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A las críticas de personeros del mundo político, la suspensión de su militancia en el partido Comunes y el retiro del apoyo del candidato presidencial Gabriel Boric, se suma que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de oficio de una investigación penal en contra de Karina Oliva, la que estará en manos del Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. La decisión de Abbott se funda en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), que luego de analizar los antecedentes revelados por Ciper, llegó a la conclusión de que se configura el posible delito de fraude de subvenciones, ya que «se habrían rendido gastos electorales mendaces».
Siguen las consecuencias para la candidata a senadora Karina Oliva, luego que Ciper revelara las millonarias boletas de 7 de sus colaboradores en su campaña a la Gobernación Metropolitana, y que ascienden a 137 millones de pesos.
A las críticas de personeros del mundo político, la suspensión de su militancia en el partido Comunes y el retiro del apoyo del candidato presidencial Gabriel Boric, se suma que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de oficio de una investigación penal en su contra por el eventual delito de fraude de subvenciones.
«Teniendo en consideración la gravedad y complejidad de los hechos relatados, la investigación penal que deberá abrirse, deberá estar a cargo de un Fiscal Regional», dice un comunicado.
El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, será el encargado de llevar adelante las diligencias.
De acuerdo a información de Biobío, la decisión de Abbott se funda en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), que luego de analizar los antecedentes revelados por Ciper, llegó a la conclusión de que se configura el posible delito de fraude de subvenciones, ya que «se habrían rendido gastos electorales mendaces».
Pero la decisión del jefe del Ministerio Público también tomó en cuenta la denuncia que este jueves presentaron los diputados Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Jorge Alessandri (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI) en contra de Oliva.
Vale recordar que, luego que se dieran a conocer estos hechos, Oliva tuvo una serie de entrevistas en los medios de comunicación, donde señaló que «no hay ninguna ilegalidad (…), solo una objeción social».
Pero a la hora de explicar los números, surgen dudas en su relato porque señala que tuvo un «periodo de campaña completamente largo, de diciembre a mayo», y las platas del reembolso cubrieron los honorarios de sus asesores en ese período.
Por eso, tras las entrevistas que realizó Oliva al conocerse la denuncia, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, fue enfático en desestimar la versión de Oliva. «Los gastos anteriores a la campaña no son parte del gasto legítimo que se debe incluir en la rendición de cuentas», indicó.
Es más, señaló que volverán a revisar los antecedentes de su rendición y aclaró que “si se nos ha falseado la información, vamos a hacer las denuncias al Ministerio Público como corresponde respecto con la ley, tanto al administrador como al candidato».
Sin embargo, es importante consignar que la apertura de esta investigación es por un delito común de acción penal pública. En cambio, el delito electoral requiere de una acción por parte del Servel.
