corrupción. Proclive Abbott a reuniones inusuales, esta filtración produjo un escándalo que ponía nuevamente al Fiscal Nacional en el centro de atención.
Al día siguiente de la comunicación nocturna entre Moya y Abbott, en donde el primero le habla al jefe del Ministerio Público del “quiebre irreparable” con Arias, el escándalo que salpica al Fiscal Nacional se intensifica con una nueva filtración. Esta vez se trataba de una fotografía del senador Letelier con los jueces de Rancagua investigados por distintos casos de corrupción y que denotaba lazos de amistad.
Según el registro del tráfico de llamadas y mensajería de Moya, expuesta en el juicio oral contra Arias, quedó establecido que el origen de las filtraciones había sido el propio Moya, tal como este se lo confiesa a sus familiares.
En un chat con familiares, Moya les cuenta que tras la filtración sus amigos jueces, que están con la cara tapada, “están con churretera”, ante lo que sus familiares le replican que entonces “ya no le harán la pata”. Como respuesta Moya les confiesa que, por el contrario, ahora estos jueces estarían en deuda con él, ya que fue él mismo quien “les tapó la cara”.
Con la operación de “tercera bandera” en curso, con la cual se buscaba crear el contexto falso de que Arias estaba tratando de perjudicar a Abbott con el tema del senador, el Fiscal Nacional propone a Moya juntarse inmediatamente y lo cita para el 09 de abril a las 13:30 horas. Tal como lo declara el propio Moya, esta reunión fue repentinamente adelantada, quedando fijada para las 11:30 horas.
Lo extraño es que, a esa misma hora, de ese mismo 09 de abril, Jorge Abbott se reunía con el abogado Hugo Rivera Villalobos, el defensor del cardenal Ricardo Ezzati, coincidiendo los tres: Abbott, Rivera y Moya a la misma hora. Días después de esta reunión, que Moya califica de “todo un éxito”, el fiscal de Alta Complejidad les comenta nuevamente a sus familiares que el fiscal Abbott le pidió que le “salvara la campana”, respecto a su reunión con Letelier, en una entrevista que daría Moya a Tomás Mosciatti, y en la que efectivamente le preguntan por el episodio, declarando Moya que “Abbott desconocía el contenido de la reunión que iba a sostener con Letelier”.
Durante esa semana en que se produce el contacto de Moya con Abbott y se lleva a cabo la extraña coincidencia de la reunión del Fiscal Nacional con el defensor de Ezzati, Moya y Abbott siguen en contacto directo con el fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, momentos en los cuales Moya, que investigaba a los jueces imputados de corrupción, le pide al Fiscal Nacional que una de estas aristas se trasladara a Santiago, específicamente a la Fiscalía Sur, cosa que el jefe del Ministerio Público hace casi inmediatamente.
Así, el 19 de abril, Moya a las 7 de la mañana le envía al fiscal Abbott un nuevo mensaje, en donde le propone –para evitar que Arias se victimice al llevarse una arista importante de la causa de los jueces de Rancagua a Santiago– denunciar a Arias y sacarle “su máscara de superhéroe”. La denuncia, sin embargo, no implicaba hacerlo por escrito por medio de los canales internos, sino que públicamente, a través de los medios de comunicación, cosa que Abbott no solo aprueba sino que además estimula.
En el contrainterrogatorio que hace el abogado Cristián Cáceres a Abbott en razón del juicio oral contra Arias, queda en evidencia que la política de Abbott de no mediatizar las causas, no se aplicaba para todos por igual. Al punto que el Fiscal Nacional felicita a Moya por denunciar ante los medios de comunicación al fiscal Arias.
El 19 de abril efectivamente se produce la denuncia de Moya contra Arias, en donde lo acusa de delitos de ocultamiento de información, tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la justicia. A propósito de la denuncia, se provoca un escándalo mayor en el Ministerio Público que termina con la suspensión de Arias a su cargo de Fiscal Regional.
