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Crédito: ATON
La hoy candidata a senadora salió a reforzar su versión frente a la denuncia por el reembolso del Servel en su campaña de primera vuelta a la gobernación de la RM, defendiendo la tesis de que “no hay ninguna ilegalidad (…) solo una objeción social”. Pero a la hora de explicar los números, surgen dudas en su relato porque señala que tuvo un “periodo de campaña completamente largo, de diciembre a mayo” y el problema es que la legislación vigente sólo permite al Servel reembolsar gastos devengados durante los 90 días de campaña legal, es decir desde febrero. “¿No se da cuenta que está confesando una infracción a la ley de financiamiento público de campaña?”, hizo ver el diputado Pepe Auth. Por su parte, el renunciado presidente de Comunes, Jorge Ramírez dijo en El Mostrador en La Clave que “se cometió un par de errores que son importantes en términos no legales”, mientras más de 70 militantes firmaron una carta exigiendo la “renuncia inmediata de todas y todos los responsables de irregularidades con fondos públicos y que estos no puedan participar en el futuro de cargos dentro del partido”.
Karina Oliva trató de hacer control de daños esta mañana, con una intensa ronda de entrevistas en medios de comunicación, luego de la revelación sobre sus abultados gastos de campaña de primera vuelta para la gobernación metropolitana. En todas sus intervenciones, la hoy candidata a senadora intentó explicar los datos publicados por Ciper, con una idea fuerza: descartar cualquier ilegalidad en este caso que la tiene en el ojo del huracán a días de las parlamentarias.
Es así como en CNN Chile, Oliva aseguró que «no hay una denuncia, porque aquí yo no he cometido ningún ilícito. Lo que hay es la exposición pública de una rendición donde hay una objeción social (…) No hemos incurrido en ninguna ilegalidad”. En tanto, en Chilevisión, Oliva insistió en la idea que “aquí se quiere instalar que nuestra campaña fue la que más gastó y eso no fue así”. “Mi campaña no estuvo inflada”, indicó.
De acuerdo a la denuncia de Ciper, se reveló que siete personas que conformaron el equipo de campaña de Oliva en su campaña para la Gobernación Regional Metropolitana entregaron boletas por 137 millones de pesos, siendo este uno de los mejores pagados desde que existe el registro del Servel sobre gasto electoral.
Si bien descarta ilegalidades, a la hora de explicar los números, surgen dudas respecto al relato de Oliva. La militante de Comunes señaló en T13 que «yo fui candidata después de haber ganado la primaria, que fue el 29 de noviembre (…) yo vivo un periodo de campaña completamente largo, de diciembre a mayo, donde una también trabaja con equipos, y el sueldo si tú corroboras las personas que están acá y lo divides por estos 6 meses, ninguno gana más de 2,5 millones de pesos».
El problema con esa parte de su declaración es que la legislación vigente sólo permite a Servel reembolsar gastos devengados durante los 90 días de campaña legal. Es decir, para la elección que fue el 15 y 16 de mayo de 2021, desde febrero. Entonces, para la rendición de gastos de Oliva ante el Servel se incorporaron montos antes del plazo legal si se consideran los sueldos divididos en 6 meses de los que habla la candidata.
Vía Twitter, el diputado Pepe Auth lo hizo ver así: “¿No se da cuenta Karina Oliva que está confesando una infracción a la ley de financiamiento público de campaña cuando -para justificar exagerados salarios- dice que en realidad le estaba pagando a sus colaboradores por 6 meses y no por los 3 meses de campaña legal?”.
Este punto también fue puesto en evidencia por el diputado DC, Gabriel Ascencio, quien ingresó un oficio al Servel pidiendo indagar este caso y enviar los antecedentes al Ministerio Público. El parlamentario señaló que “la información que conocimos ayer gracias a una investigación periodística es muy grave y significa un hecho que daña la fe pública” y la explicación entregada por la hoy candidata a senadora “lejos de solucionar las dudas, deja en evidencia que se habría declarado como gasto de campaña montos devengados fuera del período legal de campaña para el cual existe financiamiento público, abultando en los meses de campaña gastos por asesorías que no correspondían a dicho periodo, ya que la ley sólo permite a Servel reembolsar gastos devengados durante los 90 días de campaña legal”.
“Entonces, la ex candidata a Gobernadora Regional declaró gastos en honorarios que habrían correspondido a 6 meses de trabajo, es decir, 3 meses antes de comenzar la campaña, declarándolo ante Servel como si correspondiera a gastos del periodo de campaña, lo que ha reiterado hoy en una entrevista radial”, señaló.
En sus entrevistas, Oliva insistió en que “acá hay una acción tendenciosa para dañarme”, dijo en Chilevisión, una idea que repitió en otras entrevistas. Y sobre todo, lamentó el “fuego amigo” desde las filas del Frente Amplio. «Que digan que esto se quiere hacer de manera mal intencionada, que prácticamente alguien tuvo un sueldo millonario, me parece injusto, y me duele harto cuando viene del fuego amigo», dijo en Tele 13 Radio.
