Gobernador de Atacama y alegatos por litio: “Los fundamentos son bastante contundentes para solicitar que se paralice este proceso”

El viernes pasado, el Gobierno recibió un balde de agua fría en medio de la adjudicación de la licitación del litio, después que se acogieran dos recursos de protección contra el proceso, uno ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y otro ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Este último tribunal de alzada además dictó una orden de no innovar, que dejó suspendido el proceso, hasta revisar el fondo del recurso.

El Gobierno tiene 10 días desde esa fecha para hacer sus descargos, luego de lo cual empieza un proceso de alegatos entre las partes, sobre cuya base la Corte tomará su decisión. En las últimas horas, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, manifestó confianza en los argumentos que presentarán y que –a su juicio– les permitirían reanudar el proceso de adjudicación.

En entrevista con El Mostrador, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas –quien presentó el recurso ante la Corte de Apelaciones copiapina–, también manifestó confianza en la solidez de los argumentos que llevarán al tribunal de alzada, que son los que además se incluyeron en el recurso, haciendo referencia a vicios y al no respeto de derechos constitucionales, como las atribuciones del gobernador y el diálogo con comunidades.

Vargas cuestionó la transparencia con que el Gobierno ha encabezado este proceso, al que calificó de «poco prudente», al tiempo que enfatizó que en ningún caso se busca con esto afectar la competitividad de Chile en el mercado del litio, sino que se haga a partir de acuerdos y diálogo con los distintos sectores que podrían ser afectados con la explotación del mineral.

-¿Qué espera ahora en este proceso, luego de que su recurso fuera aprobado?
-Para nosotros es muy positivo ya que el tribunal haya acogido el recurso, lo haya declarado admisible y que además haya dictaminado orden de no innovar, lo que implica la paralización de todo el proceso de licitación del litio.

Nosotros esperamos que este recurso judicial siga adelante. Viene una etapa de alegatos, vamos a argumentar lo que ya de buena manera está expresado en el mismo recurso, porque tenemos la convicción de que los fundamentos son bastante contundentes para solicitar que se paralice este proceso, que consideramos que tiene algunos vicios, básicamente al no dar cumplimiento a disposiciones constitucionales.

-¿Como cuáles?
-Específicamente garantías consagradas en la Constitución, como la igualdad ante la ley. Por ejemplo, hay un acto administrativo que no considera las facultades propias de otra entidad pública, como el Gobierno Regional, que es el encargado de la administración superior de la región, en este caso Atacama. Hay facultades que son propias del gobernador y, en este caso, el principio de igualdad ante la ley garantiza que a lo menos esta otra entidad que pueda verse afectada tiene que ser consultada cuando se toma una decisión de esta naturaleza.

Nosotros también argumentamos que, al perseverar con este proceso de licitación, se podrían afectar intereses medioambientales en la Región de Atacama. Estamos hablando de yacimientos que se encuentran en una zona protegida, desde el punto de vista natural y turístico, que tienen un valor importante para la Región de Atacama. Nosotros queremos potenciar el turismo, y la explotación sin tener presentes nuevas tecnologías puede poner en riesgo los ecosistemas altoandinos.

Y un tercer elemento que también argumentamos es la libertad para el ejercicio de distintas actividades económicas. Si se persevera en un sistema de explotación que afecta el entorno natural, también puede poner en riesgo el desarrollo de otras actividades, como el turismo. Somos una región minera, pero no podemos depender eternamente de esta actividad, queremos avanzar en un proceso mayor de diversificación y el turismo aparece como una actividad importante.

Esos son los argumentos, creemos que son de peso. Lo que estamos diciendo también acá es que decisiones de esta naturaleza deben implicar consensos amplios, porque estamos hablando de un recurso que está protegido, que pertenece a todos los chilenos y chilenas, por tanto, cualquier definición de esta naturaleza ojalá contemple la más amplia participación posible, y eso supone fundamentalmente tomar en cuenta los intereses de los lugares donde se encuentran los yacimientos.

-El ministro Jobet explicó que este paso en la licitación es recién una primera puerta, porque da la posibilidad de explorar dónde explotar, pero que antes de ese segundo paso las empresas deben someterse a un proceso de evaluación ambiental y de diálogo con las comunidades, cuando ya se tenga el lugar identificado. ¿Ha sido claro el Gobierno para explicar el proceso?
-Hay que recordar que el gobernador Ricardo Díaz también ingresó un recurso en la Contraloría. A juicio de ellos, y nosotros, no se consideran los intereses regionales ni las facultades que tienen los gobiernos regionales. Yo creo que el proceso en sí ha sido poco transparente. Es lo que ocurre cuando se llevan a cabo de manera muy acelerada, sin mayor participación. Además el proceso de licitación es bastante claro: es exploración y explotación del litio. Lo que no se sabe es dónde.