Para esa fecha, sin embargo, las causas por abusos sexuales contra sacerdotes avanzaban a gran velocidad, específicamente en la arista que involucraba el delito de encubrimiento de Errázuriz y Ezzati. Mientras el equipo especial, liderado por Arias, trabajaba en la redacción de los hechos con miras a solicitar audiencia de formalización de los cardenales, el equipo de investigadores estaba a la espera que la Fiscalía Nacional les remitiera un estudio en derecho que habían encargado al experto en derecho penal, Juan Pablo Mañalich.
Este informe era fundamental, porque sostenía las bases jurídicas de la tesis del equipo de fiscales que permitiría solicitar la audiencia de formalización de Ezzati y Errázuriz. Sabiendo que lo más probable era que Arias fuera suspendido, este le manda el 22 de abril un oficio a Abbott, en el que le comunica formalmente su intención de formalizar a los cardenales.
Mientras eso sucedía, la Fiscalía Nacional toma conocimiento del estudio en derecho solicitado –que finalmente nunca remite–, al mismo tiempo que Jorge Abbott avanzaba en un polémico convenio entre la Fiscalía y la Conferencia Episcopal para facilitar el desarrollo de investigaciones penales, en el que el Ministerio Público se comprometía a informar oportunamente de los avances de las investigaciones en contra de sacerdotes a las autoridades de la Iglesia católica. Este convenio, el fiscal Abbott lo materializa el 30 de abril, 8 días después de que Arias le informara de su intención de formalizar a Ricardo Ezzati y a Francisco Javier Errázuriz.
Con el escándalo desatado por el fiscal Sergio Moya, Jorge Abbott nombra al persecutor Eugenio Campos para iniciar una investigación penal contra Arias, suspende a este de su cargo y, nueve días más tarde de que firmara el acuerdo de cooperación con la Conferencia Episcopal, exactamente el 9 de mayo, el Fiscal Nacional le quita la causa de la Iglesia a Arias, quien a esas alturas acumulaba todos los casos en contra en esta materia a nivel nacional. Además, desarma el equipo de fiscales formado para investigar conjuntamente las causas, distribuye estas entre diferentes fiscales a lo largo del país y deja en manos del Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz –el hombre de confianza de Abbott en el Ministerio Público–, la causa más importante y por la cual los cardenales Errázuriz y Ezzati estaban a semanas de que fuera solicitada su formalización.
Desde que esta causa llegó a manos de Armendáriz ya han pasado dos años, sin que haya avanzado, por lo que sigue en etapa de investigación desformalizada.
Cabe destacar que Armendáriz fue el primer fiscal en reunir ciertos antecedentes por un eventual encubrimiento por parte de los cardenales cuando, en 2015, le tocó investigar el caso Karadima, por el que se declaró incompetente, pasando la causa al sistema antiguo, donde finalmente se le aplicó la prescripción.
Además de ello, las dudas sobre la idoneidad de Armendáriz para investigar las causas contra la Iglesia católica se acrecentaron cuando, a fines del año pasado, salió a la luz un caso que le implicó cierto conflicto de intereses y que llevó a que denunciantes pidieran su salida: su padre, un laico ligado al mundo de la Iglesia, aparecía entre los denunciados por abuso sexual.
La hermana del fiscal, Angelina Armendáriz, declaró el 29 de agosto ante la PDI y, horas más tarde, en sus redes sociales publicó una foto de su padre, Pedro José Armendáriz Elórtegui, con acusaciones en su contra. “Mi abusador, el que destruyó mi infancia, destruyó a mi familia y nuestra confianza en la vida”, escribió.
Armendáriz Elórtegui era un laico, sin embargo, fue nombrado ministro extraordinario y fue parte de Acción Católica (donde estaba Renato Poblete). Falleció el 2006.
La causa contra los cardenales entró en una dilación eterna en manos de Armendáriz, justo cuando el equipo de fiscales estaba trabajado en una hipótesis que, de haber podido llevar a cabo, formalizando a los cardenales y eventualmente logrando una condena, hubiera provocando un cisma aún mayor en la Iglesia católica, con consecuencias insospechadas que llegaban directamente a Roma.
