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Según el informe 19, la pandemia afectó al funcionamiento de la Justicia en el último año, agravando los problemas estructurales que han obstaculizado el trabajo en distintas áreas, incluyendo las denuncias de violaciones de derechos humanos tras octubre de 2019. “A dos años del estallido social, los resultados en materia de juicio y castigo a los responsables de esas violaciones son muy desalentadores (…), la justicia no solo ha tardado, sino que en muchos casos no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales en el marco de la protesta social”, se lee.
«Preocupación por la situación en que se encuentra Chile en lo referido a la protección de los derechos humanos”, particularmente ante “el pobre avance en la investigación, juzgamiento y reparación a distintas violaciones a los derechos humanos, especialmente las ocurridas desde el estallido social de octubre de 2019”. Ese es parte del último Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en el que se realiza un extenso análisis sobre el actuar del Estado en diferentes áreas durante el último año, a la luz de los estándares internacionales de DD.HH.
Según el informe 19, la pandemia afectó al funcionamiento de la Justicia en el último año, agravando los problemas estructurales que han obstaculizado el trabajo en distintas áreas, incluyendo las denuncias de violaciones de derechos humanos tras octubre de 2019. “A dos años del estallido social, los resultados en materia de juicio y castigo a los responsables de esas violaciones son muy desalentadores (…), la justicia no solo ha tardado, sino que en muchos casos no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales en el marco de la protesta social”, se lee.
“Lo que se observa es una lentitud e inoperancia del Ministerio Público por falta de liderazgo en este terreno”, añade el documento. “Esto implica que no se ha logrado dimensionar adecuadamente la obligación que pesa sobre la institución en lo referido al deber de debida diligencia en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos (…). Es posible que la evidencia ya no exista, que no sea viable identificar a todas las víctimas, que estas vean con suspicacia el trabajo del Ministerio Público y que algunas de ellas no deseen seguir adelante”, afirman en este tema.
También se cuestiona el uso de la prisión preventiva en los casos tras el estallido: “No solo afecta en términos individuales el principio de inocencia de personas privadas de libertad sin que se haya dictado condena, sino que, además, desde una perspectiva general, su amplio uso genera un efecto de criminalización del ejercicio del derecho a la protesta social”.
Además del mencionado punto, el informe 19 analiza las dificultades del acceso a la justicia civil y la educación durante la pandemia de COVID-19, además del efecto que esta tuvo en las vulneraciones que ya sufren niños, niñas y adolescentes, como asimismo en materia de derechos de las mujeres y de trabajadores y trabajadoras.
De esta manera, se señala que la crisis sanitaria incrementó la situación de vulnerabilidad en todo el mundo, golpeando con particular fuerza a la infancia, ya sea por la pobreza multidimensional que sufren niños, niñas y adolescentes, como por los obstáculos para acceder a la educación. «La crisis sanitaria sobreexpuso a las víctimas a más violencia de género producto del confinamiento y, si bien hubo más llamadas a los teléfonos de emergencia, ello no se tradujo en más denuncias en tribunales”. Esto, señala, es “demostrativo del problema en el acceso a la justicia con que se encuentran las víctimas, principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
En tanto, al observar la situación de pueblos originarios en Chile, el documento detecta una espiral de violencia, particularmente en La Araucanía, donde se ha incrementado la militarización a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales. “El conflicto entre el Estado y comunidades mapuche se continúa enfrentando desde una lógica de guerra, siendo respondida, en algunos casos, en los mismos términos”, sostiene el documento. El análisis agrega que «en los últimos años y meses existe un preocupante clima de violencias múltiples en zonas de La Araucanía y el Biobío, donde confluye la violencia ejercida por el Estado; la que ejercen particulares contra personas o comunidades indígenas y aquella proveniente de grupos supuestamente ligados a la reivindicación territorial mapuche».
El informe de la UDP también critica la lógica de “invasión” instalada en torno al ingreso masivo de personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, especialmente desde Venezuela. Las vulneraciones que sufre esta población también se agravaron con la pandemia, en particular –señala el documento– “por la débil y desestructurada respuesta que ha dado el gobierno de Chile en las ciudades y pueblos ubicados en la frontera norte”. También analiza los procedimientos de expulsiones colectivas de migrantes, “que no solo están reñidas con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que han sido declaradas ilegales y arbitrarias por tribunales superiores del país”.