En ese sentido, señaló que “cuando se quiere decir que hay un ilícito, y lo he visto en compañeros del Frente Amplio, evidentemente eso duele, ya que en particular yo jamás reacciono a una acusación contra un compañero de nuestras filas».
Respecto a la renuncia de Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, sostuvo que “hay que dar señales políticas. Cuando se generan estas situaciones, alguien tiene que ser responsable, pero no porque haya una intención dolosa o una ilegalidad”. «Somos capaces de incluso asumir responsabilidades políticas cuando se generan situaciones como estas», dijo también en CNN Chile.
Durante esta jornada, el mismo Ramírez ahondó en esta renuncia y en el complejo momento que se vive en Comunes en conversación con El Mostrador en La Clave. «Creo que se cometió un par de errores que son importantes en términos no legales. Pero evidentemente a mí me parece que primero hay que dar una señal política, porque en lo que ha sucedido durante todo este tiempo hasta ahora es que hay una crítica respecto de una cuestión que yo también comparto, que efectivamente hay sueldos millonarios, como como se ha publicado en muchos medios, evidentemente eso va en contra de la misma posición que hemos tenido quienes somos del Frente Amplio y particularmente en Comunes», dijo.
Posteriormente agregó: «Yo quiero y lo hemos señalado: no hubo nadie que ganara más de dos millones de pesos mensuales. Eso es importante aclararlo». En esa línea, Ramírez dijo que lo que la ciudadanía ve es «la sumatoria de las boletas de primera y segunda vuelta».
«Hay que aclarar algo. La campaña duró cinco meses y la segunda vuelta un mes. Son seis meses. Yo creo que es importante que eso se aclare, porque lo que hay ahí es un monto total y que se cobra entre primera y segunda vuelta, con cargo a reembolso. Eso significa recibir esos recursos entre seis y ocho meses posterior a la entrega», recalcó.
En el comunicado de Oliva explicando esta situación se explica que la altas sumas a militantes de Comunes se deben a que tienen que estar entre seis y ocho meses esperando el pago por su trabajo, lo que fue secundado por Ramírez: «Hay que entender algo muy concreto: cuánta gente está disponible a trabajar sin recibir esa remuneración y esperar ocho meses. Eso no es tan fácil de encontrar. Eso es una primera cuestión y por eso yo lo quiero decir porque se habla de gente que milita en el partido y evidentemente eran los únicos que estaban disponible a trabajar en esas condiciones a eso».
Ramírez después se refirió al caso concreto de Martín Miranda, que cobró 40 millones de pesos según el reportaje de Ciper Chile. «Esa cifra es una ofensa, porque efectivamente él recibió ocho millones de pesos como sueldo por el trabajo que hace. Eso es un error. Ahora, eso es la acumulación de distintas boletas, por distintos servicio que presta y que no es solo… una cosa en el sueldo que recibía como jefe de campaña y lo otro eran otras tarea. Yo sé que es muy complejo y difícil de entender. Yo no sé si alguien puede creer que en esta campaña trabajaron siete personas».
En ese sentido, Oliva «sacó un promedio en función de como si la acumulación de esas boletas significaran que todos estos recursos eran de Martín Miranda. Lo que pasa es que él recibía un sueldo por ser jefe de campaña. Pero nadie recibió un sueldo superior a dos millones y medio. Yo creo que es importante aclararlo y que puede ser alto, y habrá que evaluarlo y juzgarlo en términos que corresponde. Y lo segundo es que el caso de Miranda, él además estaba o era responsable, al ser jefe de campaña, por ejemplo en el tema del despliegue territorial, de los brigadistas, de la utilización de los automóviles. O sea un montón de otros factores que van en campaña, que tú los tienes que rendir en función de ese reembolso que vas a recibir».
Las aguas siguen aún más revueltas al interior del partido Comunes, donde esta mañana más de 70 militantes firmaron una carta exigiendo la “renuncia inmediata de todas y todos los responsables de irregularidades con fondos públicos y que estos no pueden participar en el futuro de cargos dentro del partido”.
“Nos duele e indigna profundamente que el trabajo de muchas compañeras y compañeros se vea públicamente mancillado por las acciones de unos pocos, que tomaron definiciones por su cuenta, a espaldas de los espacios colectivos de la organización”, señala el texto.
En un duro tono hacia Oliva y su círculo cercano, la declaración añade que “podemos permitir que un proyecto que nace para repensar la política y abrir más espacios para las mayorías se convierta en el emprendimiento político de unos pocos”.
La declaración de los militantes se suma a la acción pedida por las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix, de ingresar una denuncia al Tribunal Supremo de la colectividad “para que se investiguen a todas las personas involucradas en los hechos relacionados con la rendición de la campaña a gobernadora de Karina Oliva”.