La causa se desactiva cuando los fiscales ya habían comenzado a tener reuniones con instituciones de derechos humanos, porque, de haber logrado una condena contra Errázuriz y Ezzati, el delito de encubrimiento habría revelado que la negación deliberada a investigar los casos de abusos sexuales habría sido de ambas autoridades en su calidad de cardenales, vale decir, como miembros activos del Estado del Vaticano, homologando esa condición a la calidad de “agentes de Estado”, a través de la cual habrían cometido delitos.
Según los denunciantes de casos de abuso eclesiástico, desde que se produjo el cambio de fiscales, no existió prácticamente movimiento en sus causas, o se ralentizaron, pues además se efectuaron cambios en los equipos que llevarían adelante los casos. Todo empeoró con las suspensiones por el estallido social y más adelante por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en la Fiscalía Centro Norte descartaron inacción y especificaron que se ha seguido avanzando en las causas, y que algunas investigaciones se han concluido.
De todos modos, hay casos emblemáticos que han experimentado una demora importante, como la del excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, formalizado el 18 de julio del 2018, y cuyo juicio oral se suspendió definitivamente, pues antes ya tuvo aplazamientos –el 13 de marzo del 2019–. Ese proceso se retomará recién el 1 de marzo del 2022, es decir, quedó pausado por cerca de 2 años.
El abogado de Muñoz Toledo, Gabriel Henríquez, consideró que “claramente es un tiempo enorme. Nosotros como defensa hemos instado por la no realización hasta que pudiéramos tener las condiciones de reiniciarlo completamente de manera presencial. Nuestra contraparte ha instado por intentar que se reiniciara el juicio todo por la vía online o parte online, a lo que nosotros nos opusimos”.
Si bien el abogado detalló que la suspensión la han mirado “con tranquilidad”, reconoció que nunca pensaron que se fuera a prolongar por tanto tiempo, y que estos plazos podrían dificultar retomar la continuidad del proceso.
En el caso Maristas –que revisó el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros– la causa fue transferida al sistema antiguo de justicia a fines de mayo de este año, y aunque los sobrevivientes coinciden en que el proceso podría ser aún más lento, en un comunicado sostuvieron que “tras cuatro años de investigación el Estado de Chile a través del Ministerio Público nos ha restituido parte de nuestra dignidad al reconocernos como víctimas de estos delitos sexuales reiterados, entre 1973 y 2004”.
El abogado querellante de varias de estas causas e integrante de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla, sostuvo que “siempre el Estado chileno ha actuado lento en estos casos, pero esto se transformó en un problema dramático en el último año y medio, dos años. Y, por lo tanto, tenemos muchas investigaciones, desde el punto de vista penal, que se han puesto extraordinariamente lentas, sobre todo desde el punto de vista del trabajo policial”.
Según el jurista, estas situaciones terminan favoreciendo a los imputados y dándoles impunidad. “Capaz que nos pase lo mismo que nos pasó con Pinochet, el cura Poblete o con el obispo Cox, que terminen muriendo en la impunidad, y eso es una falla muy grave en nuestro sistema jurídico y nuestro sistema de justicia. Hay un patrón de conducta, que uno nota que la impunidad se empieza a concentrar en sectores de gente poderosa, no de sectores humildes”, agregó el abogado, quien subrayó que esto afecta de gran manera a los denunciantes.
“Hubo un impulso al inicio, cuando estaba manejando la investigación el fiscal Arias, donde esto avanzó a una velocidad enorme, en que se fijaron hechos que son importantísimos (…). Cuando se separan las causas, la Fiscalía Nacional no se preocupa de que se mantenga ese impulso, ahí se había logrado avanzar mucho”, criticó Hermosilla.
El abogado recordó que, durante el periodo de Arias, “se logra determinar que habían escondidas al interior del arzobispado de Valparaíso carpetas que habían sido negadas y escondidas por la diócesis, y el resultado es que se termina allanando esto, y se descubren escondidas en el entretecho, tapadas por una manta estas carpetas. Eso es un delito gravísimo, a uno le cuesta entender. Ese delito no está prescrito ni nada, es obstrucción a la investigación. Y casos como ese, o el de los Salesianos, o el del cardenal Errázuriz mintiendo bajo juramento en la causa contra el arzobispado, diciendo que no había cerrado la investigación, cuando después se descubrió una prueba de que la había cerrado. A mí me parece que es insostenible que esos hechos, que están claros, que no los discute nadie, no les traigan consecuencias jurídicas a las personas que lo hacen porque son personas de poder”.
