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El 18 de enero del 2018, el Papa Francisco hizo una cuestionada defensa al entonces obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales, la que tuvo el repudio de sobrevivientes y laicos, terminando en un escándalo mundial, que abrió la puerta para que el Vaticano abordara en varios niveles el tema de los abusos en ambientes eclesiásticos y planteara algunos cambios. Esto generó un terremoto en la Iglesia católica chilena, con la salida de obispos, con numerosas investigaciones canónicas y civiles, pero que en la visión de los denunciantes no tuvo necesariamente un final de justicia para ellos. Pasados cuatro años, sobrevivientes y laicos hablan de cambios cosméticos y de un “silencio sepulcral” sobre la información que posteriormente recogió el informe Scicluna, pero también de una deuda del Estado para investigar y sancionar estos delitos.
La efervescencia no se vio en las calles y las postales no fueron las esperadas. La visita del Papa Francisco a Chile terminó muy lejos de lo esperado por la Iglesia católica. En la primera línea de su recorrido participaron obispos, entre ellos, Juan Barros, en ese entonces obispo de Osorno, una figura cuestionada desde hacía años, acusado de ser uno de los principales encubridores y operadores de Fernando Karadima en la comisión de delitos sexuales.
El 2015, el periodista Juan Carlos Cruz, denunciante de Karadima, fue el primero en evidenciar el rol de Barros en el círculo de hierro del expárroco de El Bosque. “Barros estaba parado ahí en la puerta cuando Karadima abusaba de mí y de otros. También él se tocaba y se besaba con Karadima”, fue lo que denunció Cruz ese año.
De ahí en más, Barros nunca logró “llevar la fiesta en paz” y fue centro de numerosas manifestaciones realizadas por los laicos de Osorno. De hecho, en octubre del 2015, a pocos meses de ser nombrado obispo, ya el Papa Francisco le hizo la primera defensa corporativa en el Vaticano, cuando, consultado por el diácono Jaime Coiro por estas manifestaciones, respondió que “la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por una Corte judicial. Entonces, por favor, no pierdan la serenidad. Osorno sufre, sí, pero por tonta. Porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente”.
La segunda la hizo en Chile, en Iquique, el 18 de enero del 2018. Fue consultado por Barros y si le daba o no su respaldo. Algo molesto, el Papa contestó. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”, enfatizó.
Su frase llegó al Vaticano donde –en una situación poco común– lo cuestionaron. El presidente de la Comisión para la Protección de los Menores, cardenal Seán O’Malley, cuestionó las palabras de Bergoglio señalando que eran «una fuente de gran dolor para los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero o de cualquier otro criminal».
Dos días después de su impasse en Chile, Jorge Mario Bergoglio ofreció disculpas. «Debo pedir disculpas porque la palabra ‘prueba’ ha herido a muchos abusados, fue sin querer», dijo.
Una de las cartas que reaccionó a la defensa del Papa a Barros fue la de tres de los denunciantes de Karadima –Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton–, quienes en un comunicado calificaron de graves sus declaraciones. “Es ofensivo para nosotros y para todos quienes han sufrido abuso, en particular abuso clerical”, decía en parte del escrito.
El Papa intentó moverse rápido y a fines de enero de ese año anunció el envío de una comisión de escucha y recepción de denuncias, integrada por Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, que terminó con el denominado “informe Scicluna”, que tiempo después fue requerido por la justicia chilena, sin tener acceso íntegro por disposición del Vaticano.
En abril, el Papa Francisco se reunió en el Vaticano con los denunciantes de Karadima y en mayo lo hizo con todos los obispos chilenos, quienes presentaron su renuncia ante él. En junio, aceptó las primeras renuncias, entre las que estaba la de Juan Barros. El Vaticano y la Iglesia católica chilena comenzaron a aplicar medidas de prevención de abusos y protocolos.
Paralelamente, el fiscal Emiliano Arias abrió una serie de investigaciones penales de numerosos casos de abuso sexual, que incluyó, bajo la figura de encubrimiento, a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz. Dichos casos se ralentizaron luego de que fueran traspasados a otras fiscalías.
Pasado el tiempo, El Mostrador conversó con Helmut Kramer (vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos), Juan Carlos Claret (abogado y uno de los laicos que lideró las manifestaciones en Osorno) y Marcial Sánchez (experto en la historia de la Iglesia).
Helmut Kramer, a nombre de los sobrevivientes de abusos eclesiásticos, reconoció que como red tienen una visión crítica de lo que ha sucedido. “Por parte de la Iglesia católica no hay cambios de raíz en sus estructuras, mantienen una estructura vertical que facilita las condiciones para que se aniden abusadores y encubridores. La Iglesia católica ha pasado a una etapa de tener encubridores-abusadores, a tener encubridores de encubridores, encubrir el encubrimiento, y Jorge Bergoglio juega ese rol (…). Se mantiene la relación abusiva por parte de la Iglesia con los sobrevivientes”, enfatizó.
