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Mientras el Gobierno celebró la decisión de la Corte Penal Internacional de no abrir proceso por las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social, los abogados denunciantes salieron al paso de la versión oficial. Según explicó a El Mostrador Ricardo Bachmann, la interpretación de la Cancillería es “falaz”, porque la Corte sí estableció que hubo delitos de DD.HH. asociados al estallido social, incluso en sus requisitos de sistematicidad y de ataque generalizado contra la población civil, y el examen preliminar no fue abierto, por el momento, solamente porque está a la espera de que avancen los procesos ad hoc en la justicia chilena. De paso, anunció que el grupo de juristas internacionales que coordina insistirá ante el señalado tribunal para que se pronuncie sobre el fondo de este tema.
El Gobierno celebró con todo la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la acusación contra el Presidente Sebastián Piñera y no investigar violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
En la Cancillería emitieron un comunicado oficial señalando que la decisión “descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción”. Mientras, altos funcionarios de La Moneda se pronunciaron al respecto, como el vocero Jaime Bellolio, quien expresó que “con esto queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas (de los derechos humanos)”, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien sostuvo que lo que señaló la CPI es que “en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile».
Pero la versión que emana del Gobierno no se ajusta a la realidad, advierten los abogados que llevaron la denuncia a La Haya. “El Gobierno no puede cantar victoria, al contrario, y Sebastián Piñera debería estar muy preocupado, porque hay indicios que tanto en Chile como en el extranjero se les puede juzgar tanto a él como a todos los responsables”, explicó a El Mostrador el abogado Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes, doctor en Derecho y docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien coordina el grupo de profesionales.
Los argumentos para desarticular el optimismo de La Moneda son al menos tres: primero, porque la CPI sí estableció que hubo delitos de DD.HH. asociados al estallido social, sostiene; segundo, porque la investigación no fue abierta por ahora, y está a la espera de que se resuelvan los procesos ad hoc en la justicia chilena, como la que lleva a cabo la fiscal Claudia Perivancich; y tercero, porque el mismo grupo de profesionales continuará insistiendo ante el señalado tribunal internacional para que se pronuncie sobre el fondo de este tema.
“En primer lugar, la Fiscalía de la CPI reconoce la competencia temporal, territorial y personal de la Corte, de conformidad al Estatuto de Roma. A su vez, da por probada la comisión de diversos delitos tipificados en el artículo 7º del mencionado Estatuto, por parte de agentes del Estado de Chile. Asimismo, da por acreditados los requisitos de sistematicidad y de ataque generalizado contra la población civil”, acota de entrada el profesional.
“Ambos principios son difíciles de probar, pero (el fiscal) lo reconoce. Descarta expresamente que hayan sido casos aislados, dice que hay un ataque organizado”, aclara a El Mostrador.
En cuanto al principio de complementariedad, Bachmann aclara que “el fiscal ha considerado –en el ejercicio de sus facultades discrecionales– que es pertinente esperar la evolución de las acciones iniciadas ante la justicia chilena. En todo caso, indica, seguirá recibiendo antecedentes sobre los mismos hechos”.
Respecto a que el proceso puede ser retomado, el abogado puntualiza que “puede colegirse que no se trata de una decisión definitiva ni concluyente, sino más bien se comunica que se ha considerado apropiado esperar el progreso de las acciones incoadas ante tribunales nacionales”.
En relación con los pasos a seguir, el profesional acota que junto a un equipo de juristas de distintas nacionalidades, que conforman el equipo acusador, “seguirán enviando antecedentes que justifiquen una intervención inmediata por parte de la CPI, a fin de evitar la impunidad de los atroces crímenes cometidos a partir del 18 de octubre de 2019, que son responsabilidad del actual Gobierno”.
Bachmann añade que ya están trabajando en un escrito para refutar la decisión del fiscal. “Como organización vamos a seguir dando la pelea, porque consideramos que la decisión del fiscal no tiene ningún sentido, porque dice que no voy a abrir investigación por el momento y estoy disponible a que me manden más antecedentes. Jurídicamente no zanja nada, no es determinante, no es concluyente. Le vamos a explicar al fiscal que la justicia que tarda no es justicia. Y este asunto, o se resuelve ya como dijo el INDH, o habrá impunidad, y ellos no se pueden prestar para eso”, finalizó.