Hermosilla reconoció que le generó ruido la reunión que concretó Abbott con el abogado de Ezzati. “Claro que me generó ruido. Por eso es que es importante seguir preguntando y mantener el foco prendido sobre estos casos, porque el Ministerio Público, como institución, ya demostró que puede meter gente pobre a la cárcel, ciudadanos comunes y corrientes, alejados de los centros de poder. Donde está al debe es cuando investiga al Presidente de la República, a senadores, la corrupción en la política, a empresarios millonarios, a cardenales”, añadió.
Ese mismo ruido lo tuvieron los sobrevivientes de casos de abusos. Uno de los voceros de la Red de Sobrevivientes, Eneas Espinoza, admitió que sospechan de una operación. A su juicio, fue un error separarla ante las características de una red de encubrimiento y añadió que “es urgente que el fiscal Abbott renuncie”.
“La sucesión de hechos son lo que nos genera sospecha. Tienen primero este encuentro entre el abogado de los cardenales y el Fiscal Nacional. Luego este intercambio de mensajes del fiscal Abbott con quienes denunciaron a Arias. Arias sale del caso y nunca más las carpetas se mueven, los cardenales desaparecen de la esfera de las denuncias, nunca son imputados, no avanza”, agregó Espinoza.
Según la información proporcionada por la Fiscalía Centro Norte, hay al menos 4 causas con condenas, una terminada, 2 formalizadas, 2 en investigación y 2 acusadas.
La causa contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz se encuentra en investigación con diligencias, pero desformalizada, mientras que la del caso de Jorge Laplagne, donde se indaga encubrimiento del cardenal Ricardo Ezzati, también se encuentra desformalizada, y en etapa de investigación con diligencias y toma de declaración en curso.
La causa de Tito Rivera, acusado de violación al interior de la Catedral Metropolitana, está terminada, dada la muerte del otrora sacerdote, quien se suicidó. En etapa de formalizada se halla la indagatoria de Pedro Quiroz, excapellán de la Fach, quien fue detenido en enero, tras encontrarse prófugo. Fue formalizado en marzo de este año, tiene prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual, como medidas cautelares.
En el caso de José Méndez Sánchez, expárroco de Hualqui, expulsado de la Iglesia por abuso sexual, fue formalizado en agosto de este año, con la medida cautelar de arresto total, y con un plazo de investigación de 4 meses.
Los que retoman prontamente el Juicio Oral son los del excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, que tiene como fecha el 1 de marzo de 2022, por delitos de abuso sexual, violación y estupro. Se encuentra actualmente con la cautelar de arresto domiciliario nocturno. También la causa de Julio Barahona Rosales, exdiácono y exorientador del Colegio Don Bosco de la Región de O’Higgins, quien se encuentra en prisión preventiva por almacenamiento y distribución de pornografía infantil, y cuyo juicio oral se retoma el 10 de enero de 2022.
Los 4 casos que ya tienen condena son los de Manuel Saúl Zamorano Soto, condenado a 2 años de presidio menor en su grado medio, por abusos sexuales cometidos en la iglesia San Francisco de Santiago. También el de Amador Salas, exseminarista y profesor de religión de Chimbarongo, condenado a 5 años de libertad vigilada especial, por abuso sexual a una menor de 10 años.
Se suma el de Luis Muñoz Galleguillos, miembro de la Congregación Hermanos de la Inmaculada Concepción-Chile, condenado a 4 años de libertad vigilada especial por abuso sexual, siendo la primera condena en 2019 que consiguió la Fiscalía desde el traspaso de las causas al fiscal Armendáriz. El cuarto caso es el de Luis Salinas González, condenado a 5 años de presidio menor en su grado máximo, con libertad vigilada intensiva.