A su juicio, “la mayor deuda que existe sigue siendo el silencio sepulcral por parte de la Iglesia católica: el paso de la comisión Scicluna recoge información valiosísima, se la llevan al Vaticano y la guardan bajo 7 llaves y no permiten el acceso a la justicia chilena a esta información, aludiendo a mentiras como que las víctimas firmaron un acuerdo de que la información quedaba en manos del Vaticano, lo que no es así”.
Pero, además de la Iglesia, Kramer fustigó el hecho de que en el Estado chileno también están al debe. “Aún no es capaz de entender su rol y sus culpas en esta situación, dejando todo en manos del Estado Vaticano, como si un Estado extranjero tuviera que hacer justicia en Chile”, subrayó.
En el caso de Juan Carlos Claret, consideró que “el saldo de la visita es negativo. Lo fue hace 4 años y lo es ahora. La visita del Papa es un detonante de un derrotero de problemas, de crímenes, que la Iglesia venía ocultando y que se le hacía imposible meter bajo la alfombra”.
“La fuerza de los hechos hicieron que la opinión pública nacional e internacional se volcara en su contra. Francisco tuvo que recular de su actitud y eso generó todo un discurso de pedir perdón», afirmó, aunque destacó que se trató de “un discurso comunicacional”.
“La Iglesia sigue siendo igual de peligrosa de lo que era en enero del 2018”, reflexionó Claret, quien planteó que, si bien era importante cambiar interlocutores, como los obispos, terminaron siendo “cambios cosméticos, gatopardistas: cambiarlos para que nada cambie”. Además hizo hincapié en que el tema del abuso no es un problema de personas sino de estructuras.
Marcial Sánchez, experto en temáticas de la Iglesia, puntualizó que este fenómeno no puede verse en blanco y negro, ni en gris. A su juicio, “a raíz de esa pregunta que se hizo en ese momento (al Papa), se desencadenaron todos los hechos hasta el día de hoy”.
En su visión, “sí cambió el panorama, porque visualizó (…), ha ido cambiando, no como probablemente hubiéramos querido, pero sí cambia”, y también porque “la gente comienza a darse cuenta de una realidad que sucedía dentro de la Iglesia católica”.
“Antes nunca habíamos tenido una situación como la que empezamos a vivir en ese momento. Esto ya venía con el caso Karadima. La Iglesia y los laicos comenzaron a darse cuenta de que es un problema serio y que había que enfrentar el problema, y se crean instituciones, como los laicos a nivel nacional, y empiezan a generar presión. Por otro lado, aparece el mundo de la academia, donde empezamos a hacer estudios para ver cuán profundos eran los antecedentes”, destacó.
Sánchez subrayó también la demora y que no todos los obispos tienen claro lo que hay que hacer. “La jerarquía ha hecho todo lo que no ha tenido que hacer”, indicó. Pero sí destacó que en el Vaticano hubo cambios importantes, como el vademécum para aplicar la normativa canónica en los casos de abuso sexual y el cambio de responsabilidad del abusador en el derecho canónico.
“Con el paso del tiempo, nos vamos a dar cuenta de la profundidad de lo que este Papa ha tratado de hacer. Lamentablemente, dentro del Vaticano tenemos grupos muy conservadores que no quieren que nada cambie”, agregó, y postuló que la mayor deuda también está en la justicia, en especial después de la salida del fiscal Emiliano Arias.
El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos, Helmut Kramer, explicó que el trabajo de dicha agrupación, que nació luego de esta visita del Papa, amplió su área de trabajo, prestando asistencia y apoyo también a víctimas del Sename y de ambientes institucionales. Realizaron una denuncia ante la Comisión contra la Tortura de la ONU, para que se interpele al Estado chileno respecto de estos casos. Además de eso, esperan reunirse con el Presidente electo Gabriel Boric, para impulsar una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes.
Mientras, Juan Carlos Claret presentó una iniciativa de norma constitucional en el marco de la libertad de culto, pero orientada a que los fieles “puedan vivir su fe sin el riesgo de convertirse en víctimas”.
“La situación actual no es solo de desregulación tremenda, que permite que haya instituciones abusivas y criminales reconocidas como cultos. El Estado de Chile entrega un montón de prerrogativas a esas instituciones, como son las exenciones tributarias, promoción cultural, financiamientos y que se le confíe la educación y cuidados de personas vulnerables. Si un culto quiere constituirse en esas condiciones, lo natural es que dé mayores garantías del nuevo pacto social. Si no, que actúe como institución privada, pero no exija de lo público si no está disponible para cumplir con el pacto social mínimo”, subrayó.