Hay varias debilidades que tiene este proceso y uno se pregunta por qué el apuro, cuando todo el mundo ha dicho –la ciencia, expertos en la materia, profesionales del ámbito minero– que en estos casos es mejor esperar, tener cautela, discutir, generar consensos, definir una política clara, qué es lo que queremos como país sobre el recurso litio, y creo que eso es lo que falta. En la medida en que Chile se pone de acuerdo, define un plan de acción, termina favoreciendo a todos y dando una señal de qué es lo que queremos.

Creo que el proceso ha sido poco transparente, además que hay que considerar que hay un recurso de protección que interpuso la comunicad Colla de la Región de Atacama, la comunidad de Payote que está en la zona cercana del salar de Maricunga, y uno de los argumentos que expresa esta comunidad es la falta de participación ciudadana, contemplada en el Convenio 169, que dice relación con la consulta hacia los pueblos originarios. Podemos discutir si esa consulta se da en el proceso de evaluación ambiental del proyecto, o antes de tomar este tipo de decisiones. Yo creo que, ante la característica esencial de este recurso, que se define como estratégico, lo que se espera es que la participación sea lo más amplia posible, ojalá en el nivel de etapa de toma de decisiones.

El país cambió, la gente quiere ser parte de las decisiones, quiere ser consultada, quiere que los actos administrativos se hagan con transparencia, que se incorpore la opinión de todos los sectores, y de esa manera podemos estar todos convencidos de que esto puede ser bueno o puede ser malo.

-¿Qué cree usted sobre los tiempos y lo que hay detrás de la decisión del Gobierno de iniciar el proceso meses antes de irse?
-Cuesta calificar intenciones, pero llama la atención que decisiones tan importantes se tomen en la recta final de un Gobierno. Si calificáramos la decisión que tomó la actual administración, yo diría que ha sido poco prudente, pese a las recomendaciones que hacen las autoridades que van a asumir el Gobierno a partir del 11 de marzo del presente año, cuando se dice en todos los tonos que se aconseja cautela, analizar bien esto y tomar las decisiones más correctas.

Cuando estamos hablando de temas que generan un amplio debate, creo que lo más prudente es actuar siempre con cautela, escuchar muchas opiniones y tomar decisiones correctas. Yo creo que aquí ha faltado eso. Llama la atención que una decisión de esta naturaleza se haga hacia el final del Gobierno, además en un año bien especial como fue el 2021. Yo creo que el foco de atención estaba en otras cosas. Fue un año netamente electoral, elegimos la Convención Constitucional, por lo tanto, alguien podría suponer que se toma esta decisión pensando en las particularidades que tenía el 2021, donde el foco era otro. Nadie iba a estar muy pendiente de esto.

Lo que se ha hecho da para muchas especulaciones y yo creo que aquí lo aconsejable, a raíz de las múltiples opiniones que ha habido, en especial desde la ciencia y gente especializada en la materia, era haber postergado esto. Y no quiero decir con esto que quienes manifestamos ese punto de vista seamos partidarios de que el país pierda competitividad, bajo ningún punto de vista. Chile se hace más competitivo en la medida en que toma buenas decisiones, incorpore participación, defina una política clara de desarrollo.

Algunos postulan que aquí debiera crearse la Empresa Nacional del Litio, algunos hablan de industrialización, o de alianzas público-privadas. Algunos plantean que Codelco debiera tener un rol en esto o la propia Empresa Nacional de Minería. Todas estas alternativas están sobre la mesa y siento que ha faltado prolijidad, participación y transparencia.

-¿Qué espera usted del próximo Gobierno en esta materia y sobre el diálogo?
-Nosotros tenemos muchas expectativas respecto de los compromisos que ha asumido ya el Presidente electo con los gobernadores y gobernadoras regionales. Él se reunió con nosotros en periodo de campaña, en segunda vuelta. También lo hizo en el marco de un debate propuesto por gobernadores y gobernadoras en la Región del Biobío, nos juntamos la semana pasada también en Santiago, donde él reafirmó la convicción de que Chile tiene que avanzar hacia un nivel mayor de descentralización. Se comprometió a eliminar la figura del delegado presidencial y a mantener un diálogo muy estrecho con quienes representan a las personas en las regiones.

El diálogo no solo tiene que ser con los gobernadores. La opinión de las comunidades es muy importante. ¡Cómo no va a ser relevante que exista un diálogo fluido con las comunidades indígenas que conviven en el entorno de estos yacimientos!

Chile demanda más participación. La democracia no es solo el acto de ir a votar en una determinada fecha, sino que va más allá. La gente quiere ser escuchada, en especial si son decisiones que impactan la cultura, la forma o el quehacer diario de las comunidades.